Vecinos y vecinas del barrio de Villa Ortúzar presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para limitar las alturas y las capacidades constructivas permitidas por el Código Urbanístico (CUR) para ese barrio. La aprobación del nuevo CUR en 2018, que flexibilizó la normativa urbanística en diversas zonas de la ciudad, impactó particularmente a Ortúzar al duplicar las alturas de construcción permitidas para varios sectores del barrio, lo que generó un boom inmobiliario en la zona que actualmente tiene más de 50 edificios en construcción. En el proyecto que cuenta con más de 800 firmas de apoyo, los vecinos y vecinas proponen retrotraer la normativa a lo que establecía el anterior Código de Planeamiento Urbano (CPU), que limitaba las alturas a un máximo de cinco pisos.
A fines de 2021 las agrupaciones barriales de Villa Ortúzar fueron unas de las primeras en denunciar el avance inmobiliario que el barrio comenzaba a sufrir tras la aprobación del nuevo CUR a fines de 2018. Ya habían pasado los meses más duros del aislamiento estricto y, con el retorno de la actividad constructiva, los vecinos y vecinas empezaban a ser testigos de un boom que no habían experimentado en sus vidas y que entonces calificaron como un "barricidio".
"El CUR hay que verlo caso por caso, una cosa es la teoría o lo que se haya pensado en el momento de su aprobación, pero cada barrio tiene sus particularidades. Ortúzar es un lugar que nació en 1862 con 26 manzanas y que hoy tiene 40, no ha crecido tanto como para que se puedan hacer hasta 24 metros de cemento para arriba en cada parcela", dijo ahora a Página 12 Gigi Colabella, integrante de "Somos de Ortúzar", una de las organizaciones que surgió para denunciar los efectos del nuevo CUR.
"Lo que pedimos e incorporamos al proyecto no es nada delirante o tirado de los pelos, es simplemente bajar un cambio con la construcción. Ahora nos pueden hacer siete pisos en cualquier calle y nueve en avenidas o frente a las plazas. Nosotros proponemos que las alturas vuelvan a cinco pisos", explicó Colabella sobre lo previsto en el proyecto y agregó que el límite de cinco pisos "es más amigable con nuestro entorno, no nos tapa tanto ni el sol ni la vista".
En los fundamentos del proyecto presentado en la Legislatura, los vecinos y vecinas exponen las claras diferencias entre lo fijado por el CUR y el anterior CPU. Este último, que catalogaba a Ortúzar como zona "residencial de baja densidad", permitía un plano límite de altura de 13,5 metros -- cinco pisos --, mientras que también limitaba la capacidad constructiva permitida en cada lote. El nuevo CUR, en cambio, dividió a Ortúzar en dos zonas. La primera, de "altura media", elevó las alturas a un plano límite de 24,2 metros, y la segunda, de "altura alta", las llevó a 29,8 metros, lo que equivale a nueve pisos de altura.
Además, las nuevas zonificaciones tampoco incluyen límites a la capacidad constructiva en los terrenos. Según se lee en los fundamentos de la iniciativa, si se proyecta a las manzanas del barrio todo lo habilitado actualmente por normativa, "está aumentando dramáticamente la constructibilidad desde 13.165 metros cuadrados a 66.979 metros cuadrados, y la cantidad de viviendas de 188 a 1.116". En un relevamiento realizado por los propios vecinos y vecinas se encontró que "en la actualidad, en simultáneo, y como nunca antes habíamos visto, hay en Villa Ortúzar al menos 56 edificios en construcción y al menos 80 casas bajas en venta".
Aunque el proyecto fue presentado por los vecinos y vecinas en forma de iniciativa particular, el texto de la norma se trabajó en conjunto con el legislador del Frente de Todos (FdT), Matías Barroetaveña. "Les asesoramos en la construcción participativa de un proyecto de ley que modifique el CUR, que limite la construcción, respete las características del barrio, que pueda planificar un desarrollo inmobiliario de mediana - baja densidad y aproveche la infraestructura existente", sostuvo el diputado en este sentido.
Barroetaveña agregó que, en el caso de Ortúzar, el nuevo CUR de 2018 hizo que las nuevas y más altas edificaciones se impusieran "por sobre otras obras de edificios de baja densidad que dialogaban de manera armónica con la historia urbana y la identidad barrial, con un desarrollo inmobiliario gradual y sustentable, compatible con la infraestructura de servicios públicos del barrio". Para el legislador, "el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene la obligación de evaluar el proyecto de ley para dar respuesta a esta demanda urgente".
A lo largo de noviembre, los y las vecinas se reunieron con representantes de diversas fuerzas políticas dentro de la Legislatura, como el FdT, la UCR, el Frente de Izquierda y hasta del PRO, representado por el legislador Daniel del Sol, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Aunque parece improbable el tratamiento del proyecto durante este año legislativo, que finalizaría el próximo jueves 15 con la última sesión, los vecinos y vecinas confían en que el año que viene pueda llegar al recinto. Cuentan con dos antecedentes favorables: durante 2021 se aprobaron normas que retrotrajeron los efectos del CUR en zonas de los barrios de Belgrano y Núñez.