La construcción del edificio que será sede de los Tribunales en la ciudad de Casilda, es un proyecto esperado por más de 15 años. Pero su emplazamiento en el medio del Parque Sarmiento de esa localidad no guarda ninguna lógica para los vecinos. Es el mayor pulmón verde local, atravesado por el arroyo Candelaria. Es, además, una zona de riesgo hídrico según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario y está definido como ecosistema de humedales por la ley provincial de áreas naturales protegidas. Esta semana la aparición de operarios con motosierras que comenzaron a despejar terreno con una poda extrema de árboles que hace más de medio siglo dan sombra al lugar, en una jornada con 40 grados de temperatura, activó las protestas. La casa del senador peronista Eduardo Rosconi -autor del proyecto- tuvo que ser protegida por la policía.

En el nuevo edificio de tribunales en Casilda, concentrará dependencias del Distrito Judicial 7, moderno, con tecnología, destinado a agilizar el servicio de justicia. La controversia se agudizó porque en julio último se adjudicaron los trabajos tras 15 años de confeccionado el proyecto que, durante ese lapso, sumó reiteradas objeciones. El lote en cuestión, de 3.650 metros cuadrados, tiene acceso por bulevar Ovidio Lagos, entre Catamarca y San Luis. La obra se promociona como la más ambiciosa en la historia de Casilda. Está proyectada una superficie cubierta total de 4521 metros cuadrados en cuatro niveles más subsuelo para estacionamiento. Los trabajos incluyen una “refuncionalización” del parque Sarmiento que no está clara, sobre un espacio elegido por los casildenses para numerosas actividades de recreación, incluso escolares, deportivas e infantiles.

El convenio para la obra se firmó en 2007 con la cesión del predio, propiedad del Estado provincial, al Poder Judicial. Contó con el respaldo del Ejecutivo local, comandado por el entonces intendente y hoy senador provincial Eduardo Rosconi, y la aprobación del Concejo Municipal. La iniciativa durmió tres lustros hasta que este 2022 se anunció la licitación pública 26/22, con un presupuesto de 1.300 millones de pesos y un plazo para la ejecución de la obra de 730 días a partir de la adjudicación. En paralelo, se reactivó la resistencia de miles de vecinos que pusieron sobre la mesa lo que consideran una irracional elección del sitio de emplazamiento.

Carina Vaudagna es docente. Relató al El Ciudadano la tristeza que la ganó a ella y sus pares al ver cómo este miércoles, alrededor de las 10, ingresaron operarios al sector cercado del parque con maquinarias y motosierras para mutilar una añeja arboleda plantada hace varias décadas por los propios vecinos.  “Más cemento no es sinónimo de progreso”, resume la oposición de miles de casildenses a un enroque de paisaje que juzgan regresivo. Vaudagna se incorporó a los vecinos que se oponen a la construcción del edificio en el parque tiempo después de que se formara la Asamblea Casilda, en julio último. El colectivo lo integran jóvenes, docentes como ella, militantes ambientales, proteccionistas y habitantes en general.