A dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, la cantidad de efectores públicos que realizan abortos aumentó un 60 por ciento en el país –de 903 a 1437--, las obras sociales y prepagas tienen protocolos para garantizar la práctica, ya hay cuatro laboratorios nacionales que producen o están en proceso de producir misoprostol y el Ministerio de Salud de la Nación está distribuyendo un pack combinado de esa droga con la mifepristona, el tratamiento recomendado por la OMS que mejora la eficacia de los procedimientos. Sin embargo, todavía se producen dilaciones innecesarias cuando se demanda un aborto y hasta se siguen usando técnicas no aconsejadas en protocolos oficiales como legrados para terminar abortos, según revela un informe realizado por el Proyecto Mirar, una iniciativa que monitorea el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en Argentina, coordinada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health. Además, un aspecto fundamental, faltan campañas de difusión del derecho. “Para garantizar el derecho tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de la atención”, advirtió a Página/12 Mariana Romero, médica y directora ejecutiva del CEDES.

Desde comienzos de 2022 y hasta setiembre se habían realizado 59.267 abortos en el marco de la ley en centros públicos, de acuerdo con los datos aportados por las diferentes provincias y la Ciudad de Buenos Aires al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En 2021, fueron 73487 prácticas en efectores públicos, según datos oficiales. A esas cifras deben sumarse los abortos que se hacen a través de las obras sociales y las prepagas y aquellos que las mujeres y personas con capacidad de gestar siguen realizando por su cuenta, muchas veces con el acompañamiento de activistas feministas conocidas como socorristas. “El acceso todavía sigue siendo muy desigual en las distintas provincias y dentro de las mismas provincias, y entre un centro de salud y otro y entre una clínica privada y otra. Necesitamos también campañas desde el Ministerio de Salud para desestigmatizar el aborto y reivindicarlo como un derecho”, opinó en diálogo con este diario la activista feminista de La Revuelta de Neuquén y de Socorristas en Red, Ruth Zurbriggen.

Entre los avances en los dos primeros años de la implementación de la Ley 27.610 –sancionada el 30 de diciembre de 2020--, la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destacó a este diario la distribución del “combipack de mifepristona y misoprostol”, la realización de capacitaciones y la provisión de equipamientos para hacer abortos a través del método conocido como AMEU (Aspiración Manual Endouterina), la formación sobre aborto a través de la plataforma del Ministerio de Salud para más de setecientos profesionales de todo el país y el fortalecimiento de la línea gratuita de salud sexual 0800 222 3444, donde se pueden hacer reclamos.

La Ley 27.610 “ayudó a generar una transformación cultural que liberó al aborto del estatus de lo clandestino, no solo por el hecho concreto de estar disponible legalmente sino en el discurso social y de los y las profesionales de la salud”, señaló Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.

En la mayoría de las obras sociales y prepagas el mecanismo de atención de IVE/ILE “está aceitado, hoy no hay discusión sobre la cobertura de la práctica, aunque puede haber una discusión puntual en alguna localidad”, dijo a este diario Natalia Garozo, a cargo de la Unidad de Género de la Superintendencia de Seguro de Salud. Y destacó que “cada reclamo que nos llegó se resolvió favorablemente”. En la SSS hay un “equipo especial de IVE/ILE”, apuntó.

¿Qué obstáculos persisten?

En el reporte “Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto” presentado por Proyecto Mirar, se incluyen las voces de once personas proveedoras de servicios de salud, decisoras, activistas y abogadas de todo el país, así como información cuantitativa de acceso público. “Una atención de calidad es eficaz, eficiente, accesible, centrada en quien demanda la atención, equitativa y segura”, define Mariana Romero, del CEDES.

Sin embargo, en Argentina todavía se detectan servicios de salud en los que no se brinda información suficiente o no se hace de forma respetuosa, con escollos burocráticos o demoras, alerta el relevamiento. El reporte identificó aspectos a erradicar para que el derecho a decidir sea respetado de forma integral. Por ejemplo, el uso de tecnología riesgosa y obsoleta: todavía se realizan legrados para terminar el procedimiento de aborto aunque no están recomendados, mientras que se requiere –advierten especialistas-- fortalecer la utilización de la AMEU como una opción recomendada para los abortos.

-- ¿Por qué se siguen haciendo legrados cuando no están recomendados? –le preguntó este diario al médico ginecólogo y obstetra Damián Levy, que trabaja en el Hospital Álvarez (CABA) y en un centro integral salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires.

