Entre noviembre de 2021 y abril de 2022, Casa Fusa, una organización civil que trabaja con personas de todas las edades e identidades de género en el ámbito de la salud, llevó adelante un monitoreo en 6 localidades de la provincia de Buenos Aires para conocer de qué manera estaban siendo aplicadas la ILE y la IVE, luego de que el aborto legal seguro y gratuito se convirtiera en ley en nuestro país.
Las 6 localidades elegidas de la provincia de Buenos Aires fueron Chivilcoy, San Miguel del Monte, Suipacha, General Belgrano, Morón y el Municipio de Tornquist. Se hicieron encuestas, guías de observación y entrevistas a profesionales de la salud y a decisores y decisoras políticas. Para ese trabajo fueron capacitadas monitoreantes de cada localidad, quienes llevaron adelante todo el proceso: desde el trabajo de campo hasta la redacción de los informes, que luego fueron presentados a las autoridades locales y provinciales y a las organizaciones de la sociedad civil.
Según explica Josefina Sabaté, del Área de Incidencia Política de FUSA, quien coordinó junto Rosa Mahffuz la realización del trabajo, “el monitoreo social es una propuesta de investigación, una acción política que permite tener el conocimiento del grado de implementación de una política o un programa, y los cambios que se pueden realizar para su mejoramiento”.
Durante el trabajo de campo en las localidades y en parajes rurales, además de las encuestas y las entrevistas, se observaron los espacios y las condiciones de los centros de atención de la salud. Entre los resultados que se obtuvieron, las investigadores dicen que si bien a nivel general, se vio un conocimiento amplio respecto a la gratuidad del acceso a los métodos anticonceptivos, había menos información en cuanto a la variedad de los métodos disponibles: el preservativo masculino, las pastillas anticonceptivas y el DIU, estaban entre los más populares, mientras que la vasectomía y la mini píldora, eran casi desconocidos.
“En varias localidades se detectaron faltantes de algunos métodos, pero también, incluso teniendo disponibilidad, faltaba el ofrecimiento por parte del equipo profesional de todas las opciones”, explica María Alicia Gutiérrez, socióloga, coordinadora del Área de Advocacy e Incidencia Política de Fusa. Además, la investigadora señala que también se observó un “amplio desconocimiento por parte de usuarixs sobre la obligatoriedad del personal de salud de ofrecer información sobre todos los métodos existentes y disponibles y sobre la elegibilidad del método por parte de ellxs”.
Lo que se destaca dentro de la investigación es que hay un conocimiento amplio en relación a la existencia de la ley pero se sabe muchísimo menos hasta qué semana de gestación es posible solicitar la interrupción.
Entre los principales objetivos del monitoreo se destacaron la necesidad de indagar sobre lineamientos político-sanitarios en materia de política de salud sexual, y circuitos de atención en el marco de la ley 27.610, así como acerca de los conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos y métodos anticonceptivos que se tienen sobre los servicios de salud, y las opiniones sobre la atención de la salud sexual y reproductiva. Pero tal vez el más trascendente sea el de sensibilizar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y analizar las formas de trabajo y articulación de las instituciones y les profesionales de la salud, y el nivel de conocimiento sobre la normativa vigente, en particular, sobre interrupción legal y voluntaria del embarazo.
Durante las encuestas y entrevistas se preguntó sobre la calidad de atención en la salud, los métodos anticonceptivos, el acceso y atención de interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILE/IVE), los principales obstáculos para dar respuesta a los casos de IVE, las consultas por embarazo en los servicios de salud, el conocimiento sobre atención de niñas y adolescentes y de personas con discapacidad y su acceso al sistema de salud sexual y reproductiva.
“Creemos que fortalecer y ampliar los espacios de formación institucionales sobre el marco normativo vigente sobre acceso al aborto y el modelo de atención integral con perspectiva de derechos, dirigido a los equipos de salud, las autoridades sanitarias y les funcionaries que se desempeñan en áreas vinculadas a la implementación de políticas de salud es clave para mejorar el acceso a la IVE y la ILE”, dijeron las investigadoras. También destacaron que es necesario seguir generando políticas de difusión y acceso a la información sobre los servicios disponibles en cada centro de salud donde están conformados los equipos de IVE/ILE para que quienes lo necesiten tengan mejor acceso a las consultas, poniendo la atención principal en los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad.
Según Casa Fusa, fortalecer las consejerías de salud sexual y reproductiva en el primer y segundo nivel de atención y la implementación del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, es otra de las claves. La relación y las alianzas estratégicas entre las instituciones, las organizaciones sociales locales y la sociedad civil fue marcado por las investigadoras como central.
Tanto la realización, como la presentación pública de los resultados de los monitoreos sociales realizados luego de la sanción de la ley, permitió que en varias localidades en donde aún no había conformados equipos que garantizaran las IVE/ILE o no funcionaban consejerías, empezaran a hacerlo. “Además, se generaron instancias de diálogo entre las organizaciones sociales, y las autoridades locales pudieron organizar actividades de forma articulada y comenzaron a pensar estrategias conjuntas de difusión de la información, así como mejoras en la implementación y en la capacitación de profesionales de la salud. La ley generó una condición de posibilidad para que se organizaran y armaran equipos que dieran acceso para continuar con el lento proceso de romper con el estigma de la clandestinidad y la prohibición”, dijo María Alicia Gutiérrez.
