La Unión Europea (UE) y el Reino Unido comenzaron ayer la segunda ronda de negociación para la retirada del país del bloque comunitario, un primer asalto al “fondo” del “brexit” en el que confrontarán sus posturas sobre los derechos de los ciudadanos, la factura de salida e Irlanda del Norte. 

“Tuvimos un buen comienzo el mes pasado, pero ahora vamos a entrar en la esencia del asunto”, dijo el secretario de Estado británico para la salida de la UE, David Davis, en una breve declaración a la prensa junto al jefe negociador comunitario, Michel Barnier.

El excomisario francés recibió a Davis y a su equipo en la sede de la Comisión Europea en Bruselas para un ronda que durará hasta el próximo jueves y permitirá entrar finalmente en “el arte de la cuestión”, en palabras de Barnier. 

La primera ronda, celebrada el 19 de junio, se dedicó solo a fijar el calendario y modo de trabajo para las futuras negociaciones. Desde entonces tanto Bruselas como Londres han presentado sus posiciones para llegar a acuerdos en diferentes puntos que ahora toca “examinar y comparar”, explicó Barnier. 

“Para nosotros es increíblemente importante que hagamos buenos progresos, que negociemos e identifiquemos las diferencias para que podamos lidiar con ellas, e identifiquemos las similitudes para que podamos reforzarlas”, dijo Davis. “Es tiempo de ponerse a trabajar y hacer de esta una negociación exitosa”, insistió. 

Londres y Bruselas han creado tres grupos de negociación que abordarán de forma separada el tema de los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero de salida, y otros temas relativos a la separación, en varias reuniones durante la semana. 

Por su parte, los coordinadores “entablarán un diálogo político” sobre Irlanda del Norte y trabajarán sobre los asuntos relacionados con la aplicación del acuerdo del artículo 50, el que fija los términos de salida, dijo Barnier. La prioridad en esta primera etapa es acordar los derechos que tendrán los ciudadanos europeos en Reino Unido y los británicos en la Unión, cerrar el acuerdo sobre las obligaciones financieras de Londres -y potencialmente de Bruselas- tras su retirada y resolver la situación de Irlanda del Norte, con vistas a evitar una frontera “estricta” con la República de Irlanda.  Bruselas, que hasta ahora ha logrado imponer sus condiciones a la negociación, exige que haya “progresos suficientes” en todas estas áreas antes de empezar a negociar la relación futura entre ambas partes, de especial interés para Londres.

Sin embargo, los puntos de partida a uno y otro lado del Canal de La Mancha están alejados. Michel Barnier advirtió la semana pasada de las “grandes diferencias” entre las propuestas sobre derechos de los ciudadanos y criticó que la posición británica “no permite la reciprocidad”, puesto que “somete a los europeos al derecho británico que impone restricciones, por ejemplo, para el acercamiento familiar”. 

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, defendió ayer a su llegada a un consejo del ramo de la UE que se trata de una “oferta muy justa y seria”.

Sin embargo, el punto más polémico hasta ahora es el acuerdo financiero sobre la “factura” que deberá pagar Londres para cumplir con los compromisos adquiridos como miembro, que según diferentes cálculos oscilará entre los 60.000 y 100.000 millones de euros. 

Johson aseguró en el Parlamento británico que la UE podía “irse a tomar aire” si creía que su país iba a pagar una suma “exorbitante”. Poco después, Davis envió un comunicado a esta cámara en el que admitía que el “Reino Unido tiene derechos y obligaciones” como miembro y que “trabajará con la UE para determinar un acuerdo justo”, al tiempo que recordó que la UE también tiene obligaciones para con su socio. 

Las divergencias sobre el acuerdo financiero son una muestra de la división interna con que encara el Gobierno británico las negociaciones, lo que se suma a las dificultades para pactar con la oposición después de que los conservadores de la primera ministra, Theresa May, perdiesen la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio.  Entre tanto, Bruselas pide claridad y recuerda que el tiempo apremia. 

El objetivo de la UE es que las negociaciones concluyan en otoño de 2018, para que todas las partes puedan firmar el acuerdo antes del 29 de marzo de 2019, fecha en que se cumple el plazo de dos años previsto en los Tratados europeos para la salida de un Estado miembro.