Cada 10 de diciembre es una fecha muy especial para nuestro país y el mundo. En 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en 1983, Raúl Alfonsín asumió como primer presidente electo por el voto popular luego de la última dictadura cívico-militar. A 39 años de la restauración de la democracia, y ante la posibilidad de que los discursos de odio, la violencia política y la crisis del Estado de Derecho nos pongan cada día más cerca de un lugar al que como sociedad dijimos Nunca Más, es necesario reconstruir el consenso que nos permitió vivir en una Argentina en paz y sin persecución política.

La presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, con el acompañamiento del peronismo y del resto de las fuerzas políticas, inauguró un acuerdo democrático que consistía en que la vida de ningún compatriota volvería a estar en peligro por defender sus ideas. En este sentido, superar a la dictadura implicó construir un consenso que establecía que, a pesar de las diferencias que teníamos como sociedad, los argentinos y argentinas podíamos vivir sin miedo. Las veces que ese acuerdo corrió riesgo de romperse, como sucedió con el alzamiento carapintada, los partidos políticos se pronunciaron firmemente en defensa de la democracia.

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, logramos fortalecer el acuerdo democrático estableciendo la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y dando inicio a un proceso de memoria, verdad y justicia. Sin embargo, aquel acuerdo se quebró el 1 de septiembre de este año cuando un grupo de militantes de derecha intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación en la puerta de su casa.

Si bien al principio algunos intentaron instalar la idea de que el ataque había sido cometido por un “loquito suelto”, con el pasar de los días quedó en evidencia que se trató de un atentado planificado minuciosamente por un grupo de militantes que frecuentaban las movilizaciones convocadas por la oposición al gobierno. A este hecho aterrador se le suman otros de similar gravedad, como el cascoteo al despacho de la vicepresidenta y el financiamiento de 13 millones de pesos por parte de la empresa familiar de Luis Caputo a otra agrupación que organizaba escraches a dirigentes políticos y que planificaba atentados contra el presidente de la Nación, la vicepresidenta y contra el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

Hemos llegado al punto en que el líder de una de estas agrupaciones opositoras reconoció públicamente que su objetivo no es luchar contra la pobreza o construir una sociedad más igualitaria, sino que los kirchneristas sintamos miedo. Lo que nos demuestra que en Argentina hay organizaciones que tienen como fin perseguir con violencia y terror a quienes defienden determinadas ideas.

Sinceramente, por haber nacido en una familia que sufrió en carne propia la persecución y la violencia, y por haber experimentado lo que es la falta de libertades en una dictadura, considero que todo lo que vivimos en los últimos tiempos debe servirnos para que nos comprometamos a reconstruir el acuerdo democrático que los intolerantes, los violentos y la mafia judicial rompieron el pasado 1 de septiembre.

Escribo esta reflexión horas después de que un tribunal federal condenara en un juicio sin garantías ni pruebas a la principal víctima de estos atentados y a días de habernos enterado sobre la existencia de un Estado paralelo dirigido por un grupo de jueces, directivos del medio de comunicación más grande del país, servicios de inteligencia y por el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A raíz de estos hechos que nos ponen ante una gran crisis institucional con el intento  de proscribir a la principal dirigente que tiene el peronismo como venganza por haber redistribuido la riqueza para que el pueblo tenga una mejor calidad de vida, es fundamental que quienes reivindicamos el Nunca Más recuperemos el diálogo democrático para no permitir que los violentos y mafiosos lleven al país a un lugar sin retorno.

A pesar de haber sufrido la proscripción y la persecución, el peronismo siempre demostró ser un constructor de democracia. Nunca apeló a los cuarteles ni a la judicialización de la política para dirimir las diferencias políticas. Estoy convencida de que el sistema democrático y el Estado de Derecho son el único camino que tenemos para desarrollarnos en comunidad. Espero que, cuando el año que viene nos encontremos celebrando los 40 años de vida democrática, como sociedad hayamos superado los atentados y las persecuciones judiciales. 

* Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, presidenta ad honorem del Museo Evita.