Organizaciones sociales y el Consejo Consultivo de la Comuna N°3 presentaron una acción de amparo ambiental para intentar frenar la construcción de una de las diez torres que el año pasado el oficialismo porteño aprobó por medio del mecanismo de los "convenios urbanísticos". El emprendimiento está proyectado en San Cristóbal, en una esquina en la que se se construirán casi veinte mil metros cuadrados en más de veinte pisos de altura. "La megatorre proyectada en barrio de casa bajas constituye un daño ambiental irreparable", advirtieron desde el Consejo Consultivo. 

El convenio urbanístico para el proyecto de la esquina de Avenida San Juan y Alberti, pleno barrio de San Cristóbal, se firmó en agosto del año pasado y fue aprobado por el oficialismo en la última sesión de 2021, en la misma jornada en que la Legislatura también dio el visto bueno a la habilitación de otras nueve torres, del barrio de torres de lujo del Grupo Irsa en Costanera Sur y a la rezonificación de Costa Salguero. En el caso de San Juan y Alberti se trata de un edificio a construir en dos tramos, uno de trece pisos sobre el que se erigirán otros doce para conformar un total de 25 pisos. Serán 74,6 metros de altura con una capacidad constructiva de 19.400 metros cuadrados. 

Ante esto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y el Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, con el apoyo del Consejo Consultivo comunal, presentaron una acción de amparo colectivo ambiental para cuestionar la constitucionalidad del convenio y pedir su nulidad. Entre otros puntos, los amparistas argumentan que el convenio no contó con la elaboración de estudios de impacto previstos por el Plan Urbano Ambiental ni con la convocatoria a audiencia pública previa a la firma del acuerdo. También plantean que el edificio no representa ningún interés público para la ciudadanía como prevé el reglamento de los convenios urbanísticos.

“El GCBA hace de las excepciones inmobiliarias para construir torres uno de los ejes arquitectónicos de su actual gobierno. El caso del convenio de San juan y Alberti es el paradigma de esta política. Una excepción inmobiliaria que no genera ninguna ventaja ambiental ni social y cuya única contraprestación que entrega la empresa es dinero", sostuvo en este sentido el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del ODC, quien agregó que en la Ciudad "la planificación está sometida a quienes tienesn plata para pagar las excepciones".

Antes de la presentación del amparo el tema fue debatido en asamblea por los vecinos y vecinas de la Comuna N°3 que componen el Consejo Consultivo. "Aparte de la necesidad de nuevos espacios verdes en la zona y la posibilidad única que ofrece ese terreno, el proyecto de megatorre agrava problemas de utilización de servicios públicos por el consumo concentrado de electricidad y agua, entre otros, que demandan las mencionadas moles de cemento", escribieron los vecinos y vecinas en el texto de resolución de la asamblea, en la que decidieron apoyar el amparo. 

"Surgen también severos problemas de equipamiento para extinguir eventuales incendios en edificios electrodependientes. Esta megatorre proyectada en el barrio de casa bajas, como es San Cristóbal, constituye un daño ambiental irreparable", añadieron. El convenio de San Juan y Alberti no es el primero en ser cuestionado ante la Justicia por vecinos y vecinas. En mayo de este año las agrupaciones barriales de Palermo también presentaron un amparo contra un edificio de veinte pisos a construir sobre la calle Lafinur al 3126. Ese convenio también formaba parte del paquete de diez torres que el oficialismo aprobó el año pasado.