En algunas provincias se los llama “típicas porteñadas”: cuando en la Capital Federal se toman decisiones dizque “nacionales” mirando entornos y cercanías como si fueran todo el país. Que es lo que hacen los gobiernos de Mauricio Macri, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los tres tan porteños como el obelisco. Y los tres tan sensibles a la dura realidad de millones de argentinos como las cucarachas que sobreviven al calor y al frío extremos.

Así apuran las políticas de despidos, el cierre de fuentes de trabajo, la represión a los trabajadores y el generalizado desguace del Estado. Muchos han de pensar que no lo hacen de puro malos, y hasta les creerán cuando se hacen pasar por buena gente. Pero sus decisiones o su obediencia a sus mandantes (el hipercapitalismo, el poder económico concentrado y los cien veces malditos mentimedios) son letales. Y en el caso del presidente, además, un cinismo que parece de libro y una ignorancia de falta de ellos.

No son grandes explicaciones, desde ya, e incluso más bien heterodoxas. En todo caso conjeturas de provinciano adolorido por el paisaje que se aprecia en el interior profundo de este país cuyo mejor talento parece ser atormentarse a sí mismo cada equis años. 

La represión en la planta de Pepsico, con la bonaerense y la gendarmería oficiando de perros rabiosos, fueron la semana pasada la cara violenta de esa política porteña, unitaria y centralista, que protege a las grandes corporaciones y sirve de festín a los ricos, atropellando todos los derechos laborales en su afán de desindustrializar a la Argentina, y ante la pasividad de una dirigencia sindical cómplice y carente de vergüenza.

El Manifiesto Argentino se solidarizó con los trabajadores y sus familias, rechazando el necio, renovado macartismo hacia organizaciones políticas y sindicales, y exigió el cumplimiento de la sentencia de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que ordenó la reincorporación de los despedidos en base a que el derecho al trabajo es un derecho humano esencial y su cumplimiento es responsabilidad del Estado. 

Este colectivo, hoy ya con presencia en todo el país, denunció también y repudia enérgicamente la purga autoritaria que se está gestando en el Poder Judicial por iniciativa del Presidente Macri y sus lacayos, quienes pisotean derechos y leyes para garantizar la impunidad de su familia, socios y funcionarios, y defender multinacionales en contra de los intereses del país. En ese marco la embestida contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es una barbaridad jurídica que se agrega al sistemático ataque a las instituciones de la República que caracteriza a este gobierno.

El objetivo de disciplinar a toda la Justicia, desplazando y persiguiendo a jueces y fiscales independientes para colocar en sus cargos a militantes y adherentes del PRO y de la derecha del radicalismo, adquiere en este caso características escandalosas por la saña con que el propio Presidente persigue y difama a la Procuradora.

Claro que este avance autoritario sobre la Justicia no es nuevo. Ya se vio cuando el gobierno dispuso que Martín Ocampo (legislador del PRO entre 2007 y 2015) fuera nombrado Fiscal General de la CABA. Y más recientemente cuando, saltándose toda la normativa, se designó por decreto al juez Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la gobernadora Vidal, en la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal en la investigación de los sobornos de Odebrecht por el soterramiento del tren Sarmiento, cuyo principal involucrado es Ángelo Calcaterra, cuñado del Presidente y miembro prominente del Grupo Macri. 

Y para completar los atropellos jurídicos, ahí están los pedidos de juicio político a jueces y camaristas del fuero laboral que fallan a favor de los trabajadores. Con lo que la evidente intención de consagrar una Justicia propia es un escándalo institucional que debería rechazarse absolutamente y por principio. Por eso, también, indignan los silencios cómplices de connotadas diputadas dizque republicanas, hoy peleadas entre sí. 

El quebrantamiento de la legalidad que simbolizan los ataques a Gils Carbó es más grave aún en el contexto de irresponsable endeudamiento y entrega de soberanía que caracteriza hoy al Poder Ejecutivo. Y que son las razones de fondo de las medidas autoritaritas y degradantes de la democracia por parte del gobierno y los mentimedios, que en apenas un año y medio ya demuestran  que no son una derecha republicana, sino una derecha antidemocrática y violenta que está convirtiendo al Estado en mero garante de ricos y poderosos. 

Sobran pruebas de la maldad de estos tipos. Hoy los jubilados deben viajar para conseguir originales de partidas de casamiento de hace 50 años, o constancias de defunción porque se les exige mostrar original y fotocopia. En los países que estos tipos llaman “serios” y que tanto admiran, es exactamente al revés. Y ni se diga de la miserable conducta que están teniendo con discapacitados y enfermos, mientras preparan la inminente privatización de la salud pública.

Ante “tantas injusticias repetidas”, como dice la memorable “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez, es inevitable preguntarse cuánto más aguantará este país. Cuánto más daño hará falta para que los corramos a votos de una vez.