A partir de una denuncia más  presentada por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, el fiscal platense Alvaro Garganta pidió la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país, sin autorización judicial, del exJefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez y el exSubsecretario Administrativo, Walter Carbone, en el marco de la causa por supuesto "lavado de activos" mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración de Daniel Scioli.

La solicitud, que ahora deberá resolver la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, implicó también a la exDirectora General de Administración de la Jefatura de Gabinete, Sandra Mamberti y las excontadoras de esa cartera, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

Por otra parte, Garganta también ordenó tres allanamientos realizados esta tarde en los aeroparquesJorge Newbery y el de San Fernando para secuestrar documentación de la empresa de taxis aéreos  Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA, cuya oficina en Puerto Madero también fue allanada. El fiscal platense busca investigar en ese caso si se usaron fondos públicos de la provincia para viajes de la campaña presidencial de Scioli durante el año pasado. 

En cuanto a la causa que involucra a Pérez por "lavado de activos", la inhibición para el exjefe de Gabinete bonaerense y los otros exfuncionarios de Scioli será, según el requisitorio al que accedió DyN, por "un valor de 15 millones de pesos, monto estimado para garantizar "la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas" por el delito por el que están siendo investigados. 

Pérez y Carbone están acusados como "coautores" del delito de "peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Según Garganta, Pérez y Carbone sustrajeron, en por lo menos 25 ocasiones, "la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas". El fiscal indicó que se trató de 25 eventos "de gestión" entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015.

Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser "el beneficiario de los anticipos, y quién efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces ministro". La denuncia contra Pérez y su equipo derivó de una presentación que en junio realizó en la justicia platense la diputada Carrió contra la administración Scioli. 

Pérez fue citado a declarar el 7 de noviembre pasado, mientras que Carbone lo hizo una semana después, y ambos negaron su participación, al igual que los otros ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete que están incluidos en la investigación y que ahora podrían ser inhibidos por la justicia platense.