Al cumplirse 23 años del atentado contra la AMIA la batalla contra la impunidad se desarrolla en varias dimensiones, todas al mismo tiempo. Por un lado, hay una ofensiva fuerte del gobierno de Mauricio Macri, aliado a la dirigencia de la comunidad judía, para juzgar en ausencia a los funcionarios iraníes que, según la justicia, participaron en el ataque. Para muchos familiares esta medida no busca el esclarecimiento de lo ocurrido sino todo lo contrario: darle un cierre al caso AMIA. Les designarían un defensor oficial a los iraníes, los condenarían y listo, en sintonía con intereses geopolíticos internacionales. En el plano internacional sigue el tironeo por las órdenes de captura con alertas rojas y es posible que Irán planteé el levantamiento en la asamblea general de Interpol de septiembre, en Beijing. Otra de las dimensiones se percibe en la labor de los fiscales de la Unidad AMIA. Se demostró en los últimos dos años que se puede avanzar en la investigación a partir de un trabajo intenso sobre la base de la genética y la tecnología. Esos fiscales apuntan ahora a ahondar la pesquisa sobre la conexión local –origen de los explosivos, lugar dónde se armó la camioneta-bomba, cómplices– en la que, además, está pendiente un juicio esencialmente contra el armador de autos truchos, Carlos Telleldín. Lo que quedó en evidencia con el trabajo de la Unidad Fiscal AMIA es lo denunciado por los familiares aún en vida de Alberto Nisman: el fallecido fiscal trabajaba poco y viajaba mucho; tenía mucho terreno para avanzar y no lo hizo. Un punto clave de la nueva investigación es el inmenso archivo de la ex SIDE. En el último tiempo hubo tentativas de poner obstáculos a esa parte de la investigación. Y al mismo tiempo que se desarrolla cada una de estas batallas, se está llevando a cabo el llamado juicio por encubrimiento, es decir por el desvío de la investigación. Están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex jefes de la SIDE, los fiscales y hasta el dirigente de la DAIA Rubén Beraja. Por lo que se percibe en la audiencias, parece claro que Galeano va camino a la condena, pero habrá que ver qué sucederá con el resto de los acusados. El fallo estará antes de fin de año. 

Ley

La administración Macri intentará aprobar este año la ley de juicio en ausencia. Se supone que tiene el acuerdo del massismo. El redactor del texto, el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, no viene avanzando a gran ritmo, entre otras cosas porque la mayoría de los juristas –Julio Maier, Raúl Zaffaroni, León Arslanián– considera que la ley sería inconstitucional. Además, hay pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sosteniendo la necesidad de que los imputados estén presentes en cualquier juicio. Las objeciones también abarcan el hecho de que se aplicaría una ley actual, aunque sea procesal, a un caso ocurrido hace 23 años, cuando la ley no existía. 

Desde el punto de vista político, la AMIA y la DAIA apoyan el juicio en ausencia y buscan cuanto antes una condena a Irán. Tiene que ver con su alineamiento internacional. Del otro lado, buena parte de los familiares de las víctimas del atentado consideran que se está buscando una forma de cerrar el caso, con una condena simbólica. Pero ni siquiera se trata de hechos evidentes, con pruebas clarísimas. Más bien ocurre lo contrario: las pruebas son muy controvertidas y hasta un juez británico sostuvo que no hay evidencia sólida. 

Interpol

Hace diez días, Interpol mantuvo un encuentro en Teherán. En esa ocasión Irán propuso colaborar con la investigación, pero está claro que lo harían partiendo de que el expediente es falso y armado “por el sionismo”, como suelen decir en Teherán. De manera que poco se puede esperar de esa supuesta colaboración. Todo hace pensar que Irán va a pelear el levantamiento de las órdenes de captura, con alertas rojas, emitidas contra cuatro o cinco ciudadanos persas, con el argumento de que ya transcurrieron diez años desde que se impusieron. El escenario sería la asamblea general de Interpol del 26 de septiembre en Beijing. 

A diferencia de lo que ocurría hace diez años, cuando se libraron las ordenes de captura, hoy Irán tiene más apoyo, en especial de China, Rusia y algunos países europeos. Lo que está ratificado es que los fiscales de la Unidad AMIA y el juez Rodolfo Canicoba Corral pidieron que continúen en vigencia las órdenes de captura y las alertas rojas. 

