El 11 de junio un policía de la Metropolitana le pegó un tiro en la cabeza a su ex mujer y madre de su hija en Ingeniero Budge, y la mató. No es la primera vez que un policía usa su arma reglamentaria con este fin. Los femicidios cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad no son aislados. En la Legislatura porteña hay un proyecto de ley que busca restringir el uso de armas de aquellos efectivos de la fuerza policial que son denunciados por violencia de género y/o familiar.

El proyecto fue presentado a fines de junio por el legislador Gabriel Fuks, del bloque Corriente Nacional de la Militancia. Fuks explicó que “tiene como objetivo que todos aquellos policías denunciados por hechos de violencia de género o familiar entreguen su arma reglamentaria –la que le provee el Estado–, para que no se traslade fuera de su lugar de trabajo específico”. 

La redacción del proyecto dice: “En el caso en que el presunto agresor sea agente de la Policía de la Ciudad deberá poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y ordenar el inmediato retiro del arma reglamentaria por el plazo y circunstancia que éste determine.”

Además establece que “ante la denuncia contra un agente de la Policía de la Ciudad por hechos de violencia familiar, doméstica y/o contra las mujeres, o bien, ante la adopción de medidas preventivas y/o cautelares”, el Ministerio de Justicia y Seguridad “deberá adecuar procedimientos y normas a fin de restringir la portación del arma de fuego reglamentaria a la jornada de trabajo evitando su traslado fuera de la dependencia o lugar específico donde presta servicios”. 

En sus fundamentos el proyecto cita el Informe del Cels 2016 ‘Derechos Humanos en la Argentina’, que señala que “entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres civiles fueron asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad en el AMBA, y en un tercio de los casos, el homicida era un policía fuera de servicio”. “Desde 2010 hasta 2015 se identificaron 20 femicidios cometidos por policías, el dato es que todos los casos fueron perpetrados por un arma de fuego, en su mayoría por la reglamentaria”, detalló el diputado. 

“Prácticamente la totalidad de estos hechos ocurrieron cuando el efectivo se encontraba fuera de servicio, muchas veces debido a la presencia de un arma de fuego portada por el funcionario fuera de su horario laboral sumada a normas y costumbres que hacen a la relación de los policías con el arma y en general con la violencia. Esto constituye la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional”, explican desde el Cels. 

Otras investigaciones dan cuenta de la problemática de la violencia de género en el marco de la violencia institucional. Según el Observatorio Marisa Isabel Zambrano de La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2012, 76 femicidios fueron cometidos por hombres pertenecientes de las fuerzas de seguridad en el país.

El informe “Femicidios y homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires 2015”, elaborado por el Área de análisis criminal y planificación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presenta un panorama general de los homicidios de mujeres desde una perspectiva de género y analiza en detalle los casos de femicidios. 

En 2015 el informe releva 31 causas de homicidios donde hubo 32 víctimas femeninas. En esos hechos, las armas de fuego predominan como método utilizado para el crimen “en los homicidios de mujeres a nivel general”. Pero “en los femicidios, las armas de fuego son el tercer instrumento utilizado, detrás de las manos y pies y las armas blancas”. Además, entre los factores de riesgo de homicidio de mujeres, la pertenencia de los autores a una fuerza de seguridad aparece en tercer lugar, ocurrida en dos casos; luego de “antecedentes de consumo problemático de sustancias psicoactivas por parte de los victimarios” y “antecedentes de enfermedades psiquiátricas”. 

Para Fuks, se trata de que el Estado tome medidas preventivas. Por eso, el quite de las armas deberá estar acompañado de una serie de acciones. El proyecto establece que el Ministerio de Seguridad deberá adoptar distintas medidas preventivas de estos hechos. Entre ellas: 

  • Elaborar protocolos específicos para la investigación y actuación policial a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización; facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
  • Incluir en los programas de formación de la Policía de la Ciudad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los dd.hh. de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.
  • Desarrollar un Plan de Acción que incluya exámenes psicofísicos y medidas de prevención para aquellos agentes de la Policía de la Ciudad denunciados por casos de violencia familiar, doméstica y/o contra las mujeres.