Un hombre condenado a muerte por haber cortado una calle y herido a un oficial paramilitar fue ahorcado este jueves en Irán, en la primera ejecución vinculada a las protestas desatadas hace casi tres meses por la muerte de Mahsa Amini. Irán es escenario de una ola de manifestaciones tras el fallecimiento el 16 de septiembre de Amini, una kurda iraní de 22 años que perdió la vida luego de ser detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo islámico.
"Guerra contra dios"
"Mohsen Shekari, un alborotador que bloqueó el bulevar Sattar Khan en Teherán el 25 de septiembre y apuñaló con un machete a un Basij, fue ejecutado el jueves por la mañana" en la capital iraní, indicó la agencia de noticias del poder judicial, Mizan Online. Basij es una fuerza paramilitar vinculada a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.
La autoridad judicial asegura que Shekari se reconoció culpable de haberse peleado y de haber desenfundado "su arma con la intención de matar, de provocar terror y perturbar el orden y la seguridad de la sociedad". Todos esos delitos acarrearon la condena de "guerra contra dios", que se llega a castigar con la pena de muerte.
La agencia Mizan Online indicó que el ejecutado confesó durante el juicio que había recibido un pago en efectivo para atacar con un cuchillo al miliciano, quien necesitó 13 puntos de sutura luego del ataque.
El veredicto preliminar del caso fue emitido el primero de noviembre por el tribunal revolucionario de Teherán y la Corte Suprema rechazó un recurso de la defensa el 20 de noviembre, confirmando la ejecución de la pena, informó la agencia de prensa del poder judicial. La ONG Iran Human Rights (IHR) denunció este jueves que a Shekari se le negó el acceso a su abogado durante los interrogatorios y los procedimientos judiciales, y que incluso "sus confesiones forzadas con lesiones faciales fueron ventiladas horas después de la ejecución".
En principio, otras diez personas correrán la misma suerte de Shekari por haber participado en las protestas, que fueron encabezadas por mujeres, estudiantes universitarios y alumnas de escuela, quienes retiraron su velo en público y corearon lemas contra el gobierno, enfrentándose directamente a las fuerzas de seguridad.
"¿Tienen horcas suficientes?"
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron la ejecución de Shekari y pidieron a Teherán una moratoria en la pena capital conducente a su futura abolición. Ejecuciones como la de Shekari, "tras juicios ilegítimos, constituyen un acto de privación arbitraria de la vida", denunciaron los 13 expertos de la ONU en un comunicado conjunto.
Los responsables de Naciones Unidas también expresaron su preocupación por la situación de algunos artistas detenidos tras mostrar apoyo a las protestas, citando los casos particulares de dos raperos, Saman Yasin y Toomaj Salehi, detenidos también por publicar canciones críticas con el gobierno iraní. Yasin fue condenado a muerte por el delito de "guerra contra dios", mientras que Salehi afronta el cargo de "corrupción en la tierra", también susceptible de ser castigado con la pena capital, según denuncia el comunicado de Naciones Unidas.
La "ejecución de Mohsen Shekari debe toparse con fuertes reacciones, de lo contrario lidiaremos con ejecuciones diarias de manifestantes", afirmó por su parte Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR, radicada en Oslo. Según él, Shekari fue "sentenciado a muerte en una farsa judicial sin un debido proceso", por lo que "esta ejecución debe tener consecuencias prácticas rápidas a nivel internacional".
El activista por la libertad de expresión Hosein Ronaghi, recientemente liberado de prisión, advirtió a las autoridades: "La ejecución de cualquier manifestante tendrá graves consecuencias para ustedes. Arrebatarle la vida a una persona es arrebatarnos nuestras vidas a todos", tuiteó Ronaghi, quien se preguntó: "¿Tienen horcas suficientes?".
El martes, un tribunal iraní condenó a muerte a cinco personas por haber matado a paramilitares durante las protestas, elevando a once las sentencias de muerte. Las autoridades, que denuncian estos hechos como disturbios, acusan regularmente a Estados Unidos y sus aliados occidentales y a grupos kurdos en el extranjero de instigar este movimiento de protestas sin precedentes.
Centenares de muertos
Mahsa Amini murió el 16 de septiembre luego de ser detenida por la policía de la moral por vulnerar el código de indumentaria del país musulmán, que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza y el pecho con un velo. Las autoridades dijeron que Amini murió de causas naturales como consecuencia de una patología preexistente, pero las sospechas de su familia y amplios sectores de la población de que pudo haber sido golpeada, desataron fuertes protestas en todo el país.
En un balance publicado el miércoles, IHR indicó que la represión de las protestas causó al menos 458 muertos, incluyendo 63 niños. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional indicó el sábado que más de 200 personas, incluyendo civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, murieron en las protestas, mientras que un general de los Guardianes de la Revolución había dado cuenta previamente de un balance de más de 300 decesos.
Según la justicia iraní, más de dos mil personas fueron imputadas. Al menos 28 personas, entre ellas tres menores, podrían ser ejecutadas en el país en relación con la movilización, afirmó el dos de diciembre la ONG Amnistía Internacional, que también tildó de "farsa" los procesos a manifestantes y acusó a las autoridades iraníes de servirse de la "pena de muerte como una herramienta de represión política para instigar miedo entre la gente y terminar con el levantamiento popular".
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución el pasado 24 de noviembre para que se investiguen los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la represión de las protestas. Pero Teherán dijo que no cooperaría con la misión debido a su "naturaleza política".
