Cristina en Mar del Plata, Massa en Tigre, Randazzo en Bolívar y Cambiemos en Pepsico. Así largó. 

Hasta que las imágenes de la represión ganaron el centro mediático, el foco oficial estaba puesto en otra de las llaves presuntamente maestras para ratificar y atraer voluntades electorales. Barrer a la situación económica del debate, según se supone que ya sabe cualquiera que no viva en un potus, es instrumentado a través del denuncismo anti K. Los protagonistas eran, y en ese rol retornarán una y otra vez, la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el ex ministro Julio De Vido. En el caso de la primera, tal como lo habían adelantado voceros de prensa oficialista que reciben información de primera mano desde las usinas judiciales del macrismo, se pidió la indagatoria por eventuales irregularidades en la compra de un edificio y sospechosas comisiones pagadas a una inmobiliaria. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal no pagó comisión alguna porque justamente lo estableció como una de las condiciones; y que fue la propia Gils Carbó quien ya había separado de su cargo al funcionario incurso en una irregularidad, que ella reconoce. La obsesión del Gobierno y de su aparato mediático por enchastrar mediante las falsedades y manipulaciones que sean necesarias llevó, incluso, a presionar para que la procuradora general fuese destituida mediante decreto, en lo que hubiera sido un escándalo anticonstitucional prevenido hasta por sectores amigos de la oposición y la denunciadora serial Elisa Carrió. Al advertir que semejante tensado de la cuerda no funcionaría, Casa Rosada dio marcha atrás y ahora espera el favor de las urnas para que la fuerza parlamentaria le habilite juicio político. En lo jurídico, el episodio quedará como otra de las bombas de humo que se lanzan con una frecuencia espeluznante pero, en términos propagandísticos, el Gobierno conjetura que taladrar permanentemente acerca de la corrupción kirchnerista acaba por redundar en más beneficios que riesgos. Mentir y mentir porque algo quedará, que en su última versión académica, un tanto más sofisticada, se denomina Posverdad. 

La secuencia reciente sobre De Vido abona el laboratorio práctico, con mucha más fuerza todavía porque el ex responsable de Planificación -después de Cristina- es un cuco prioritario respecto del que nadie pone las manos en el fuego, sin que por eso deba desatenderse una mínima rigurosidad en cómo se brindan y procesan los datos duros. Se venía de un show mediático espectacular en torno de supuestas y graves anomalías por contrataciones en la mina de Río Turbio, que ni siquiera consistían en acusaciones de soborno, ni sobreprecios, ni facturas truchas, sino en que los estudios de viabilidad del proyecto de Yacimientos Carboníferos Fiscales fueron puestos en mano de una universidad nacional y no de una consultora privada. Más aún, pobladores y mineros reclamaron por el cumplimiento de la obra que el gobierno de Macri paralizó, apenas asumido, enmarcado en la estrategia de ahorcar a Santa Cruz. A poco de andar el espectáculo, Luis Rodríguez, juez de la causa, informó que las pruebas reunidas no llegaban hasta el momento ni apenas para conformar el estado de sospecha, y dispuso el secreto de sumario en implícita referencia al desquicio del manejo mediático. Entonces, con esa acusación arruinada, ¿quién podía aparecer que no fuese Claudio Bonadio, para que (síntesis perfecta del título de PáginaI12 en la nota firmada por Raúl Kollmann el martes pasado) “el comité de Cambiemos en Comodoro Py” rescatase la mecánica de una denuncia por día y por lo menos? Bonadio dictaminó procesamientos contra De Vido y los secretarios de Transporte entre 2003 y 2014, esta vez por presuntos  vueltos en los subsidios a líneas de colectivos. Como destaca el artículo, la hilacha política de la resolución del juez se percibe a simple vista, aunque cabría agregar que, “posverdad” mediante, la única simple vista que corre es la convicción previa de que cada quien se muna. Bonadio tomó la decisión cuando falta que declaren 251 empresarios del transporte en la misma causa, y no imputó a ninguno de los funcionarios provinciales del área que estaban encargados de certificar los kilómetros recorridos por los colectivos que fueron subsidiados. La medición de que se pagaron subsidios de más, por parte del juez, toma un puñado de líneas de colectivos a las que les aplica un cálculo de GPS que estaba derogado, y la usa para extenderlo a todas las líneas como si todas ellas hubieran recorrido menos kilómetros que los declarados. La nota de Kollmann es redonda en el señalamiento del artilugio inventado por Bonadio para sostener esta nueva avanzada de la coalición judicial-mediática. Pero, de vuelta, ¿a quién le importan los datos, siquiera para sospechar o curiosear que pueden emplearse con una intencionalidad manifiesta?

