Producción: Tomás Lukin

En descomposición

Por Eduardo Crespo  *

La economía brasileña parece haber caído en un pozo del que no podrá salir. De 2011 a 2014 sufrió el impacto simultáneo de tres shocks económicos: 1) las exportaciones se paralizaron en paralelo al estancamiento del comercio internacional; 2) el consumo tendió a paralizarse debido a la menguante creación de empleos y al elevado endeudamiento de las familias a tasas de interés altas; 3) el gobierno del PT decidió aplicar una estrategia de desaceleración del gasto estatal -principalmente de la inversión pública- unida a reducciones impositivas a favor de las empresas. A este cuadro se le sumaron, a partir de 2013, dos shocks de naturaleza política aún más relevantes y de consecuencias devastadoras: 4) a partir de algunos reclamos sectoriales y coincidiendo con la organización de la Copa de las Confederaciones, de modo súbito comenzaron a aflorar manifestaciones masivas en todo el país orientadas por reclamos confusos y contradictorios, proceso que polarizó a la tradicionalmente despolitizada sociedad brasileña; 5) meses después comenzó a desplegarse la publicitada ‘Operación Lava Jato’ que investiga esquemas de corrupción, lavado de dinero y propinas. Una bomba que terminó por fracturar a la coalición gobernante y paralizó a la principal empresa del país, Petrobras, arrastrando consigo a casi todas las constructoras, como Odebretch. Ambos embates tuvieron todos los rasgos distintivos de la denominada guerra ‘hibrida’ o ‘cibernética’, ya observados en las ‘revoluciones de colores’ de la periferia rusa y en la ‘primavera árabe’, con activa participación de redes sociales, medios de comunicación, ONGs y trolls, probablemente apoyados desde el exterior.

La gota que colmó el vaso la lanzó el flamante gobierno reelecto de Dilma Rousseff. En 2014 la economía brasileña se estancó, circunstancia que se sumó a la voluntaria renuncia de impuestos para provocar por primera vez, desde que gobernaba el PT, déficit fiscal primario. Como respuesta la presidenta optó por el programa que defendían los derrotados en las elecciones, el poder financiero y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP): nombro un gabinete ultra conservador y aplicó un severo ajuste fiscal. Las consecuencias fueron las previsibles: la economía se derrumbó, el desempleo se disparó y la popularidad de la presidenta cayó a niveles mínimos. 

Esas condiciones sentaron las bases para el golpe parlamentario que se venía tramando desde las elecciones. La coalición que se apoderó de la presidencia, liderada por Michel Temer, busca escapar a las detenciones ordenadas por el Lava Jato. Como moneda de cambio ofrece a bancos internacionales, empresas y medios de comunicación, una amplia y generosa revancha de clases. A esto responde la enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años (a excepción de los pagos de intereses de la deuda), la reforma laboral, la promesa de privatizaciones y la propuesta para cambiar el sistema jubilatorio. Como es costumbre, estas medidas se imponen con el argumento de que detrás vienen la confianza y la lluvia de inversiones. Pero como los actuales niveles de producción son 9 por ciento inferiores a los de 2014, la capacidad ociosa sigue siendo muy elevada. Si a esto se agrega que la economía entró en deflación abierta (-0,23 por ciento), es de prever que las inversiones tendrán que esperar por mucho tiempo. En el ínterin el desempleo pasó de 4,8 por ciento en 2014 a un alarmante 13,3 por ciento, circunstancia que impide se recupere el consumo y que está provocando una emergencia social de consecuencias imprevisibles en materia de violencia y crimen organizado. La exportación es el único componente de la demanda agregada que muestra algún dinamismo, aunque es improbable que por esta vía aparezca la recuperación, teniendo en cuenta que el valor agregado exportado es reducido y que el comercio internacional no está creciendo a tasas elevadas. 

Debe notarse que este escenario se montó sin crisis en la balanza de pagos ni riesgos de devaluación. Brasil acumula 378 mil millones de reservas y el déficit de cuenta corriente se redujo a niveles irrisorios. El futuro de Brasil y la integración sudamericana dependen de factores políticos difíciles de prever. De confirmarse la judicialización de la política que le impide a Luiz Inácio Lula da Silva –primerísimo en toda encuesta de opinión– competir por la presidencia, Brasil se convertirá en una democracia donde los ‘ciudadanos’ sólo podrán votar por los candidatos elegidos por el poder económico.

* UFRJ (Universidad Federal do Río de Janeiro) y UNM (Universidad Nacional de Moreno).

