Tras conocerse este fin de semana largo la liberación de D. T., la mujer de 36 años en extrema vulnerabilidad social que estuvo presa más de un mes en el marco de una causa "por haber abortado" que lleva adelante la Fiscalía de Cañada de Gómez, la Defensa Pública Penal apuesta a que el caso sea analizado por la Cámara Penal de Rosario este martes. "El principal agravio tiene que ver con la imputación que entendemos totalmente defectuosa", dijo su representante legal. Además, la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, que durante el tiempo que la mujer estuvo arrestada reunieron más de 580 firmas para exigir "libertad ya" y "no más presas por abortar", presentará hoy un amicus curiae para que sea analizado por la Alzada, en el marco del expediente.

La liberación de D.T. y un vecino también imputado en el caso tuvo que ver con un informe médico que apunta a que por el momento -se espera un análisis ampliatorio del forense- no hay indicios de que haya habido aire en los pulmones de los dos fetos. Como publicó ayer este diario, la mujer quedó voluntariamente en el Agudo Ávila hasta tanto se realice una derivación en relación a su situación social y la de su familia.  

Si bien la defensora Florencia Chaumet, del Servicio Público de la Defensa Penal planteó que se recibió con beneplácito la libertad, aclaró que es "una situación compleja en cuanto al daño que se le hizo a ella y su núcleo familiar", y habló de lo que significa "que salga y vaya a su casa, ante la condena mediática y social que hubo". Para la defensora de D.T. "son procesos muy complejos. No desistiremos de la apelación (cuya fecha ya estaba fijada), porque el principal agravio tiene que ver con la imputación (de homicidio calificado, por haber ingerido pastillas) que entendemos totalmente defectuosa y si el día de mañana los estudios que deben ampliarse llegan a decir otra cosa, aunque no parece probable, queda la posibilidad de sostener una imputación". También hay abierto un planteo de nulidad por los "supuestos dichos de ella, que en realidad fueron por presión policial, estando internada y puérpera, sin asistencia letrada".

Por su parte, Vanesa Vargas, integrante de La Colectiva, agregó que D. T. "no deja de ser una mujer sometida a un proceso penal por haber interrumpido su embarazo, por haber abortado. Al no haber ningún control de embarazo, ella no tenía forma de saber de cuánto estaba. El resto de las ponderaciones que pueda hacer la fiscalía son irrelevantes. Incluso sin saber este dato de fechas, no hay ninguna intención particular por parte de una persona gestante más que la de interrumpir su embarazo, que es un derecho".

Cuando se conoció el caso, en noviembre pasado, desde La Colectiva señalaron que la mujer "se realizó un aborto en la clandestinidad porque aunque haya algunos derechos elementales garantizados, en el plano de la realidad no depende de los derechos reconocidos en lo formal sino de las oportunidades reales de las personas. En este caso se dejó de lado que la falta de deseo de continuar un embarazo y luego maternar es una causa de aborto legal".

Ante la apelación de la defensora, el mes pasado La Colectiva comenzó a preparar un escrito para que se la habilite como amicus curiae -amigos del tribunal-. "Queremos que llegue a la jueza y se dé a conocer nuestra posición jurídica, que acompañan también otras organizaciones y personas que firmaron por la libertad de D.T. Para nosotras es necesario que la Cámara se expida no solo en materia de la imputación y la criminalización que se está llevando sobre esta mujer, porque la fiscal no desistió, no decidió archivar la causa, simplemente dio la orden para la libertad. Consideramos que (el fondo de la cuestión) merece una revisión por más que ella no esté más en prisión preventiva, ya que lo consideramos una situación de violencia institucional, tanto de la fiscal Gabriela Lescano que pidió la medida cautelar como del juez Álvaro Campos que la avaló sabiendo cuáles eran las condiciones, viéndolas de primera mano. Nos parece un acto de nula humanidad, más allá de la teoría del caso. Entendemos que no hay delito", dijo Vargas.

En ese sentido, agregó que la importancia de que el caso se analice en la Cámara de Apelaciones es porque si no "se corre el riesgo de que esto vuelva a suceder, porque no conocemos ninguna suerte de formación o capacitación que la fiscalía haya hecho desde el momento en que quedó presa D.T. hasta que la fiscal ordenara la libertad, como para reflexionar sobre una postura altamente punitivista y criminalizadora de una mujer que decidió abortar. Consideramos que es un peligro el accionar y no es objetivo. La mirada de la fiscal es una mirada peligrosa para mujeres y disidencias que transiten el fuero penal como persona investigada, porque como Colectiva notamos que hay sesgos discriminatorios, estereotipantes. Celebramos la libertad, pero entendemos que es lo que se tendría que haber hecho desde un principio".

Además, la abogada de la Colectiva planteó que "cuando la fiscalía señala a alguien como autor de un delito, recae en esa persona todo el punitivismo social, y por más que la fiscalía se haya equivocado y eso se resuelva judicialmente después, no es tan fácil de desarmar porque el punitivismo cae de la sociedad que nos rodea. Entonces ¿cómo repara el daño generado en ella? ¿Lo intenta reparar, le importa y es consciente, registra el daño causado? Estamos hablando de una persona que está en situación de consumo, con una problemática que tiene intención de abordar. La fiscal, como funcionaria pública, ¿le dio herramientas para que pueda abordar su situación de salud cuando le dio la libertad, o simplemente se la dio a su suerte? La vida de una persona no se rearma de una manera tan sencilla", planteó sobre los interrogantes que se abren.

También indicó que la nota que se presentó ante la Fiscalía Regional para que se analice el caso fue contestada, pero que esperaban "otra cosa". "Nos dicen que como Colectiva tenemos una teoría diferente a la de la fiscalía, y lo sabemos", aunque aclaró que no son parte en el proceso. "Además nos sugirieron que ante el planteo de que se hagan capacitaciones por estos temas, hagamos el pedido en la Fiscalía General".