ADN

Entre 2006 y 2015 la investigación estuvo a cargo de Nisman. Tras el fallecimiento del fiscal, la Procuración designó un equipo de tres fiscales. Hoy integran esa unidad Roberto Salum, Leopoldo Filippini y Santiago Eyherabide. En estos dos años se probó que había terreno para avanzar y pruebas elementales que Nisman no hizo. 

Los nuevos fiscales determinaron por ADN, después de 22 años, la identidad del fallecido número 85, Augusto Jesús. Nisman decía que era un obrero boliviano cuya familia no reclamó el cuerpo. También establecieron a través del microscopio de barrido electrónico que las pequeñas esquirlas incrustadas en los cuerpos de las víctimas se corresponden con la camioneta Trafic que estalló en la mutual judía. En el último mes, la investigación precisó también que entre los restos humanos se encontró ADN de una persona no vinculada con las víctimas y que, por lo tanto, podría ser el suicida. 

En el próximo período se analizarán rastros, que podrían ser de sangre, encontrados en un pedal, una alfombra y una chapa de la camioneta. Hay otras partes del vehículo en que se intentarán rescatar elementos biológicos para analizar. Y después se harán las comparaciones genéticas.

Uno de los temas en el que los fiscales van a incursionar en el próximo período es el de la llamada pista local. En concreto, de dónde salieron los explosivos, dónde estuvo la camioneta en los días previos al ataque, en qué casa segura se armó el dispositivo y, por lo tanto, quienes respaldaron localmente el atentado. Se trata de investigaciones que están truncas. 

Archivos

En una dependencia de la ex SIDE, en el Pasaje Barolo, se encontró un inmenso archivo con documentación sobre el caso AMIA. Se trata de informes, seguimientos, escuchas, denuncias anónimas y no anónimas. Es casi un edificio de papeles. El archivo fue entregado a los fiscales cuando Oscar Parrilli y Juan Martín Mena se hicieron cargo de la ex SIDE. La documentación la empezó a analizar y a digitalizar un grupo llamado Gerad, Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental, que trabaja para los fiscales. Sin embargo, el gobierno de Macri le empezó a poner obstáculos y terminó emitiendo un decreto por el cual determinó que la documentación es de la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Es decir que la “propiedad” es del Poder Ejecutivo, sacando el archivo de la “propiedad” de los fiscales. Los familiares agrupados en Apemia y en 18-J presentaron una cautelar contra el decreto, apuntan a que se declare inconstitucional –invasión del Ejecutivo en materia judicial– y ayer se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hoy en día el Gerad sigue trabajando en el archivo pero el Ejecutivo no firma las copias de la documentación. La cuestión es de importancia porque, según los trascendidos, en ese gigantesco archivo es que hay elementos para intentar reconstruir algo de la pista local. 

En los últimos días, el titular de la AMIA, Agustín Szbar, reclamó que se haga el postergado juicio a Carlos Telleldín, imputado como cómplice del atentado por haber suministrado la camioneta. No es un juicio fácil. En primer lugar porque habrá que probar que Telleldín sabía del atentado. Y, en segundo lugar, porque El Enano, como le decían a Telleldín, ya cumplió gran parte de la condena que le podría corresponder. 

Juicio

Mientras tanto, en el edificio de Comodoro Py se lleva adelante uno de los juicios más asombrosos del mundo, originalmente impulsado por los familiares de Memoria Activa. Están sentados en el banquillo de los acusados un ex presidente (Menem), un ex juez (Galeano), jefes del servicio de inteligencia (la ex SIDE), un importante ex jefe policial (Jorge “El Fino” Palacios), dos fiscales, y hasta el ex hombre fuerte de la comunidad judía (Beraja). Se podría decir que no hay un juicio igual en otro punto del planeta. La acusación es por haber desviado la investigación, lo que incluye un pago al principal imputado y aprietes a testigos y acusados. 

Según quienes hacen un seguimiento de las audiencias, todo indica que Galeano no podrá escapar a la condena. Y habrá que ver qué sucede con todos los demás. El gobierno de Macri, la AMIA y la DAIA han hecho indisimulables esfuerzos para que los imputados zafen. En el juicio y en los temas terrenos, aparece, de un lado, la gran mayoría de los familiares de las víctimas peleando por saber la verdad. Del otro lado, el oficialismo político-judicial-mediático tratando de cerrar el caso como sea. 

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