Luego del comunicado emitido este lunes por Colombia, México, Bolivia y Argentina en el que piden "abstenerse de revertir la voluntad popular" en alusión a la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú, el Ministerio de Relaciones de ese país le respondió este martes a los cuatro países, a los cuales no mencionó, con otro comunicado.
En ese texto el Gobierno de Perú pidió este martes que se respeten las decisiones internas que está tomando "para resguardar la institucionalidad democrática", y dio a entender que el exmandatrio fue removido por darse un autogolpe al cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial, lo cual está prohibido en un tratado interamericano de derechos humanos del cual tanto Perú como los cuatro países que cuestionaron la destitución de Castillo son firmantes.
"El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú", dice el comunicado de la cancillería peruana.
Según ese texto, las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó Castillo el pasado 7 de diciembre al disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, “constituyen un golpe de Estado".
La Cancillería sostuvo que esto generó la decisión del Congreso de destituirlo y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República.
Destacó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 8 de diciembre pasado, la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirmó "que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho".
Expresó, también, que Boluarte presentó un proyecto de ley ante el Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024 y reiteró "su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y (que) persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país".
"Profunda preocupación"
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia habían expresado este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", a quien describen como víctima de un "antidemocrático hostigamiento" y luego de una persecución judicial que violaría la convención interamericana de derechos humanas.
"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención," dice el comunicado de los cuatro países.
Si bien no demandan la restitución de Castillo y reconocen su "remoción y detención", piden a los "actores involucrados" que "prioricen la voluntad ciudadana", se abstengan de "revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" y se "respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo."
López Obrador defiende a Castillo
Para Andrés Manuel López Obrador, Castillo sigue siendo el mandatario de su país, ya que fue electo por la vía democrática. "Sigue siendo Pedro Castillo el presidente", dijo el presidente de México.
En su rueda de prensa matutina, López Obrador fue interrogado sobre si el respaldo manifestado este lunes en un comunicado conjunto por los gobiernos de México, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia busca que Castillo sea restituido en la Presidencia. "Lo que plantea el convenio (americano de derechos humanos) es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso, de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática", expresó.
Sobre el gobierno que encabeza ahora Dina Boluarte en Perú, el mandatario mexicano dijo que a su país no le corresponde otorgar o no un reconocimiento, aunque acotó que la relación está en pausa en espera de que haya una salida democrática. Asimismo, señaló que mantendrá la embajada de México en Lima.
López Obrador es uno de los más firmes defensores de Castillo, quien el jueves pasado solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano luego de ser detenido luego de anunciar que disolvería el parlamento peruano, que poco después lo destituyó. La cancillería mexicana informó el mismo día que ya había entrado en contacto con autoridades peruanas para gestionar la petición del político peruano. El nuevo gobierno en Lima tildó de "injerencistas" las declaraciones de López Obrador.
