Nadia Schujman está por cumplir 20 años como abogada de la agrupación HIJOS Rosario. El 29 de noviembre pasado entró en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe rodeada de una movilización con compañeras y compañeros de todo el país que la alentó, y repudió la causa que enfrenta como ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, durante la gestión de Marcelo Sain. La imputación de los fiscales Rafael Hernández y Federico Grimberg se centra en el espionaje ilegal, aunque también endilga asociación ilícita, incumplimiento de deberes y malversación de fondos. Ubica a Schujman, junto a Débora Coticchini, como organizadoras de la asociación ilícita, y a Sain como jefe. En total, son siete imputados. En la imputativa frente a los fiscales, Schujman afirmó que en la causa “se violaron hasta el momento la igualdad ante la ley, el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la propiedad privada, la intimidad y la garantía de juez natural”. En diálogo con Página/12  plantea que la profusa difusión de las escuchas de su teléfono personal la ponen en riesgo, ya que expone las investigaciones que había hecho sobre sectores policiales vinculados con el delito.

En realidad, las denuncias sobre irregularidades en la causa comienzan desde el momento del allanamiento en el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre de 2021, cuando Nadia y otros funcionarios ya habían renunciado a sus cargos. Sain había dejado el ministerio ocho meses antes, en marzo. El allanamiento fue ilegal, sin orden judicial ni testigos, según denuncia Schujman desde aquel momento. “Cuando se realizan las pericias, hubo un sinnúmero de irregularidades graves, tanto que nosotros hicimos una denuncia penal que no tiene respuesta el día de hoy, porque estaban violadas las cadenas de custodia. Desapareció el disco rígido en mi computadora, después mi teléfono fue enviado a Brasil y nos notificaron en la noche anterior, con el único objetivo de sustraerlo del control de parte”, desarrolla la abogada, quien asegura que esas pericias podían hacerse en Argentina. “No tenían ningún elemento para la urgencia ni para nada, porque estuvieron un año de pesca buscando en contra nuestra a ver qué podían encontrar. Entonces, mandaron este teléfono a una pericia totalmente ilegal después cuando obtienen la extracción, la entregan a todo el mundo, sin ningún tipo de filtro”, sigue la profesional.

El resultado: “Toda mi vida privada de los años y medio y la difunden por todas partes, la extracción de mi teléfono la tiene un número indeterminado de personas, circula por todos lados. Es una violación sin precedentes al derecho a la intimidad de alguien, pero por otro lado me pone en riesgo, porque en mi teléfono había información intercambios confidenciales, justamente sobre investigaciones judiciales sobre facciones sumamente peligrosas de la Policía. Ahora todos los policías ya saben que yo los investigaba, hasta dónde llegamos”, denuncia Schujman sobre la tarea de la Fiscalía.

“Creo que uno de los objetivos de esta causa, además de disciplinarnos y que nadie más investigue, era ver hasta dónde habíamos llegado con las investigaciones. Había gente que estaba muy preocupada por ir presa, esa gente es la que va por nosotros también, es la que necesitaba saber hasta dónde habíamos llegado con las investigaciones, a quiénes investigamos y un claro ejemplo es por ejemplo Gustavo Scaglione, que sabía que había una investigación judicial en contra de él y estaba desesperado por ese motivo y por eso hoy es uno de los querellantes de la causa”. Schujman habla del propietario de Televisión Litoral, el multimedio más importante de la provincia de Santa Fe, además del diario La Capital y otra radio, LT8. En sus medios se insiste con las escuchas.

La abogada señala también al diputado provincial de la Unión Cívica Radical Maximiliano Pullaro -ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Miguel Lifschitz- como uno de los responsables del escarnio público al que es sometida, con la difusión de extracciones de su teléfono personal. Pullaro es uno de los impulsores del Frente de Frentes, que aglutine a toda la oposición en Santa Fe en torno a Juntos por el Cambio, y tiene aspiraciones a ser gobernador por esa fuerza política.

Nadia se incorporó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Hermes Binner, para hacer tareas relacionadas con las políticas de memoria y la investigación en los archivos de la provincia. En cuanto a su trabajo en el Ministerio de Seguridad, Marcelo Sain la convocó cuando asumió, en diciembre de 2019, como primer ministro del área del gobernador Omar Perotti. “Formalmente, era asistente técnica nivel 1, asesora del ministro, pero el ministro me designó a cargo de la Agencia del Control Policial. Al subsecretario Diego Rodríguez lo traje conmigo porque era una persona de mi confianza, habíamos recorrido juntos cárceles y comisarías como parte de nuestro trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos y yo sabía que conocía mucho de la policía”, planteó Schujman.

Apenas se recibió, Nadia se incorporó al equipo jurídico de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. “Era amiga de algunos de los militantes de HIJOS y a partir del trabajo en los Juicios por la Verdad me empecé a acercar más. Hablé con Eduardo Toniolli (uno de los fundadores de HIJOS Rosario y actualmente diputado nacional por el Movimiento Evita) para que se constituyera como querellante en la causa por la desaparición de su papá, y me invitaron a una reunión. Los conocía a todos, me hicieron preguntas sobre qué implicaba ser querellante y decidieron tomarlo como HIJOS. “Para nosotros, la querella de uno es la querella de todos”, le dijeron y fue su primera lección sobre la militancia en HIJOS. Desde su fundación, en 1995, la agrupación rosarina tuvo población abierta: se integraba quien quisiera militar, tuviera o no un familiar que haya sido víctima del terrorismo de Estado.

Se integró como militante de HIJOS en 2003, y más tarde comenzó a querellar en los juicios penales, cuando se abrió la posibilidad. Desde 2009 y hasta el momento, participó como representante de HIJOS en diez juicios por delitos de lesa humanidad, la mayoría en los Tribunales de Rosario y uno en Santa Fe. Sus representados han manifestado el apoyo profusamente a través de las redes, y muchos fueron a la manifestación en apoyo, el día de la imputación.

“Desde un primer momento planteé el apartamiento de los fiscales, porque teníamos un enfrentamiento público con ellos y no nos hicieron lugar. Lo único que demostraron en este año es que teníamos razón, que debían ser apartados porque violaron todas las garantías de la ley y la objetividad con la que se tiene que conducir la Fiscalía”, asegura Schujman, rodeada del apoyo de organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, la Red Nacional de HIJOS y el colectivo de abogados Mario Bosch, entre muchos otros.

Cómo sigue la causa

El miércoles pasado el juez Martín Torres denegó el pedido de prisión preventiva que habían pedido las querellas –no así la fiscalía- para Sain, y sí le impuso restricciones para salir del país o acercarse a testigos. Hoy será el turno de las medidas pedidas para Schujman y otros imputados. Algunas querellas también pidieron prisión preventiva, aunque el antecedente de lo ocurrido con Sain hace improbable ese escenario.

Mientras tanto, el juez Jorge Patrizi escuchó a las partes y deberá resolver en los próximos días, por escrito, si acepta el pedido de las defensas para que la causa sea tramitada en el fuero federal. A través de su abogado Juan Lewis, fundamentó que el delito de espionaje ilegal o violación a la ley de seguridad nacional pertenece a ese fuero. Antes de la imputación –que demoró un año en hacerse efectiva-, cuando Sain se autodenunció en la justicia federal, el fiscal federal Diego Rodríguez y el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez consideraron que no había ningún motivo para iniciar una causa por espionaje ilegal.

En la actualidad, son siete los imputados en la causa. Además de Sain, Schujman y Coticchini (que era directora del Organismo de Investigaciones de Fiscalía), Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública); Agustina Mounlins (contratada durante la gestión); Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública).