La Aduana denunció penalmente una maniobra mediante la cual una empresa que había obtenido una autorización del viejo Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) se la cedió a otra firma sin SIMI aprobada para que ésta pudiera ingresar cascos de moto y de bicicleta de montaña de alta gama al país, en un uso gravemente irregular de los dólares del Banco Central. Los cascos en cuestión son de la reconocida marca Alpinestars, cuya mercadería proviene de China, pero es facturada desde su casa matriz, en Italia.

La empresa que efectivamente tenía la vieja SIMI es TECNO GNC SRL, dedicada a la comercialización de equipos de gas natural comprimido para autos. Ésta es la que acabó cediendo la SIMI al verdadero importador de los cascos, RACE IN SRL, que cuenta con la licencia para importarlos y los vende en locales que posee en centros comerciales —incluso, las cajas en las que los cascos ingresaron al país llevaban impreso el nombre de RACE IN.

La causa ahora tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde se investigan potenciales delitos previstos en el Código Aduanero, habida cuenta de que la empresa dedicada al GNC realizó la importación de los cascos sin tener el necesario Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS). Para burlar ese requisito, la firma declaró que estaba importando cascos de bicicleta de montaña.

En ese contexto, se ordenaron allanamientos y el secuestro de 1.644 cascos cuyo valor asciende a 305 mil dólares, más de 52 millones de pesos. Dado que las SIMI son intransferibles, la multa que aplicará la Aduana podría ser de hasta 725 mil dólares.

El ordenamiento del comercio exterior que inició el ministro Massa obligó a dar de baja las SIMI en forma generalizada por la reiterada detección de este tipo de maniobras. Respecto al sistema que regía el comercio exterior antes de que asumiera sus funciones, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, señaló: “Somos conscientes de que la principal causa de este tipo de maniobras es la brecha cambiaria. Son operaciones que buscan engañar a la Aduana con un único objetivo: obtener dólares a valor oficial en forma irregular. Pero más allá de la brecha, si los controles del Estado carecen de rigor técnico y profesional, el problema se agrava”.

Luego, añadió: “Si pensamos en los controles que tiene que realizar el servicio aduanero y en la tecnología involucrada, el viejo sistema SIMI era muy precario. Se requiere disponer de información en forma anticipada y poder realizar cruces de datos de manera eficiente. Es insólito que en su momento una empresa de GNC haya podido importar cascos de motos”.

Entre las irregularidades verificadas en torno a las SIMI se incluyen:

* Sobrefacturación de importaciones, "inflando" el valor de lo que se importa mediangte triangulación de operaciones (compra a un intermediario cuyo único fin es aumentar el precio) o uso de documentación falsa (adquisición de facturas "truchas");

* Presentación de pedidos de autorización excesivos (se detectó que, en los primeros nueve meses del año, para la gestión del total de bienes importados, se emitieron SIMIs por un valor 65 por ciento superior correspondiente a esas mismas compras)

* Uso abusivo del recurso de las cautelares judiciales, que les permitía a las empresas obtener una orden judicial para que las autoricen a importar. En muchos casos, se verificó que estas "licencias judiciales" eran utilizadas para importar hasta cinco veces lo que eran las necesidades "normales" de la importadora, o que el permiso judicial era "alquilado" a otras firmas para que lo usasen para otras importaciones sin relación con la actividad habitual del importador.

En octubre el SIMI fue reemplazado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El nuevo esquema creó una serie de mecanismos por el cual busca transparentar toda la secuencia de las operaciones (su trazabilidad) y verificar el destino de las divisas giradas por el Banco Central al importador. Una de estas herramientas es la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, que concentra el control que deben realizar el Banco Central, la AFIP y Secretaría de Comercio en un solo instrumento. Actúa como una suerte de tablero de control para todo el monitoreo en tiempo real, tanto del flujo financiero como físico.