La privatización de Arsat pone en riesgo nuestra soberanía nacional, por eso pedimos al directorio de Arsat conocer todas las posibles violaciones realizadas la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, como también los procedimientos efectuados en relación a esta operación ilegal.
Presenté un Proyecto de Resolución para que el Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) informe sobre la existencia de negociaciones con alguna compañía del exterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 27.208, establece que el capital social de la AR‑SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase "A", -encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.
Las sospechas que teníamos sobre la cesión ilegal de la producción y explotación del nuevo Arsat a la compañía americana Hughes se habrían hecho realidad, tras rubricarse la fusión entre el director de ARSAT Rodrigo De Loredo y los representantes de dicha empresa, quienes habrían acordado también que la compañía se quedaría con el espacio orbital que le correspondía al país y los dividendos que se generen.
De ser así, esta negociación no sólo sería ilegal por darse a espaldas del Congreso, sino que constituiría un claro retroceso en el desarrollo científico satelital y un evidente perjuicio para nuestra soberanía nacional.
