El pasado 11 de julio, un conjunto de legisladores ligados al oficialismo se reunieron en el Congreso de la Nación para firmar una “Declaración en memoria de las víctimas del terrorismo internacional”, bajo el patrocinio de la DAIA. La actividad se realizó en referencia al 23º aniversario del atentado en el que fueron asesinadas 85 personas, el 18 de julio de 1994. En la representación gráfica del evento divulgada por la DAIA, se observa una llamativa y unánime sonrisa en los rostros de los firmantes, incluidos el presidente de la entidad, Ariel Cohen Sabban y su vicepresidente, Alberto Indij. La paradojal alegría de los retratados en las pulcras escalinatas del Congreso de la Nación refiere indudablemente a los variados usos mediáticos y político generados por diversos sectores en relación a la masacre de 1994.

Desde esa fecha fatídica, el gobierno del Estado de Israel, apenas sucedido el hecho, presionó para responsabilizar al Estado de Irán, sin contribuir con evidencias empíricas que permitieran juzgar a sus eventuales responsables. Dicha atribución de responsabilidad, gestionada en forma ajena a pruebas judiciales, que el gobierno menemista asumió como designio geopolítico propio, generó el empantanamiento de la investigación y la posterior implantación de pistas falsas. Su consecuencia fue el derrumbe de la Causa AMIA y el inicio del denominado “juicio de encubrimiento” donde son juzgados en la actualidad el ex juez Galeano, la SIDE menemista, y el presidente de la DAIA de entonces, Rubén Beraja, los fiscales de la causa, el comisario Fino Palacios, entre otros. Ese escándalo aparece como la primera intentona para utilizar el atentado, en este caso, al servicio de exigencias foráneas desligadas de la investigación jurídica local.

Una segunda utilización del atentado estuvo orientada a saldar oscuras negociaciones por venta de armas, triangulaciones de pertrechos militares y sombrías vinculaciones entre servicios de seguridad nacionales e internacionales: Menem se había comprometido con Siria e Irán a colaborar en el desarrollo del primitivo programa nuclear persa, y una vez en el gobierno olvidó sus promesas, ante las repetidas presiones y exigencias del gobierno estadounidense. El atentado se convirtió –además de generar una masacre dirigida hacia los argentinos judíos– en una devolución de atenciones por “mejicaneadas” que no suelen ser dispensadas en el mundo de los traficantes de artefactos bélicos.

Una tercera utilización del atentado fue vehiculizada por los sectores más conservadores de la colectividad judía argentina que pretendieron, desde el inicio, manipular sus consecuencias para hegemonizar una identidad histórica, obviando y ocultando los antecedentes progresistas ligados tanto a la tradición nacional y popular como al progresismo y la izquierda. El atentado fue usado por las instituciones AMIA y DAIA para sepultar todo vestigio de contacto con el pasado migrante y trabajador, optando por desplegar una alianza que había prologada por Rubén Beraja en su doble carácter de presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo.

El atentado llevó a que ambas instituciones, ubicadas en Pasteur 633, se convirtieran en furgón de cola de la más rancia derecha argentina, la misma que otrora los humillaba, perseguía y despreciaba con lenguaje y etiquetamientos judeofóbicos. Esta tercera utilización incluyó la grosera exigencia de trasladar sin mediaciones el conflicto de medio oriente a la Argentina, imponiendo la agenda del gobierno del Likud (la derecha) israelí, consistente en la defensa de sus políticas coloniales y la continuidad de la ocupación de Palestina. Esto se llevó a cabo a través del intento de resignificar “lo judío” para adecuarlo funcionalmente a los intereses de Aipac, el lobby de la ultraderecha judeo-estadounidense, ligada al partido republicano y a los “fondos buitre”. La obvia externalidad de esta utilización los llevó a aceitar amistades reaccionarias de toda laya, incluso con quienes justifican a represores y defienden la teoría de “los dos demonios”. La provisión de cuadros orgánicos al servicio de la restauración del orden conservador, como los casos de Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff, supone una de las más fuertes evidencias del giro con el que se pretende ocultar (y sepultar) la existencia de otras formas argentinas de ser judío, ligadas –por ejemplo– a los 1700 desaparecidos de ese origen.

La cuarta y última utilización se relaciona con el ex fiscal Natalio Alberto Nisman, quien fingió que se dedicaba a la investigación del atentado para articularse con quienes le declararon la guerra política a los gobiernos progresistas de América Latina. En esa trayectoria, se unió con agencias de inteligencia extranjeras y con grupos de seguridad aliados a estos últimos. Se vinculó además con quienes desataron una campaña de desprestigio –basada en tergiversaciones y falsedades– sobre el accionar del gobierno anterior, en relación a la firma del memorándum con Irán. La muerte del fiscal se convirtió, hasta el día de hoy, en una disparatada cuña jurídica que incluye la acusación de “traición a la Patria” contra el ex canciller Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner y la delirante sospecha de homicidio del fiscal, decidida y/o ejecutada por el gobierno.

Para que el atentado siga brindando oportunidades de utilización es necesario que nunca se llegue a saber a ciencia cierta quiénes fueron sus planificadores, sus ejecutantes y sus cómplices. Quizás la necesidad de seguir usando a las víctimas para beneficiar a los sectores más privilegiados de nuestra sociedad, o para lograr adscripciones geopolíticas ajenas a la realidad latinoamericana, expliquen por qué el actual gobierno decide proteger a los acusados del encubrimiento –que están siendo juzgados en la actualidad por el Tribunal Oral Federal Número 2– y por qué intentan motorizar un juicio en ausencia, que evita la indagatoria de los acusados, contribuyendo a decretar condenas ajenas a los procedimientos jurídicos, legitimados internacionalmente.

Se cumplen 23 años. Mientras el atentado sea utilizado para resolver situaciones ajenas al hecho específico de la explosión sucedida el 18 de julio, continuaremos siendo rehenes de una impunidad que solo podrá ser enfrentada con las herramientas simbólicas desarrolladas por nuestro pueblo en las últimas décadas: Memoria, Verdad y Justicia.

* Titular del Llamamiento de Argentinos Judíos.