Una investigación del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta, reveló que actualmente, del total de 343 concejalías en toda la provincia, 135 (39,3%) están representadas por mujeres y 207 (60,3%), por varones, a lo que se suma en las últimas elecciones, una persona trans, en este puesto de representación, en Hipólito Yrigoyen (lo que representa 0,3%). Otro dato en relación a la desigualdad fue que de 60 municipios, 50 de éstos (más del 83%), registran cifras por debajo de la paridad en cuanto al acceso efectivo a los cargos. 

Se trata de un estudio realizado en el marco de las elecciones legislativas municipales que se llevaron adelante en agosto del 2021, el cual consistió en una investigación exploratoria y cualitativa basada en entrevistas a mujeres cis y personas trans/travestis candidatas al Concejo Deliberante de diferentes municipios de la provincia.

El objetivo fue recuperar, a través de los relatos, las experiencias vividas en torno a la violencia política por motivos de género durante el periodo de campaña y elecciones que dieron lugar a la renovación de representantes. También se indagó en aspectos de sus trayectorias políticas, permitiendo ampliar la información sobre las condiciones en las que las mujeres y las personas del colectivo LGBTI+ participan de este ámbito.

Para ello, se realizaron catorce entrevistas a candidatas a concejalas de diferentes municipios de la provincia. De Orán dos personas, y luego, una persona por cada uno de los siguientes municipios: Tartagal, Cachi, Pichanal, Aguaray, Tolar Grande, Molinos, La Caldera, Salta Capital, Joaquín V. González, Ballivian, Metán y El Bordo. Entre los entrevistados, once se reconocieron mujeres cis, una persona travesti y dos mujeres trans. Tres de ellas se identificaron pertenecientes a comunidades originarias. En relación a la edad, el grupo elegido para encuestar, tenía entre 21 y 51 años.  

Por lo que, en correlato con los datos cuantitativos, las entrevistadas percibieron el ámbito de la política como un espacio ocupado y dominado principalmente por los varones. Esta idea se repitió en la mayoría de los relatos, como lo hizo la entrevistada N° 4, quien manifestó que: "Nosotras las mujeres, por ahí al ser tan pocas, tenemos que medir a un político que maneja todo. Si yo pierdo en estas elecciones es como el dólar nos devaluamos". 

Algo similar señaló la entrevistada N° 7, quien sostuvo que: "Más allá de que por ahí se disfraza en las campañas en los discursos políticos que la mujer tiene el espacio, aún no lo tenemos del todo". 

Fue en 2019 que la violencia política, en tanto tipo y modalidad, fue incorporada a la Ley Nº 26.485, para “visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres”. Y desde 2016, Salta cuenta con una Ley de Paridad de Género. 

Al ser una investigación cualitativa, se pudo percibir que persisten diferencias al momento de que las mujeres o personas de la comunidad LGBTIQ puedan influir en la toma de decisiones y en el reparto de recursos económicos. A su vez, se mencionaron desigualdades en el acceso a los medios de comunicación y en la asignación de tareas, ya que en algunos casos se las orilla a tomar nota de las reuniones o cocinar. 

"Ellos te dan el trabajo de cocinar, yo era la única mujer y me movía un montón (…) Por ejemplo estábamos haciendo choripanes para repartir a la gente y el señor estaba sentado comiendo y las mujeres trabajando a lo loco", refirió la entrevistada N°6. 

Vivir violencia de modo directo

Además, todas las entrevistadas, excepto una, reconocieron como mínimo una situación de violencia vivida de modo directo durante el periodo de las elecciones de agosto de 2021, ya sea desde el momento de confección de las listas, como a lo largo de la campaña. No obstante, la única candidata que no registró ninguna situación de violencia durante ese periodo, sí identificó que este tipo de situaciones fueron vividas anteriormente o la atravesaron compañeras de militancia política. 

También algunas candidatas debieron hacer frente simultáneamente a diferentes situaciones de agresión perpetradas por diversos actores sociales. Es decir, al mismo tiempo fueron atacadas por miembros de la oposición y de su propio partido.

