Lxs jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González, condenaron al exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por dos hechos de tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública, y por peculado de trabajos y servicios.

También fue condenado el empresario Sergio Armando, en su caso le pena impuesta fue a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, por dos intentos de fraude en perjuicio de la administración pública y por peculado, en calidad de partícipe necesario. Se lo condenó por la tentativa, según uno de los pedidos subsidiarios de la defensa, y no por la comisión del fraude, como llegó acusado por la Fiscalía.

El Tribunal también dispuso que se informe a la Unidad Central de Contrataciones de la provincia de la condena a Armando, titular de la firma El Montañez. Esto había sido solicitado por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, con el fin de que la provincia no vuelva a contratar a esta empresa.

El abogado que ejerce la defensa de Gonza, Fernando Teseyra, dijo a Salta/12 que presentará un recurso de casación contra la sentencia condenatoria, aunque se excusó de dar mayores precisiones porque recién conocerá los fundamentos del fallo dentro de cinco días. 

Por otro lado, el abogado Carlos Anagnostopulos, que defiende a Armando, se mostró disconforme con la sentencia y dijo que también la casará. 

Los jueces y la jueza dispusieron que a partir de que la condena quede firme para los dos imputados, ambos deberán cumplir reglas de conducta que consisten en fijar domicilio y comunicar cualquier cambio; someterse al control del Programa de Reinserción de Presos y Liberados; no cometer nuevo delito; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral o profesional; adoptar oficio, arte o profesión adecuado a su capacidad.

En caso de incumplir alguna de estas reglas de conducta, podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena, que pasaría al cumplimiento de prisión efectiva.

Sigue la investigación 

Además, el Tribunal corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de delitos por parte del  exsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, Marcelo Cil; el exsecretario de hacienda de la municipalidad de San Lorenzo, Rogelio Guaymás; el ex secretario de Obras Públicas del municipio y hermano del empresario condenado, Rodolfo Armando, y a "todo otro funcionario que pudiera haber tenido intervención" en los hechos que se juzgaron en este juicio.

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio había pedido que se investigue Marcelo Cil por haber emitido la certificación de obra terminada cuando no tiene un título que lo avale para hacerlo ya que es administrador de empresas. 

Mientras que las defensas habían señalado que Rodolfo Armando, hermano de Sergio Armando, debió haber sido uno de los primeros investigados, al igual que el actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia. Este último en la gestión de Gonza estaba a cargo de los asuntos jurídicos del municipio, pero según la fiscala, declaró que no sabía lo que pasaba en esa gestión.

Sin embargo, Anagnostopulos aseguró en los alegatos que Saravia sí sabía lo que pasaba en el municipio y que intentó salvarse y favorecer al intendente sucesor de Gonza, Federico Parra.

Vecinos de San Lorenzo expresaron a Salta/12 que la acusación contra Gonza estuvo orquestada por sus opositores, entre ellos Saravia, para que no vuelva a postularse como intendente. 

La fiscala Salinas Odorisio había pedido para Gonza la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que para Armando solicitó tres años y seis meses, ambas implicaban el cumplimiento efectivo.

Irregularidades en obras 

La acusación fiscal se basó en que dos obras públicas financiadas por el gobierno provincial y realizadas en la localidad de San Lorenzo se hicieron con irregularidades, con ahorro en materiales y del costo de mano de obra, ya que enviaron a trabajadores municipales no capacitados para esas labores, con el fin de quedarse con parte del dinero de ese presupuesto. Se trata de las casillas del programa provincial "Una casa para tu hogar" y de un puente o alcantarilla que también se hizo con fondos provinciales.

Esta causa se remonta a 2011 cuando se firmaron los contratos entre la provincia y la municipalidad, y entre ésta última y la empresa El Montañez. En las elecciones de ese año Gonza perdió la intendencia a manos del ahora exintendente Federico Parra. Salinas Odorisio detalló que la municipalidad había librado varios cheques, algunos tenían que ver con supuestos saldos por la construcción de las casillas y un puente, y otros "sin fundamento alguno", y uego se presentaron a cobrar estos cheques familiares y amigos de los ahora condenados. 

Parra pasó entonces los fondos de las cuentas del municipio a otra cuenta para que estas personas no pudieran cobrar. Según explicó la fiscala, ante esa imposibilidad, Rodolfo Armando realizó una denuncia penal el 20 de diciembre de 2011, y Hugo Armando inició un juicio ejecutivo que perdió por falta de legitimidad.

La fiscala señaló que debían construirse 30 casillas prefabricadas con fondos provinciales pero se hicieron 28. Indicó que según el plano las viviendas debían tener un baño adentro, los que no se realizaron en ningún caso.

Aunque las familias destinatarias dijeron que ellas mismas pidieron que no les hicieran los núcleos húmedos porque preferían contar con más espacio en esas casillas, la fiscala sostuvo que las prefabricadas se hicieron de 20 metros cuadrados cuando debían realizarse de 30 metros cuadrados según el plano. Incluso en los alegatos Salinas Odorisio mostró fotografías de los desperfectos de esas viviendas a causa del ahorro en materiales, a los que se suma la falta de conexiones eléctricas, y en las que la fiscala advirtió que las efectuó una persona que no estaba certificada para ello.

Por otro lado, en lo que respecta a la obra del puente, la fiscala señaló que también se hizo con desperfectos. Aunque los defensores plantearon que esa obra se hizo, y funciona como había quedado de la gestión de Gonza ya que los intendentes que siguieron no le hicieron arreglos.

Los defensores, al igual que la fiscalía, detallaron que hubo funcionarixs que certificaron incluso estas obras como bien realizadas, por ello se pidió que se investigue al exsecretario Cil. Aunque durante las réplicas y contrarréplicas Teseyra advirtió que desde el MPF, "No se investigó a la Secretaría de Hacienda, de Asuntos Legales y de Obras Públicas del municipio", como tampoco a funcionarios de la provincia. "No se investigó ni investigará", consideró, ya que pasaron 11 años y es probable que las causas estén prescriptas ahora.