El Senado de Brasil dio una primera victoria legislativa a Luiz Inácio Lula da Silva al aprobar este miércoles una enmienda constitucional que permitirá cumplir su promesa electoral de mantener ayudas sociales durante los primeros dos años de su gobierno.
El texto, que libera para el futuro gobierno 145 mil millones de reales -28 mil millones de dólares- elimina un techo para estos gastos en los próximos dos años, que había impuesto el gobierno de Bolsonaro. La votación obtuvo amplia mayoría de los 81 senadores, en dos votaciones consecutivas en el plenario de la Cámara Alta la noche de este miércoles.
Al ser tramitada como una enmienda constitucional, el proyecto requiere para ser aprobado el respaldo, en dos votaciones, de tres quintos de los senadores (49 de 81) y los diputados (308 de 513). El proyecto seguirá para su análisis en la Cámara de Diputados, que se prevé comience a tratarlo la semana próxima.
Con un apoyo mayor a los 49 votos que eran necesarios, la enmienda constitucional permitirá mantener una asistencia de 600 reales -144 dólares- y otros 150 reales adicionales por niños menores de seis años en las familias más necesitadas. También se prevén fondos para farmacias populares, meriendas escolares y aumento de salario mínimo.
Estas erogaciones están contempladas en el programa Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, nombre que tenía durante los primeros dos gobiernos de Lula entre los años 2003 y 2010. "Es un pacto de la sociedad brasileña contra el hambre", defendió el senador Marcelo Castro, coautor del proyecto y ex ministro de salud de Dilma Rousseff.
El hambre afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Incluso seis de cada diez brasileños convive con algún nivel de inseguridad alimentaria como consecuencia de su realidad económica. Unos 20 millones de familias reciben ese subsidio de 600 reales, que se iba a reducir un 33% a partir de enero.
Opiniones encontradas
En la votación, el senador Randolfe Rodrigues, fiel escudero de Lula, defendió ese "margen fiscal" para acabar con el hambre, recomponer otros programas sociales y "reconstruir el país que fue destruido en estos últimos cuatro años". Rodrigues también festejó la victoria en sus redes sociales. “¡La PEC para combatir el hambre fue APROBADA en el Senado! Una victoria importante para nosotros y enfrentar el caos implantado en Brasil. Ahora el texto va a la Cámara de Diputados. ¡Tengo fe en que lo lograremos y el brasileño se irá a dormir sabiendo que habrá comida en la mesa!”, tuiteó el senador.
Por su parte, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro -hijo del presidente Jair Bolsonaro- advirtió que “el texto genera incertidumbre y provocará una fuga de inversores y más inflación, lo que derivará en un aumento abrupto de los tipos de interés, hoy en el 13,75 por ciento anual”.
En coincidencia con Bolsonaro hijo, Marcos Rogerio, del Partido Liberal del presidente saliente Bolsonaro, aseguró que el texto representa un "cheque en blanco" para el gobierno de transición. En sus redes sociales, el senador especificó que no está en contra del programa Auxilio Brasil, sino que está en contra de a quienes incluye el proyecto. “La propuesta promueve la juerga con el dinero público, además de revocar el techo de gasto. Es un cheque en blanco para que el gobierno del PT gaste como quiera, sin el debido control”, tuiteó.
Una propuesta que dio pelea
El texto, que representaba el primer desafío de Lula para lograr gobernabilidad cuando asuma la presidencia el 1 de enero, fue objeto de duras negociaciones en el fragmentado Congreso.
Monto original fue rebajado este martes por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara alta, que lo recortó en 30 mil millones de reales, equivalente a 5.770 millones de dólares, un 17 por ciento menos de lo planteado por los aliados de Lula. También limitó su vigencia a dos años, 2023 y 2024, frente a los cuatro que demandaba el equipo de transición del mandatario electo. La base parlamentaria del Gobierno de Bolsonaro intentó este jueves, sin éxito, reducir nuevamente el alcance de la propuesta.
Los mercados, por su parte, estuvieron atentos a los debates ante los temores de un aumento desmedido del gasto público durante el gobierno de Lula. El texto aprobado prevé que el gobierno entrante envíe hasta el 31 de agosto del año que viene un nuevo proyecto de regla fiscal.
