Los hechos que ocurrieron en Perú durante la última semana aceleraron los pasos de una crisis política institucional que lleva años acorralando a distintas gestiones presidenciales y que tuvo como consecuencia seis presidentes removidos en los últimos seis años. Los acontecimientos de los últimos días dejaron al descubierto la fragilidad institucional de este país que pasó por la destitución del presidente, el intento del cierre del Congreso, un denominado "autogolpe" por algunos, el llamado anticipado a elecciones, la declaración del Estado de emergencia y manifestaciones masivas y represión.
La semana pasada el Congreso de Perú tenía cita para hacer el cuarto pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo luego de 16 meses de gobierno. Pero unas horas antes de que comenzara la sesión en la que se iba a votar la incapacidad moral permanente del mandatario Castillo anunció el cierre del Congreso.
La moción de vacancia contra Pedro Castillo necesitaba de 87 votos (dos tercios del Congreso) para ser aprobada y lograr su destitución. Mientras tanto comenzaban a surgir más acusaciones contra Castillo: un exfuncionario procesado y que guarda prisión señaló al maestro rural por supuestamente haber recibido pagos de soborno. En ese momento no estaba claro cuántos votos podía conseguir la moción de vacancia contra Castillo.
El anuncio de Pedro Castillo
Bajo ese escenario, Pedro Castillo hizo un sorpresivo anuncio. En un mensaje emitido por televisión el presidente anunció el cierre temporal del Congreso, la instalación de un gobierno de emergencia excepcional y la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. La constituyente fue una de las promesas de campaña que llevó a Castillo a la presidencia. Además, anunció la reorganización de sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional).
La decisión de Pedro Castillo no fue respaldada por su gabinete y sus ministros comenzaron a renunciar y calificaron las acciones de Castillo como un golpe de Estado. Las instituciones peruanas rechazaron el cierre del Congreso anunciado por el presidente. Y finalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se posicionaron en contra del maestro rural.
Destitución exprés
La respuesta del Congreso fue contundente: en menos de dos horas destituyeron al presidente Pedro Castillo y rápidamente juramentaron a Dina Boluarte, como nueva presidenta de Perú. Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y también era objeto de denuncias por parte del Congreso. Sin embargo, 48 horas antes de la sesión donde se iba a votar la moción de vacancia contra Castillo el Congreso anunció que había desestimado y archivado la denuncia que buscaba destituir a Boluarte por presunta infracción constitucional.
Una vez investida en el cargo, Boluarte rechazó las acciones de Castillo y las calificó como golpe de Estado. La nueva presidenta no tiene bancada propia ni un partido que la apoye luego de que Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó a la presidencia, la expulsara de sus filas.
La respuesta internacional
Las primeras reacciones internacionales comenzaron a llegar a la brevedad. Estados Unidos rechazó el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso. México anunció la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que iba a realizarse el 14 de diciembre en Lima. El encuentro ya había sido reprogramado luego de que el Congreso de Perú no le permitiera a Castillo salir del país para participar en la cumbre en la que también iba a ser nombrado presidente pro témpore de la alianza regional. La cancillería mexicana además extendió su ofrecimiento de asilo a Castillo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el “ambiente de confrontación y hostilidad” que acechó a Castillo desde que asumió la presidencia en julio de 2021. México además anunció que iba a retrasar el reconocimiento de Boluarte ya que la cancillería debería analizar la situación y remarcó la importancia de atenerse a los principios de no intervención.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó en la Organización de Estados Americanos (OEA) su rechazo a los ataques en contra de los gobiernos "de extracción popular" y también a cualquier intento de quebrar el orden constitucional, en referencia a la destitución de Castillo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, celebró el llamado a la unidad nacional que hizo la nueva presidenta y reafirmó el apoyo del organismo para “recomponer la senda democrática”. En uno de sus primeros discursos Boluarte pidió una tregua política para instalar un nuevo gobierno. Hacia fines de noviembre, una misión de alto nivel de la OEA que estuvo en Perú para monitorear la crisis política había pedido una tregua de 100 días entre el Ejecutivo de Pedro Castillo y el Legislativo de mayoría opositora.
Movilización popular
En Perú, la fiscalía de la nación comenzó a investigar a Castillo por “rebelión y conspiración”. Por la noche el destituido presidente fue llevado al penal de Barbadillo luego de permanecer detenido en la Prefectura de Lima. El juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, ordenó siete días de detención preliminar para Castillo.
Las manifestaciones no se hicieron esperar. Organizaciones indígenas y campesinas llamaron a un paro por tiempo indefinido. Las movilizaciones estallaron en varias ciudades del norte y sur andino. Miles de personas se movilizaron este domingo por las calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones. Producto de la represión y de los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía ya son siete las víctimas fatales.
En paralelo, el Congreso llevaba adelante los primeros pasos para iniciar la investigación fiscal sobre Castillo. Sin embargo, al estallar las manifestaciones y luego de que se conociera la noticia del primer muerto, varios legisladores se posicionaron a favor de las protestas. La sesión parlamentaria terminó a los golpes luego de que el congresista Pasión Dávila, cercano a Castillo, golpeó al diputado Juan Burgos del partido de derecha Avanza País. Los diputados tuvieron que ser separados y la sesión fue suspendida.
