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La causa sobre el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan – que tiene como principal protagonista al expresidente Mauricio Macri– podría llegar en los próximos días a la Corte Suprema. Se debe a que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió intervenir en el expediente como amicus curiae pero dos de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal se lo impiden, por lo que pidió llevar la cuestión ante el máximo tribunal.
El 15 de julio pasado, la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– sobreseyó a Macri y al resto de los imputados –todos exfuncionarios o integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-- por la vigilancia ilegal que se habría hecho sobre las familias que buscaban saber qué había pasado con el submarino que se hundió en noviembre de 2017.
El fiscal José Agüero Iturbe y las querellas recurrieron esa decisión, por lo que escaló hasta la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que está integrada por Carlos Mahiques –uno de los jueces que viajó a Lago Escondido y participó en el escándalo de los chats del lawfare–, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.
El 3 de noviembre pasado, el CELS –uno de los organismos de derechos humanos más prestigiosos en la región– se presentó para intervenir en la causa como amicus curiae, es decir, amigo del tribunal o un especialista que aporta elementos a la hora de decidir. Once días más tarde y sin preguntarles al resto de las partes qué opinaban sobre la presentación del CELS, Mahiques y Yacobucci rechazaron su participación. Los abogados de la entidad plantearon un recurso de reposición –que se emplea para que un tribunal reconsidere su posición–, pero la misma dupla volvió a cerrarles la puerta. En todo momento, la jueza Ledesma consideró que el CELS debía ser aceptado como amicus curiae.
El argumento central que Mahiques y Yacobucci emplearon para vedar la participación del CELS es que no tiene reconocida competencia en la materia. Esa fórmula equivaldría a decir que no sirve que en su estatuto diga que puede ejercer la representación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que debería demostrar una especialidad en casos sobre la violación de la Ley de Inteligencia.
El CELS planteó un recurso extraordinario para llevar el tema ante la Corte Suprema y criticó la mirada de Casación. “Parece adelantar la convicción de los jueces de que no hay relación alguna entre las prácticas de inteligencia estatales y la vigencia de los derechos humanos”, sostuvieron en la presentación a la que accedió Página/12.
En esta oportunidad, la Casación sí corrió vista al resto de las partes. La abogada querellante Valeria Carreras consideró que el CELS debe participar como amicus en la causa y señaló que el poder judicial pasa por su peor momento –en relación al escándalo de los jueces viajeros y los chats para encubrir su travesía por Lago Escondido–. El exjuez Mariano Bergés, que representa a las familias del pesquero El Repunte, también se pronunció a favor de la intervención del CELS y pidió que se deje sin efecto la audiencia del 21 de diciembre próximo hasta tanto se resuelva si el organismo de derechos humanos está habilitado a intervenir.
Macri, que está en Qatar en la Copa del Mundo, había pedido una rápida resolución por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El expresidente busca que le cierren esa causa y, de esa forma, neutralizar las críticas que nacen al interior de Juntos por el Cambio a raíz de los casos de espionaje que tuvieron lugar durante su gobierno. Hasta unas semanas atrás, la del ARA San Juan era la única investigación que involucraba directamente a Macri en el espionaje ilegal durante su gobierno. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi lo imputó y habló de una práctica sistemática de vigilancia masiva durante la era Cambiemos –en línea con lo que venía denunciando la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI)--.
La investigación sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El juez que llevó adelante la causa, Martín Bava, entendió que la exSIDE espió a las familias durante el tiempo en que el submarino estuvo desaparecido y que esa vigilancia tenía como objetivo anticiparle a Macri cuáles serían los reclamos que iban a formular los parientes en un tema que atraía la atención de la comunidad nacional e internacional.
Pocos días después de que Bava firmó el procesamiento de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó la causa madre de todas las investigaciones de espionaje que tramitaron en Dolores, la que orbitaba alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio. Con el D'Alessiogate viajaron hacia Comodoro Py las causas del ARA San Juan y del Proyecto AMBA. Los tres expedientes quedaron en manos del juez federal Julián Ercolini, en la mira en estos días por haber viajado a Lago Escondido y por haber articulado con otros jueces, funcionarios de la Ciudad, un exintegrante de la SIDE y altos ejecutivos del principal grupo de medios del país una serie de maniobras para que no se conociera que fueron de viaje sin pagar --lo que equivaldría a decir que recibieron dádidas, delito que se investiga en la justicia federal de Bariloche--.