La inequidad no es inevitable

Por Marta Novick* y Héctor Palomino**

Profundizar en el tema de desigualdad y su vinculación con la distribución funcional del ingreso (la distribución de la riqueza entre el capital y el trabajo) fue un planteo realizado por Argentina en 2015 en el marco del G-20 que acompañó Brasil. Ambos países lo hacían con pergaminos por sus logros en materia de empleo de calidad, de aumento de la protección social y de la inclusión. Varias potencias como Rusia y Estados Unidos, además del anfitrión Turquía, aceptaron el planteo. El rol de las instituciones laborales para el logro de una menor desigualdad fue una dimensión central de los estudios realizados por el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la OIT: el salario mínimo, la negociación colectiva, la afiliación sindical y, sobre todo, la existencia de sindicatos, fueron destacados como herramientas decisivas para una mejor distribución de los ingresos y como condiciones para la preservación del empleo. La Declaración de 2015 de los ministros de Trabajo del G20, vista a sólo dos años de distancia, parece un texto revolucionario si lo comparamos con la realidad global actual y en particular, de los dos grandes países del Cono Sur del continente americano. 

Si las instituciones laborales tienen este rol vinculado con la disminución de la desigualdad y una mejor distribución del ingreso ¿cómo explicar hoy la aprobación de los cambios en la Ley de contrato de Trabajo de Brasil que borra de un plumazo la legislación protectora que había comenzado a edificar el varguismo hace ya ocho décadas? ¿Será que transformar al trabajador por tiempo determinado o parcial en un “cuenta propista, responsable  de su propia seguridad, de su propia protección social” facilita crear empleo y atenuar la desigualdad? Y que la eliminación de las restricciones a los empleadores para pagar a sus trabajadores sólo por las horas trabajadas, que puede extenderse a los contratos “0 hora”, o sea a una total incertidumbre de ingreso para esos trabajadores que ni siquiera tienen garantizado el salario mínimo, ¿son estos los senderos propuestos para la búsqueda del pleno empleo y la equidad? 

Esta contrarreforma tramitada a lo largo de más de una década y finalmente aprobada en el contexto de un gobierno débil, desacreditado y golpista, pretende eliminar todas las garantías laborales que colocaban límites a la dominación del capital sobre el trabajo. La enumeración de las disposiciones de la nueva legislación es abrumadora: la extensión del trabajo temporario y la promoción y fortalecimiento de la tercerización de todas las actividades, incluso las denominadas “centrales” o “críticas” de la empresa principal, la imposibilidad del  trabajador autónomo para  exigir y demandar por sus derechos a la justicia, la potestad del empleador para determinar la extensión de la jornada (que puede llegar hasta 12 horas diarias), los salarios que pueden negociarse vía individual o por negociación colectiva, además de eliminar la vigencia de la cláusula más favorable al trabajador, y debilitar al sindicalismo al eliminar la obligatoriedad de la cuota sindical, etc.

Y qué decir en Argentina, de la suspensión de hecho de muchas garantías laborales cuando asistimos a constantes cierres de empresas sin siquiera informar previamente a sus obreros, cuando somos testigos de fuerzas de choque que asaltan y violentan a trabajadores y trabajadoras que sólo pretenden  defender sus puestos de trabajo. Cuando escuchamos al mismísimo Presidente de la Nación acusando a los sindicatos, a la Justicia de Trabajo y a los abogados laboralistas de “mafias” ¿significa esto que habremos llegado a un límite? ¿No es suficiente el aumento del desempleo, de la subocupación, de la pérdida del salario real, de cierres imprevistos de fábricas, de desmantelamiento de proyectos productivos, científicos y tecnológicos, de poner en riesgo a cientos de miles de Pymes, del aumento de la importación para consumo? ¿Vienen como en Brasil por más después de las elecciones? 

Para responder a esto, recordemos algunas reflexiones elementales y fundamentales. Como señalaran Thomas Piketty y Joseph Stiglitz. El primero marca que la historia de la distribución de la riqueza, siempre fue política y no puede reducirse solo a mecanismos económicos. Para el segundo, se trata de una elección hecha a partir de las reglas que estructuran nuestra economía. Es que sólo se trata, y nada menos, que de política: tanto en Brasil como en Argentina, la contrarreforma laboral en curso es implementada por elites que buscan legitimarse frente al poder económico concentrado. Como si buscaran disimular a través del caos y el enfrentamiento social la falta de ideas para sostener y orientar un sendero de crecimiento y progreso para nuestros pueblos.   

* Directora CITRA (Conicet-UMET)

** Docente Facultad de Ciencias Sociales, UBA