Tras la detención de siete jóvenes el pasado viernes, que horas más tarde fueron liberados, un grupo de vecinos autoconvocados junto a organizaciones ambientalistas continuaban ayer acampando en el parque Sarmiento de Casilda, el mayor pulmón verde de la ciudad y espacio de infancias, para evitar que sigan talando árboles centenarios en el lugar donde está proyectada la construcción del edificio que será sede de los Tribunales. "A esta altura de lo que sabemos del cambio climático, de la necesidad de tener espacios verdes en las ciudades, hacer eso es como mínimo contradictorio", reflexionó el doctor en Agroecología, Eduardo Spiaggi. "La clase dirigente en general, y muchos políticos en particular, no están a la altura de la magnitud que tiene la importancia de la crisis climática. Las ciudades necesitan ser más resilientes, estar más adaptadas. Debemos cuidar lo que ya tenemos y armar nuevos espacios verdes, forestar. Hay barrios, tanto en Casilda como en Rosario, que no tienen un solo árbol, sacarlos en ese contexto es inconcebible", consideró el investigador.

El pasado 29 de noviembre, un grupo de vecinos de Casilda inició un acampe en el único parque de la ciudad, humedal y espacio de infancias, el parque Sarmiento. Desde la Multisectorial Humedales señalaron que la protesta pacífica comenzó en un intento desesperado por evitar la tala de decenas de árboles en pos de un proyecto que no cuenta ni con estudios de impacto ambiental ni con permisos de obra. 

"Los responsables del desmonte son elsenador provincial, Eduardo Rosconi, el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, el gobernador Omar Perotti y la jueza Laura Babaya, que no da respuesta al amparo ambiental presentado por laciudadanía", señalaron en un comunicado el día que se llevaron detenidas a siete personas que realizaban el acampe en el parque.

Según Spiaggi, titular de la cátedra de Biología y Ecología en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR e integrante del Centro de Estudios Ambientales, en este contexto de 40 grados, ponerse a sacar 40 árboles es realmente inconcebible y parece una historia futurista. "Es el principal parque urbano de Casilda, está a seis cuadras del centro, a seis cuadras de la Municipalidad, y es totalmente visitado por los sectores más humildes de la ciudad que buscan el parque, la pileta municipal, para estos días de verano, esa es otra contradicción, no se está a la altura de la magnitud que tiene la crisis ambiental", argumentó.

El también miembro fundador del Comité Universitario de Política Ambiental y del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente subrayó que no escucho a nadie que esté en contra de la obra, pero sostiene que hay que hacerla en otro lado para que no genere conflicto. "Poner las oficinas de Tribunales en un lugar menos desarrollado hubiera sido mejor para darle otra centralidad a la ciudad, si hay algo que sobra en Casilda son terrenos", describió Spiaggi. 

"Hasta donde sabemos no hay ninguna autorización del Mjnisterio de Medio Ambiente provincial ni de nadie que autorice sacar esos árboles e intervenir el parque. En ese sentido, desde la Facultad vamos a presentar mañana una nota al Ministerio. Más allá de que desde el Centro de Estudios Ambientales de Veterinarias sentemos posición, estamos convencidos que están muy decididos a avanzar. También se presentará en el Concejo de Casilda un proyecto para pedir la paralización de la obra y que se haga un plebiscito",  señaló el docente e investigador de la UNR. 

Luciana Luraschi, integrante de la agrupación ambientalista El Paraná no se toca, adelantó que serán recibidos mañana por el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, y el senador del departamento, Eduardo Rosconi, autor del proyecto. "Veremos qué propuesta tienen para hacer, pero desde ya nosotros no vamos por la remediación porque eso implica producir el daño y la extracción de todos esos árboles que tenemos en el parque, no estamos dispuestos a eso. Va a ser insostenible porque el otro día cuando entraron las máquinas y se llevaron puestos seis árboles fue catastrófico, no creemos que se pueda sostener otra propuesta que no sea la relocalización", planteó Luraschi.

El pasado viernes, la policía se llevó detenidas a siete personas, entre ellas tres estudiantes de la Facultad de Veterinarias, que intentaban impedir en un acampe pacífico el ingreso de las máquinas en el lugar, una zona de riesgo hídrico según un estudio de la UNR y que está definido como ecosistema de humedales por la ley provincial de áreas naturales protegidas. Horas más tarde fueron liberados. "Llegaron seis móviles con 25 efectivos, fue tremendo, pero están todos bien, aunque uno de los compañeros tuvo que ser hospitalizado porque es insulino dependiente", describió ayer la ambientalista en la previa de una nueva asamblea.