Página/12 en Perú

Desde Lima

Vencido este miércoles el plazo para su detención preliminar por una semana, el expresidente Pedro Castillo sigue en prisión. Este plazo se prorrogó 48 horas, algo que la ley permite, para mantenerlo recluido hasta que se defina el pedido de la fiscalía para que se le imponga prisión preventiva por 18 meses. Esto debía haberse visto este miércoles, antes que se cumpliera el plazo de la detención preliminar, pero esa audiencia fue postergada para este jueves en medio de denuncias de violaciones al debido proceso. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar inconstitucionalmente el Congreso, lo que fue una acción ilegal y desesperada de un presidente acorralado por un Congreso que lo quería destituir. 

La fiscalía también pide la detención preventiva del exjefe del gabinete ministerial de Castillo, Aníbal Torres, que estuvo en el cargo hasta dos semanas antes de la destitución del expresidente. Es acusado de haber participado en el fallido intento de cerrar el Legislativo. Torres ha pasado a la clandestinidad. Desde la prisión, Castillo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda por sus derechos. Este miércoles se presentaron dos habeas corpus pidiendo su liberación.

El pedido de protección a la CIDH para que se respeten sus derechos lo hizo Castillo en una carta escrita a mano que se hizo pública. “¡Basta ya!”, comenzó esa misiva el expresidente. “Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia. Los hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, escribió Castillo.

En esa carta, Castillo toma como un respaldo las movilizaciones que se extienden por buena parte del país, con mayor fuerza en zonas andinas. Eso es parcialmente cierto. Si bien las movilizaciones sociales fueron gatilladas por la destitución de Castillo y en ellas hay sectores que lo apoyan y demandan su libertad, el grueso de estas protestas no se centran en darle respaldo a Castillo, sino en demandar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias con la consigna “que se vayan todos”.

Cuando el abogado de Castillo, Ronald Atencio, llegó al cuartel policial en las afueras de Lima donde está el penal Barbadillo, que tiene como únicos detenidos a Castillo y al exdictador Alberto Fujimori, para participar en la audiencia virtual en la que se decidiría sobre la prisión preventiva del expresidente, no pudo ingresar. En la puerta del penal, donde simpatizantes de Castillo exigían su libertad, el abogado denunció una violación al derecho a la defensa. A pesar de esto, la audiencia se inició, pero debió ser suspendida hasta este jueves.

“No nos permiten el ingreso, en estas condiciones no puedo ejercer un debido derecho de defensa. No tengo el requerimiento de la fiscalía, no tengo la documentación para saber qué argumentar en la audiencia. Al no tener garantías necesarias para poder ejercer un derecho de defensa eficaz, no tengo nada que hacer en esta audiencia. No puedo ejercer la defensa en estas condiciones”, denunció el abogado de Castillo en la puerta del penal. Dio a entender que renunciaba a la defensa del expresidente por no haber condiciones para ejercerla en el marco de un debido proceso, pero horas después aclaró que no había renunciado. Los defensores de Castillo, pero también diversos analistas y juristas, han denunciado que se están violando el debido proceso y el derecho de defensa del expresidente.

En diálogo con Página/12, el abogado penalista Julio Arbizu señaló que “el delito de rebelión que se le imputa a Castillo no existe porque no se consumó, la Corte Suprema ha dicho en este caso que puede haber delito de rebelión en la modalidad de tentativa, eso es muy discutible, yo creo que no”. “Definitivamente -apunta Arbizu- no se está respetando el debido proceso. A Castillo se le levantó el fuero en el Congreso sin que haya una acusación, la que fue presentada después por la fiscalía, y sin darle el derecho de exponer su defensa. El levantamiento del fuero al expresidente en esas condiciones es ilegal. Además hay una serie de nulidades en la actuación fiscal. Por ejemplo, hay notificaciones a los abogados de Castillo para diligencias que se habían realizado antes de entregarse esas notificaciones, los abogados han dicho que no los han dejado conferenciar con Castillo. Están tratando de hacer un trámite exprés y en esa intención están sembrando nulidades”.

Arbizu señaló que la defensa de Castillo podría llegar hasta el Tribunal Constitucional para denunciar estas violaciones al debido proceso y al derecho de defensa. “Es clarísimo que hay un reguero de nulidades que tendrán que ser controladas por la justicia constitucional. Las irregularidades que existen podrían llevar a la nulidad de todo el proceso.” Agregó que los procesos ante la CIDH son largos y primero se debe agotar la vía interna, pero este organismo podría emitir un pronunciamiento con una recomendación para que se respete el derecho de defensa de Castillo.

“La detención de Castillo y todo el proceso en su contra son arbitrarios. Si esto se decidiera jurídicamente y no políticamente, Castillo debería ser puesto en libertad”, dijo Arbizu. Pero en este caso lo político está por encima de lo jurídico.