Pasaron 10 años del escandaloso fallo de la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, que absolvió a los 13 imputados en la causa por el secuestro de María de los Ángeles Verón. Como consecuencia de ese fallo, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamó a sesiones extraordinarias para aprobar el proyecto de modificación de la ley de trata que ya tenía media sanción del Senado. Con los cambios a la norma, actualmente  “el consentimiento dado por la víctima de trata y explotación de personas no constituye en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”, mientras que antes “obligaba a las víctimas mayores de 18 años a probar que no habían dado su consentimiento para ser traficadas”.

La periodista Sibila Camps, que cubrió el juicio que comenzó en febrero de 2013 en Tucumán, escribió una extensa nota titulada “La penumbra de los prostíbulos” para recordar un proceso judicial que deja en claro la existencia de una red encubrimiento político y judicial respecto de la trata de personas y la explotación sexual.

“Fue como si durante 10 meses hubiéramos estado mirando todos los días a un elefante, y de pronto vinieran tres biólogos y nos dijeran que no, que eso era una grulla. Esa sensación tuvimos el 11 de diciembre de 2012 a última hora, cuando el Tribunal Oral II de Tucumán absolvió a las 13 personas acusadas de haber secuestrado y prostituido a Marita Verón. El fallo provocó tal indignación, que durante los dos días siguientes, cientos de miles de personas se lanzaron a la calle en todo el país, en repudio a la ausencia de justicia”, recuerda Camps.

María de los Ángeles Verón tenía 23 años cuando fue secuestrada. Fue por un turno a la maternidad para la colocación de un DIU y nunca regresó. Vivía con su pareja, David Catalán y padre de su hija en un barrio obrero de la capital. Susana Trimarco y Daniel Verón denunciaron la desaparición de su hija, el 3 de abril de 2002 y hasta la actualidad  sigue sin aparecer.

“Lo poco que consiguieron averiguar sus familiares y sus amigas fue por sus propias indagaciones, ya que la Policía no hizo más que desviar la investigación y plantar pistas falsas. Recién unos meses después, con la intervención de Jorge Tobar, un comisario de Bomberos amigo de Daniel Verón, pudieron saber que había sido raptada por una red de trata sexual y llevada a prostíbulos de La Rioja. Marita no pudo ser hallada a causa de la complicidad del poder político de Tucumán –que protegió a Rubén la Chancha Ale y a su pareja de entonces, María Jesús Rivero, cabezas de la red prostituyente en esa provincia–, y de funcionarios judiciales tucumanos y de La Rioja”, relata Sibilia Camps en la nota periodística en el sitio de periodismo de frontera Socompa.

En noviembre de 2004 una nueva fiscala pidió que se juzgara a 10 de los 25 imputados e imputadas. Tras la apelación de la querella, la causa fue elevada a juicio en marzo de 2005 por 13 personas: 4 de Tucumán –María Jesús Rivero y su hermano Víctor, acusado de ser el autor material del rapto–, Daniela Milhein y su entonces pareja, Alejandro González –por haber mantenido a Marita cautiva y drogada en su casa; y 9 de La Rioja: Irma Lidia Liliana Medina, jefa de la red; sus hijos mellizos José Fernando el Chenga Gómez y Gonzalo José el Chenguita Gómez –los 3, dueños de otros tantos prostíbulos–, y mujeres y hombres que trabajaban en ellos, incluido un entonces policía.

Las audiencias comenzaron el 8 de febrero de 2013 y “desde el primer minuto el tribunal fue tejiendo la trama de protección para salvar a los integrantes del clan Ale. Mejor dicho, desde antes del inicio. Ninguno de los jueces –Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano–, ni del resto del personal del tribunal concurrió a las capacitaciones sobre violencia de género y trata brindadas los días anteriores por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco lo hicieron los fiscales Manuel López Rougés, octogenario y sordo, ni su adjunto Carlos Sale, sin experiencia en juicios orales, una carencia que compartía con el juez Romero Lascano. Sobre las testigos que habían sido víctimas de trata y habían estado con Marita, “el tribunal no sólo no propició las condiciones adecuadas para que pudieran contar lo que recordaban, sino que también las obligó a declarar a un par de metros de sus secuestradores y explotadoras. Jamás frenó la brutal revictimización que sufrieron, casi siempre a lo largo de 2 o tres 3, lo que provocó que la mayoría se descompensaran después de la primera jornada, incluso con necesidad de alguna hospitalización”.

"Desde el principio había quedado clara la voluntad de los jueces de absolver a María Jesús y Víctor Rivero, porque una condena los obligaría a ordenar la investigación de La Chancha Ale; pero cuando las testigos ubicaron a la mujer y a Ale también en La Rioja, junto con Liliana Medina, “se vieron en la necesidad” de extender el beneficio a las trece personas juzgadas. El fallo, de pésima redacción, es un compendio de recortes, mentiras, omisiones, incoherencias y, sobre todo, contradicciones. Los jueces afirmaron que sí, que esas 13 personas conformaban una red de trata, y que las testigos habían sido sus víctimas, pero a esas mujeres no les creyeron que hubieran estado con Marita Verón", relata. 

El 8 de abril de 2014, la Corte –esta vez con sus titulares– firmó 10 condenas: José Fernando “Chenga” Gómez y Gonzalo “Chenguita” Gómez (22 años); Daniela Milhein y Andrés Alejandro González (18 años); Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada (17 años); María Azucena Márquez (15 años); Humberto Juan Derobertis (12 años), y Mariana Natalia Bustos y Cynthia Paola Gaitán (10 años); a la fecha, todas y todos se encuentran cumpliendo su condena. Lidia Irma Medina murió de un infarto el 25 de febrero de 2013, tras ser trasladada desde la cárcel, donde estaba con prisión preventiva en una causa por narcotráfico.

Camps cuenta que "en cuanto al clan Ale, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) llevaron a la Justicia Federal una denuncia que Susana Trimarco había radicado en esta última mucho antes del juicio, pidiendo investigar al clan Ale por lavado de activos. El juicio se inició en diciembre de 2016 contra 16 personas, incluidos La Chancha y El Mono Ale, sus parejas y ex parejas –entre ellas, María Jesús Rivero– y otros cómplices. Un año después, los Ale fueron condenados a 10 años de cárcel, la Rivero a 6, y el resto recibió penas de 3 a 7 años, menos tres imputados que fueron absueltos. Uno de ellos, Roberto Dilascio, ex pareja de Rivero, también fue finalmente condenado cuando la UIF recurrió en casación"

Eran prostíbulos y las llamaban “whiskerías"

Luego del fallo, La Rioja cerró los locales conocidos como "whiskerías", que encubrían prostíbulos. El cierre de estos lugares, que eran habilitados por los municipios, fue ordenado por el Juzgado Federal de la provincia a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena. En septiembre de 2014 fue derogada por la Legislatura la ley 8.166, sancionada en 2007, que regulaba el funcionamiento de ese tipo de locales y preveía controles sanitarios para las personas que trabajaban en ellos.