Pedro Castillo denunció un plan maquiavélico
Se conocieron más tarde las primeras declaraciones públicas de Pedro Castillo tras su destitución. Castillo señaló a la nueva presidenta, Dina Boluarte, de dirigir un plan maquiavélico en su contra.
El depuesto presidente denunció que “un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento", a lo que se negó "por seguridad y mi integridad". Castillo denunció que fue “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado”. Y agregó: “No renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”.
El viernes trascendió que un grupo de médicos legales de la Fiscalía tenía planeado visitar a Castillo para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica y determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.
Siete muertos en las manifestaciones
Esta semana las manifestaciones fueron en aumento y ya son siete las personas que perdieron la vida durante las protestas, entre ellas, una niña que recibió un disparo de perdigón en un ojo. La nueva mandataria anunció el adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas.
En un anuncio televisado Dina Boluarte dio conocer que las elecciones deberán realizarse en abril de 2024, acortando su mandato en dos años. Sin embargo, el mensaje de Boluarte no acalló las protestas donde se mantuvo el pedido de “que se vayan todos”.
En la región, los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia hicieron un llamado para que se priorice "la voluntad ciudadana" en Perú. En un comunicado publicado esta semana, los líderes latinoamericanos también instaron a "quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
¿Qué pasó en Perú en el último año?
Pedro Castillo, un outsider de la política tradicional, asumió la presidencia de Perú en julio de 2021. En abril de 2021 Castillo venció a la fórmula del Fujimorismo encabezada por Keiko Fujimori, hija del exdictador peruano Alberto Fujimori. El triunfo del maestro rural no fue bien recibido por los partidos de derecha y durante semanas Keiko Fujimori intentó que sus acusaciones de fraude electoral llegaran a la OEA. El organismo continental a través de su Misión de Observación Electoral constató que se trató de un proceso electoral positivo y no detectó irregularidades graves.
Con apenas cuatro meses de gobierno llegó el primer intento de destitución contra el mandatario. En diciembre de 2021 la oposición activó un golpe parlamentario con un pedido para iniciar un proceso sumario contra Castillo bajo la figura de “incapacidad moral permanente”. En esa ocasión el proceso de destitución no logró los votos suficientes en el congreso unicameral y no fue admitida a trámite.
Pocos meses después el congreso ya tenía un nuevo pedido de destitución en contra de Pedro Castillo. Otra vez las bancadas de oposición intentaron acusar al mandatario de incapacidad moral. A pesar de que esa vez los legisladores de derecha habían logrado que se llevara adelante el juicio político, las bancadas opositoras llegaron a 55 votos y no pudieron conseguir los votos necesarios para destituir al presidente
La figura de incapacidad moral es una de las herramientas que utiliza el congreso peruano para destituir presidentes o al menos para llevarlos a la renuncia. Este fue el caso del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En marzo de 2018 Kuczynski renunció luego de que el Congreso iniciara un segundo proceso de vacancia por incapacidad moral. Ante una posible derrota, el presidente peruano presentó su renuncia. Dos años después, el presidente Martín Vizcarra enfrentó un destino similar. En noviembre de 2020 Vizcarra fue destituido luego de enfrentar un segundo proceso por incapacidad moral.
Proceso contra Castillo y preocupación internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había manifestado su preocupación por el uso de esta figura jurídica “de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso del Perú”. No es la primera vez que la CIDH advierte que la “Incapacidad moral permanente” no tiene una definición jurídica objetiva y tampoco tiene interpretación por parte del Tribunal Constitucional de Perú y por eso puede afectar “la separación e independencia de poderes públicos”.
La CIDH recordó que desde diciembre de 2017 la figura de incapacidad moral permanente fue promovida al menos seis veces. (Siete contando el reciente pedido que se iba a votar la semana pasada) La CIDH argumenta que esto contribuye a los problemas de gobernabilidad de Perú que desde 2016 tuvo cinco presidentes y tres parlamentos debido a las confrontaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Hacia fines de noviembre de 2022 un Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente de la OEA, integrado por siete cancilleres y vicecancilleres de la región, viajó a Perú para reunirse con el Ejecutivo; presidente y vicepresidente del congreso; magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional; grupos parlamentarios; Defensoría del Pueblo y otros actores de la sociedad civil.
¿Qué encontró la misión de alto nivel?
Los hallazgos de la misión de la OEA presentados en el informe preliminar dieron cuenta de una serie de factores que dificultan el ejercicio de poder: alta fragmentación de las fuerzas políticas, cuestionamiento al nombramiento de funcionarios considerados “no idóneos”, obstaculización del ejercicio de poder, pedidos de adelanto de elecciones, pedidos de vacancia presidencial.
El grupo de expertos también subrayó que otro de los factores que contribuyen a la inestabilidad es el uso de la figura de la cuestión de confianza, la disolución del Congreso y las investigaciones contra los integrantes del Ejecutivo. Además, entre los hallazgos señalaron el acoso permanente y la confrontación de poderes; un ambiente altamente polarizado; el uso excesivo de herramientas de control como las mociones de vacancia y la negativa a permitir que el presidente viaje al exterior.
Los expertos hicieron un llamado al congreso y al Ejecutivo para que abran un espacio de diálogo. Pero horas después de la publicación del informe de la OEA, el congreso dio a conocer su tercera moción de vacancia.
