Estamos en un momento en el cual es indispensable tomar decisiones esenciales. O construimos nuevamente un modelo republicano que nos abarque a todos los que habitan en el suelo argentino, como alguna vez dijo el constituyente, o seguiremos administrando la destrucción del país que en la piel de los vulnerables significa en primer lugar la destrucción de vidas. Existen varios síntomas que nos demuestran que nos encontramos en un momento terminal.

Un síntoma fundamental tiene que ver con la vital duda sobre la legitimidad de cada uno de los actos del sistema judicial, particularmente, aquel que se ocupa de los llamados conflictos propios de la jurisdicción Federal. No es casual que la comunidad descrea de la ética, la transparencia, la veracidad y la objetividad, de cada una de las acciones judiciales. Por arte y magia de los hackers, el azar, las acciones de inteligencia interna o la propia impunidad de quienes disfrutan de la opulencia del poder, muchos argentinos han tenido la posibilidad, renovada, de contar con detalles que muestran cuánto se han alejado algunos de las obligaciones republicanas y constitucionales, pero también muestran cuánto se han acercado algunos a la defensa impúdica de cualquier interés que pueda implicar una ventaja económica tan desmedida como inmediata.

Día a día observamos cómo la cercanía al poder, los intereses económicos, pueden incluso instalar a las personas con cierta pátina de prestigio impostado en los medios de comunicación, creando un heroísmo comunitario tan falso como imposible de discutir. Incluso vemos que hasta los ámbitos universitarios construyen trayectorias e influencia repartiendo honorabilidades que no tienen el mas mínimo sustento intelectual o académico y que solo se explican con las más bajas reglas del mercado.

Ya no hace siquiera falta hacerse amigo del juez, como alguna vez recomendaba el gaucho Martín Fierro, desde que el poder real y mediático puede elegir los jueces del grupo de amigos.

Los jefes de los tres más poderosos Ministerios Públicos (Nación, ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires) ya no esconden su identidad partidaria y sectorial.

Algún miembro del máximo tribunal ha decidido no excusarse más cuando deba juzgar casos de corporaciones que solían tener su asistencia legal (ahora potenciada hasta el infinito). Jueces y fiscales de casos de mucho impacto político suelen reflexionar sobre su desarrollo con la excusa de interesantes (no deportivamente) contiendas deportivas con el ex presidente y beneficiado político. Partidos donde no solo se define la suerte de ciertos perseguidos, sino también la protección de poderosos amigos que quieren mayor tranquilidad para disfrutar de los recursos naturales estafados a los pueblos originarios.

Si nuestra insensibilidad sigue intacta en poco tiempo nos olvidaremos de que hubo jueces que encarcelaron dirigentes políticos con pericias absolutamente fraudulentas. Encerraron y destruyeron sus dignidades “pactando” de modo clandestino declaraciones bajo una descomunal extorsión con eventuales empresarios que habrían participado en los hechos. Esos mismos políticos fueron caricaturizados en sus detenciones y trasladados con elocuentes disfraces de “funcionarios deshonestos”bajo la excusa de mantener su seguridad e integridad física.

¿Cuánto tiempo más conviviremos con un sistema de justicia penal que ha posibilitado que se instigue a los imputados a cambiar sus defensas técnicas y de confianza para designar a un defensor oficial que casualmente pasará a la historia por su inactividad y su funcionamiento sistémico al avance ilegítimo y discrecional de esos procesos?

¿Cuánto tiempo tardaremos en darnos cuenta que una Corte Suprema no puede derogar una ley vigente, menos puede devolverle vigencia a una ley derogada y mucho menos puede modificar en parte esa ley derogada para darle una nueva y rara vigencia al estilo de un Frankenstein insostenible en una República?

¿Cuándo tomaremos nota que el articulo 269 del código penal regula el delito del prevaricato judicial para “el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”?

¿Y que se establece que la pena es más grave si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal?

¿Cuándo nos daremos cuenta que también comete el Juez un delito (art. 270 del CP), si decreta una prisión preventiva que no procede?

¿Cuánto tiempo creemos que un sistema judicial puede sostenerse en la vida democrática administrando el flujo degradante entre medios de comunicación, agentes de inteligencia, políticos deshonestos y jueces inmorales?

Más temprano que tarde nos advertiremos que el sistema de justicia penal, particularmente el que administra la jurisdicción federal, tiene que refundarse. No va a pasar mucho tiempo para que políticos honestos de cualquier ideología, intelectuales dispuestos a hacer un bien al país, periodistas que acerquen la información a la comunidad pensando en la reconstrucción ética y social, jueces que añoran volver a gozar del prestigio institucional y comunitario que nunca debieron perder, todos, entiendan que el sistema judicial debe refundarse. Y si por alguna razón del destino no llegamos a esta comprensión eso será porque hemos decidido vivir en una comunidad violenta y fragmentada.