También en la edición del martes de este diario, el sociólogo Gonzalo Arias (autor de Gustar, ganar y gobernar, de Editorial Aguilar) cita una frase de Doug Stamper, personaje de House of Cards que obra de mano derechísima del perfecto hijo de puta encarnado por Kevin Spacey como presidente de los Estados Unidos. “Si parece un hecho, es un hecho”, dice Stamper en la última temporada de la serie. Y como agrega Arias sobre, precisamente, “La posverdad en acción”, el peso de las impresiones es cada vez mayor porque vivimos a un ritmo en el que no hay demasiado tiempo para aclaraciones exhaustivas. “Las redes (sobre todo, podría añadirse, porque al fin y al cabo parten de una macro-agenda establecida aún por los medios tradicionales) tienen el potencial de provocar una exacerbación de las noticias falsas, debido a su facilidad para propagar con rapidez cualquier información, ya sea verdad o no (...) Una manifestación podemos interpretarla como un grupo de trabajadores reclamando por la situación económica o, desde otra óptica, un grupo de militantes violentos que afectan la paz”.

Esa última provocación analítica es particularmente atendible tras los sucesos en Pepsico, pero por razones que desmentirían a la probabilidad de interpretar los hechos objetivos desde otra o variadas ópticas. Al contrario -sin ir más lejos- de la cercana represión en la 9 de Julio, cuando un grupo de manifestantes sin más armas que pasamontañas y palos le dio pie a la provocación de infiltrados y de aprovechamiento gubernamental para lanzar a la policía, en la planta de Vicente López no había más que laburantes ocupando sus puestos de trabajo amenazados por un vaciamiento de recolocación flexibilizada. No jodían a nadie que no fuera un salvaje derecho patronal, ni cortaban el tránsito, ni ocupaban espacio público (que fue lo que les endosaron a los docentes aquel domingo a la noche en que montaban la escuela itinerante frente al Congreso). No dejaban flanco alguno, en otras palabras, para que el cinismo de los comunicadores macristas y la frivolidad de los oprimidos mudados al discurso de los opresores pudieran colarse. Ni siquiera había la excusa de agrupaciones troskistas que estuvieran agitando. Nada. Hubo semanas para intentar un arreglo, pero no. Había un fallo pendiente de la justicia laboral que el Gobierno resolvió no esperar; que terminó beneficiando a los trabajadores porque la empresa no podía despedir a nadie al no haber cumplido con el procedimiento preventivo de crisis y que se produjo a las dos horas de la represión ordenada políticamente.  Jugaron de una, con Infantería y Gendarmería. ¿Cuál sería en este caso la justificación de un imaginario previo sobre violentos que afectan la paz social? Absolutamente ninguna. En Pepsico no había escapatorias de “posverdad” de las que valerse. Están en campaña y piensan que la represión les sirve como muestra de seguridad de clase que sabe lo que hace. En Pepsico no hubo datos que significaran tomarse el trabajo de chequear información. Simplemente hubo imágenes incontrastables de bestialidad a secas.

Es por eso que quien firma escribió aquí sobre el asco y la tristeza. El asco por lo obvio y la tristeza por esa obviedad de que la foto está congelada desde que Cambiemos ganó, sin que se tenga  permiso para decirse sorprendido. Está congelada porque estaba cantado que todo esto iba a suceder y que el modelo finalmente no cierra sin represión, lo cual es un lugar común de sentido común. La pregunta no gira alrededor de eso, sino de cuánta gente permanecerá adormecida durante cuánto tiempo.