--Porque todavía en el pregrado de la carrera de Medicina se sigue enseñando como técnica de evacuación uterina. Y también en las residencias de la mayoría de hospitales. Los especialistas lo tienen como una técnica ya aprendida y que les da confianza, sin tener en cuenta que existe otra posibilidad como la AMEU, reconocida y recomendada como primera línea en casos de evacuación uterina por la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia –respondió el profesional.

El informe también alerta que hay servicios de salud en los que la ruta de la atención es poco clara, ya que a veces se demandan más procedimientos de los que la ley plantea, sobre todo en el primer trimestre. A esto se suma que en distintos puntos del país se detectan objeciones de conciencia no ajustadas a la ley. Se trata de malas “objeciones” cotidianas, como por ejemplo, personal administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos, señala el relevamiento.

También hay zonas alejadas donde quienes integran el equipo de salud se declaran objetores. En la ciudad mendocina de San Rafael, por ejemplo, en estos días una obra social tuvo que trasladar a una de sus afiliadas que demandó una IVE a la capital mendocina porque los equipos de ginecología y obstétrica de todos los efectores de salud locales son objetores, según pudo saber Página/12. “Lo ideal es que una persona pueda resolver en su ámbito local la atención y no tener que irse a otra localidad porque en la suya no hay nadie que pueda brindarla. Eso hace a la calidad de la atención”, consideró Laura Soto, referente del Programa Salud Sexual y Reproductiva de La Pampa y una de las personas entrevistadas para el reporte.

Estas situaciones también producen un déficit en la calidad de atención cuando los equipos de salud se sobrecargan laboral y emocionalmente. Si bien entre la sanción de la ley y septiembre de 2022 el número de instituciones públicas de salud que provee IVE/ILE aumentó un 60 por ciento, de 903 a 1437 –de acuerdo a datos del Ministerio de Salud--, “hay cuellos de botella para dar respuesta oportuna, mucho más cuando se trata de una consulta en el segundo trimestre del embarazo”, indica el informe y advierte que “la sobrecarga impacta directamente sobre la calidad de la atención”.

Otro aspecto que afecta negativamente la calidad es lo que en el reporte se define como “falta de transparencia activa”: las y los profesionales de todos los servicios de salud, no solo los de ginecología, no suelen compartir información sobre el derecho a interrumpir el embarazo con la usuaria que demanda atención. “Hacerlo –dice el informe-- demanda modificar hábitos de atención y promover un abordaje interdisciplinario e integral”. Además, “una consulta de este tipo lleva tiempo, que tiene que ver con la recepción, la escucha, con ver si tiene o no factores que hagan que sea más riesgoso un tratamiento, desde lo médico y lo sociocultural”, agregó Levy, también entrevistado para el estudio.

Avances y desafíos

Durante 2021 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva distribuyó en servicios públicos 74071 tratamientos de misoprostol, cuatro veces más que durante 2020. En el primer semestre de 2022, se entregaron 38.229. Como explicó Valeria Isla a este diario, esos tratamientos se reforzaron con la incorporación de la distribución del combipack, régimen combinado de mifepristona y misoprostol que resulta seguro y eficaz. “Que más personas accedan a la IVE/ILE a través de procedimientos con estos medicamentos es muestra de una mejora en la calidad de la atención”, destacó Silvina Ramos, investigadora del CEDES a este diario.

Además, ya son cuatro los laboratorios públicos que producen o están en proceso de producir misoprostol para abastecer al sector público: al Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe que lo fabrica desde 2019 y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E, desde 2021, se agregaron más recientemente Laboratorios Puntanos S.E. de San Luis y el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata.

El informe también celebra el crecimiento de las capacitaciones profesionales y la disponibilidad de consejerías para el intercambio de información, evaluación clínica y toma de decisiones.

--¿Cuáles considera que son los desafíos para el próximo año para mejorar el acceso a la IVE/ILE? –le preguntó este diario a Isla.

--Incorporar la IVE en la atención primaria de la salud de todo el país; fortalecer la ILE por causales; que haya producción pública de mifepristona y registro para comercializar esa droga; mejorar las prestaciones en obras sociales y prepagas; fortalecer la discusión del derecho a la IVE/ILE; disminuir las brechas de acceso que hay en el país y entre las ciudades y el interior; y mejorar la calidad de atención –coincidió la funcionaria.