La Junta Promotora del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana creado bajo la inspiración del Papa Francisco en el Vaticano el 4 de junio de 2019 emitió un duro comunicado de dos páginas en el que hizo “pública su preocupación por los recientes acontecimientos judiciales sucedidos en la Argentina”. “Hemos observado cómo el fenómeno del ´lawfare´ denunciado por el Papa Francisco -al momento de la creación de este Comité- como ´una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales´, ha nuevamente sacudido a un país de la región: Argentina”. Es “imperativo que las/os colegas magistradas/os de los países afectados por las estrategias de lawfare --dijeron-- que no comulgan con esas prácticas espurias, se diferencien y distingan, alzando una voz crítica y firme para defender la institucionalidad”.
En aquella oportunidad, recuerdan, el Papa Francisco señaló: “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia en los países, generalmente, es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los Derechos sociales”. Asimismo, “en diversas conversaciones sostenidas con Su Santidad, nos ha advertido sobre los ´usos disfuncionales´ del Derecho. Ha explicado con detalle cómo el Lawfare altera el normal desarrollo de una decisión judicial, partiendo por el final deseado, olvidando el mérito de las causas y sólo respondiendo a la necesidad ya instalada, por algunos medios masivos de comunicación, de ´linchar´ a determinados líderes políticos”. En ese sentido, “consideramos que, obviamente, esas alteraciones de los escenarios democráticos tienen por fin último el mismo que tuvieron los procesos militares en la era del Plan Cóndor o las democracias liberales de los años ‘90: el progresivo deterioro del rol estatal para facilitar el proceso de expoliación y saqueo de riquezas y recursos naturales. La historia trágica de nuestro continente tiene un hilo secuencial de dominación y vaciamiento, que sólo se interrumpió en los momentos en que los sectores populares lograron ejercer auténticamente el poder”.
Y agregaron: “Las conductas complacientes de las élites internas y las voracidades coloniales de los países centrales, en coordinada actuación, han sido responsables del deterioro de la calidad de vida y de la vulneración de los Derechos Sociales de vastos sectores de la población. Estas advertencias del Papa Francisco se han hecho infelizmente realidad hoy en la República Argentina: vemos con nitidez cómo se ha instrumentalizado a un sector del poder judicial para permitir la proscripción política, y en paralelo, como esa acción queda al desnudo con la revelación de los encuentros impropios de varios de sus protagonistas con sectores de dominación mediática. Compartimos las preocupaciones del Papa y hacemos un llamado a la comunidad política argentina y americana para advertir sobre el grave riesgo que se cierne sobre la democracia si estas formas de sustitución de la voluntad popular se mantienen impunes y sin freno. Tenemos en claro que la manipulación legal y el linchamiento mediático son las bases de la anomia. Al minarse los procesos políticos y destruirse las reglas y los pactos de convivencia, se incita a la violencia social y al caos. El cuadro resultante no sólo es inconveniente para los sectores populares: nadie tiene garantías en un país cuya justicia se corrompe y sus instituciones se descomponen”.
En representación de la Junta Promotora de COPAJU firmaron su presidente, el argentino, Roberto Andrés Gallardo; la brasileña y vicepresidenta Ana Inés Algorta Latorre, el chileno Daniel Urrutia Laubreaux y el argentino Gustavo Daniel Moreno.
