El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata ordenó que el Municipio entregue información completa, accesible y veraz sobre cómo está garantizando el derecho al aborto. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) fueron quienes presentaron el amparo a la justicia luego de que recibieron respuestas parciales e incompletas cuando solicitaron un informe sobre el estado de situación.
El primer pedido de informe que realizaron los tres organismos fue luego de que recibieron varias denuncias de trabajadores y trabajadoras de la salud del Municipio de La Plata contando que reciben “presiones desde la intendencia”. “Hay dos consejerías municipales que tratan de asegurar el acceso al aborto y no cuentan con insumos y las trabajadoras están precarizadas”, afirmó la abogada Lucía de la Vega, del CELS, a Página/12.
Las respuestas que pudieran otorgar desde la Secretaría de Salud Municipal, órgano encargado de brindar la información a quien la solicite y de controlar centralizadamente cómo se cumple a nivel municipal la práctica, serían utilizadas para poder generar políticas públicas a largo plazo y mejorar las condiciones de salud reproductiva. “En general, no dan charlas sobre ESI, no hay acceso a metodos anticonceptivos y mucho menos los cuidados necesarios para la realizacion del aborto en el primer trimestre de gestacion”, sostuvo la abogada.
En total fueron 15 las preguntas y desde la Secretaría sólo contestaron 9 y de forma “incompleta”. Algunas de las inquietudes que omitieron responder fueron: ¿Cuántas prácticas de interrupción voluntaria del embarazo se realizaron en centros de salud municipales? ¿Cuáles son los centros de salud del primer nivel de atención que garantizan el derecho? ¿Qué medidas se adoptaron para garantizar información sobre la derivación adecuada en casos de objeción de conciencia?
“El Municipio dijo que no teníamos un recorrido en la temática para poder solicitar esa información, la cual es pública y debería ser entregada si nos basamos en la Ley de Acceso a la Información Pública Provincial”, explicó De la Vega. La sentencia señala que los datos deben estar disponibles y accesibles para toda la población sin necesidad de petición alguna porque “no es posible ejercer un derecho si no se lo conoce”, sostuvieron en el fallo.
A partir de la sentencia, el municipio deberá dar la información requerida vinculada con la ejecución de la norma que conste en los registros comunales y tiene la obligación de hacerlo de manera “proactiva”. Además, la justicia legitimó y reconoció a las organizaciones por su experiencia en la temática en contradicción con los dichos del partido.
La reglamentación actual con la Ley 27.610 obliga a que tanto las obras sociales como los tres niveles del Estado (Nacional, provincial y municipal) garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Igualmente son varios los municipios de la provincia de Buenos Aires que no cumplen con lo que dice la Constitución. En octubre último el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce ante un caso en el partido de San Miguel donde se tuvo que derivar a otro municipio a una mujer a quien se le pusieron trabas para realizar la práctica. En ese entonces el funcionario calificó el hecho como “inadmisible”.
“Están descansando en que se cumple a nivel provincial y que se cubre la falencia por la cantidad de hospitales provinciales que hay acá en la ciudad de La Plata, pero no tienen en cuenta todas las consecuencias que generan”, advirtió de La Vega.
Los Centros de Salud de primera instancia, que están a cargo de los municipios, tienen como finalidad estar cerca de los vecinos para que no tengan que hacer largos traslados además de descomprimir los demás centros de salud. “Es una cuestión de discriminacion que no se asegure a las personas el acceso a la práctica, Los municipios operan como barreras al acceso a la salud”, subrayó De la Vega.
La derivación a otros municipios genera un colapso en el sistema provincial y de otras ciudades que sí garantizan el derecho, pero que hacen malabares para poder cubrir la demanda. En este sentido De la Vega remarco la importancia de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, Socorristas y las Consejerias de la Provincia de Buenos Aires que “cumplen con lo que otros no”.
Mientras tanto, desde el Municipio todavía no entregaron lo que se les ordenó, ya que apelaron la resolución y ahora continúa el proceso en la Cámara de Contención Administrativa.
Informe: Mercedes Chamli