Entre las diversas acciones vividas, el Observatorio diferenció que ocurrieron campañas de desprestigio y difusión de información privada con la finalidad de desprestigiar la imagen de las candidatas; existió una limitación o exclusión de la participación en las reuniones dentro del partido y, se dieron comentarios basados en el aspecto físico o la vestimenta; hubo violencia en el ámbito laboral. También ocurrió menosprecio de capacidades y saberes en base a estereotipos de género; se dieron insultos y menosprecio en redes sociales o en las reuniones partidarias; hubo presiones y/o amenazas. 

Sumado a la violencia física, como lo relata la entrevistada N° 9: "Nosotras tuvimos un episodio de violencia, los punteros de él (candidato de otro partido) nos quisieron quitar el auto y pegarnos. Se tiran frente de mi auto, íbamos tres mujeres, mi hermana, la otra candidata y yo. Nos bajamos y empezamos a discutir, no había forma de que ellos entiendan. Uno de ellos le quiso pegar a mi compañera, le quiso sacar la llave del auto, en un momento pensé que me iban a quemar el auto". 

Para el Observatorio resulta importante diferenciar que "la ampliación cuantitativa del acceso a la participación política o cargos políticos no implica necesariamente igualdad en las condiciones de participación o en ejercicio de esos cargos", ya que en algunos casos, una misma persona debió atravesar más de una situación de violencia ejercida por uno o más agresores, incluidas situaciones donde las violencias se recibieron tanto desde la oposición como desde su propio partido, así como también por parte de anónimos en las redes sociales o desde los medios de comunicación.

Además, señalaron que a pesar del reciente marco normativo sobre la violencia política, éste "traza un horizonte que todavía está por construirse en la práctica", al prevalecer desigualdades y violencias sostenidas. Aún se da la "reproducción de representaciones, roles y estereotipos de género y acciones concretas que van en detrimento del protagonismo de las mujeres y personas de la disidencia en el ámbito de política".

En ese sentido, afirmaron que las recurrentes agresiones tanto dentro de las estructuras partidarias de pertenencia como desde la oposición, "deja expuesta la responsabilidad de los partidos políticos a la hora de adoptar y cumplir los protocolos adecuados a la normativa internacional, vigente en nuestro territorio, para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia dentro de sus estructuras". 

Por tal razón, insistieron en que "urge" una pronta aplicación de los lineamientos que establece el Protocolo Modelo para partidos políticos (2019) de la Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Mujeres (OEA-CIM). Asimismo, indicaron que se vuelve necesario propiciar entre las candidatas estrategias transversales o interpartidarias que permitan desplegar diversas formas de desafío, resistencia y transformación colectiva frente a estas violencias. 

Ausencia de protocolos

En el informe anual del Observatorio, correspondiente a este año, también se mostró un monitoreo de los compromisos en la prevención de la violencia política firmados por partidos políticos. Esto porque el año pasado se invitó a los partidos a firmar un compromiso que constaba de doce puntos en pos de garantizar la igualdad y la perspectiva de género en el marco de su labor. 

Dicho acuerdo fue elaborado por el Observatorio teniendo en cuenta los tratados internacionales (CEDAW - Belém do Pará) y la incorporación de la violencia política por motivos de género en la Ley N° 26.485, así como la Ley N° 26.473 de Identidad de Género. Si bien se entiende que se trata de un proceso y que cada partido establece los pasos a seguir en pos del cumplimiento de los mismos, el monitoreo contó con la respuesta de sólo 5 partidos políticos, preservando el anonimato, quienes aseguraron que han incorporado la agenda de las mujeres, género y diversidades. 

No obstante, el Observatorio remarcó el bajo índice de respuesta a este monitoreo, entendiendo que el Tribunal Electoral de la Provincia de Salta, tiene reconocido actualmente a 34 partidos políticos en todo el territorio provincial. También destacó la ausencia de protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género (a excepción de un partido), y que existe "prácticamente nulo reconocimiento de obstáculos en materia de garantizar la participación de mujeres y otras identidades no binarias para que encabecen la lista del partido o accedan a cargos unipersonales". 

Eso develó que existe una "imperiosa necesidad de instalar como problema la violencia por motivos de género en la política". Además, subrayaron que si bien la incorporación de la violencia política como modalidad es reciente, sí se ha avanzado en materia de leyes que garanticen la paridad.

Concluyeron que "aún queda un largo camino por recorrer en relación a la sensibilización para que este tipo de violencia sea reconocido como problemática", lo que permitiría emprender acciones para modificar las condiciones sociales, políticas y económicas de desigualdad de género.