La Legislatura porteña prevé realizar el próximo jueves la última sesión ordinaria del año en medio de un clima político enrarecido por la filtración de los chats entre funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y jueces federales, que provocó que el interbloque oficialista que responde a Horacio Rodríguez Larreta esté a la defensiva y estudie la posibilidad de no dar quórum.

Según informó Telam, Juntos por el Cambio (JXC) apuntaría, así, a desactivar un posible escenario de debate en el recinto en el cual el Frente de Todos (FDT) buscará avanzar con el inicio del juicio político al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro y al fiscal general Juan Bautista Mahiques por su participación en el intercambio de mensajes en los que diseñaban una estrategia para encubrir un viaje a Lago Escondido, en Bariloche.

"No hay chances de que ignoren la posibilidad de tratar los expedientes que tienen que ver con el juicio político. Como bloque, no vamos a cesar, y necesitamos que todas las fuerzas políticas democráticas estén a la altura de las circunstancias", reclamó el legislador del FDT Javier Andrade, quien destacó que "si no tienen nada que esconder, que vengan y rindan cuentas, que pongan la cara".

Para la legisladora Claudia Neira, en tanto, "si existe alguna voluntad de defender el estado de derecho en esta ciudad" y los "principios básicos del republicanismo, debería ser el propio Horacio Rodríguez Larreta quien plantee a sus funcionarios que se sometan a un juicio".

La exhortación del FDT alude a que, de acuerdo a la actual composición del Parlamento porteño, el interbloque oficialista suma 32 bancas de las 60, mientras que la oposición reúne las restantes 28, cifra que impide que con los votos propios quede aprobada la "formación de causa" contra ambos funcionarios por "mal desempeño y comisión de delito".

Los chats del ocultamiento

De acuerdo a los diálogos divulgados, D´Alessandro y Mahiques colaboraron en una maniobra para tapar los detalles del viaje a Bariloche, durante el cual se alojaron en la propiedad administrada por el empresario británico Joe Lewis junto a jueces federales y empresarios del Grupo Clarín.

Además, el ministro que está al frente de la Seguridad en la Ciudad amenazó al titular de la PSA, mientras que el fiscal general habló de "limpiar un mapuche", en referencia al conflicto que mantiene ese pueblo originario con Lewis, dueño de miles de hectáreas en la Patagonia argentina, en cercanías de la frontera con Chile.

La situación, en tanto, fue calificada por los dirigentes de JXC en la Legislatura porteña como "una desprolijidad, pero no un delito", por lo cual descartaron de plano el apoyo al proceso de enjuiciamiento y agregaron que "por ahora" está en pie la sesión del jueves 15, la última del año de carácter ordinaria en la cual está previsto el tratamiento de un centenar de expedientes.