La Comunidad Lule de Finca Las Costas denunció el "cajoneo del proyecto de modificación de la Ley 7121" en la Cámara de Diputados, y recordó que esta semana perderá estado parlamentario, a menos que se trate sobre tablas o que antes de fin de año el gobernador Gustavo Sáenz convoque a una sesión extraordinaria. 

En un comunicado el Pueblo Lule denunció la vulneración de derechos constitucionales de los pueblos originarios tales como la autodeterminación, la participación y representación, además de las carencias en capacitación en derechos indígenas y criterios de asistencia a colectivos vulnerables de parte de legisladores y legisladoras.

El proyecto de modificatoria de la ley 7121 fue aprobado en 2019 por la Cámara de Senadores, y al obtener la media sanción pasó a la Cámara de Diputados, donde quedó a la espera durante tres años a pesar que desde entonces se exige el tratamiento de la modificación que amplía el reconocimiento oficial a cinco pueblos originarios que habitan el territorio salteño: Lule, Iogys, Tastil, Atacama y Weenhayek. Este reconocimiento les permite elegir representantes en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

"Pasaron camadas de diputados y diputadas en las comisiones de 'Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario', y 'Derechos Humanos', que, si bien recibieron a los cinco pueblos, nunca emitieron un despacho para que continuara el proceso administrativo", señala el comunicado. 

Los pueblos Iogys y Weenhayek viven en el departamento San Martín, el cual se encuentra en emergencia socio sanitaria, situación que no fue tenida en cuenta para garantizar el tratamiento del proyecto que llegaría a su reconocimiento. Además, el comunicado sostiene que "Lules, Atacamas y Tastiles también padecen las miserias de la falta de participación en políticas públicas".

"El cajoneo del expediente es violencia institucional y también es incumplimiento a los deberes de funcionario público porque (en la Cámara de Diputados) estuvieron avisados con el tiempo debido", manifestó el presidente de la comunidad Lule de Finca Las Costas y representante del Pueblo Lule ante el Consejo de Participación Indígena, David Torres.

El proyecto perderá estado parlamentario el próximo martes. Está previsto que esta semana en el recinto se trate "como tema único el presupuesto del 2023". Solo podría llegar a ser tratada si se la incorporara sobre tablas, "o que Gustavo Sáenz llame a una sesión extraordinaria para tratar este tema", sostuvo Torres. 

El diputado wichí Rogelio Segundo, presidente de la comisión de Asuntos Indígenas, convocó a una reunión para el lunes anterior con los referentes y las referentas de los cinco pueblos, pero después de que los hizo viajar a la ciudad de Salta después faltó a su propia reunión. "Dijo que se le rompió el vehículo. Se había comprometido a la reunión a las 14, y a pagar los pasajes de regreso de los iogys y weenhayek, no hizo ninguna de las dos cosas", manifestó Torres.   

El presidente de la Comunidad Lule dijo que seguirán con el reclamo. "Volveremos a presentar al proyecto, porque si no hay voluntad política hay que seguir los carriles. Vamos a recurrir a la justicia también". 

Sin garantías de los derechos indígenas

La Comunidad Lule resaltó la "poca o nula capacitación en derechos indígenas, y derechos humanos" de los legisladores y las legisladoras en la Cámara de Diputados.

En el comunicado se recuerda que en la última reunión entre referentes y referentas indígenas de los cinco pueblos con integrantes de la comisión de Asuntos Indígenas de Diputados hubo mujeres de pueblos originarios que "fueron increpadas, y acusadas de irrespetuosas, al usar su lengua madre, por parte de una diputada, y con la falta de reparo de esta situación por parte de la presidente de la comisión de Derechos Humanos". 

La cacica Elizabeth Medina había asegurado a Salta/12 que la diputada que les impidió hablar en su lengua materna había sido la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Indígenas y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Laura Cartuccia, aunque en un post en redes sociales esta legisladora dijo que fue otra la legisladora que cuestionó que se hablara en wichí. Sería Ana Córdoba, según aseguraron desde la Comunidad Lule.

Cartuccia no respondió las consultas de Salta/12 y respondió luego en un post de redes sociales. Para esta nota se volvió a consultar, pero tampoco hubo respuesta.

"Cartuccia fue testigo de una situación y no intervino", se afirma en el comunicado de la Comunidad Lule, en el que se asegura "que existe una revictimización de la situación en las redes de la diputada al reconocer que la situación existió pero que fue otra diputada". El Pueblo Lule también cuestionó el uso de "conceptos equivocados, y en desuso por tener cargas peyorativas, pero principalmente porque el movimiento indígena conquistó derechos del cual se desprenden categorías jurídicas determinantes para el sujeto de derecho".

"Como si fuera poco, también expresó (la diputada) que el expediente ingresó antes (de) que asumiera su gestión, como una excusa para no tratarlo en comisiones a pesar de los sucesivos pedidos de urgente tratamiento. La crispación por el uso de idiomas indígenas, agrava la situación, ya que no se reparó en la doble victimización de violencia institucional, discriminación", manifestó la comunidad.

De este modo, la Comunidad Lule apuntó a la falta de voluntad política, y a la "deshumanización de la lucha indígena en general". "Nos decían que son 60 diputados con voluntades individuales, cuando en realidad se agrupan en bloques, y lo demostraban en sus expresiones negativas, o afirmativas a la modificación de la ley 7121", se recalcó el comunicado.

"La presidenta de la comisión de Derechos Humanos Laura Cartuccia y su par Rogelio Segundo de la comisión de Asuntos Indígenas, suspendieron sucesivamente las reuniones, cambiaron de criterios en 180°, y relativizaron o acrecentaron la complejidad de una misma situación, evadiendo el cumplimiento de los derechos indígenas y tratados internacionales a los que la Argentina adhiere, y ratifica con fuerza de ley", denunció la Comunidad.

"La situación propiciada por responsables de las comisiones no se ajusta al derecho, pero no se limita los pueblos indígenas, sino que se expande a otros sectores que sufrieron históricamente la violencia en sus diferentes versiones, la burocracia, y la indiferencia política de los que expresan representar al pueblo, en la casa del pueblo", señaló al final el comunicado.