Tras poco más de siete horas y media de debate, la Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto de presupuesto 2023 por amplia mayoría, con el único voto negativo de la legisladora Sofía Sierra, del Pro. 

El resto de legisladores votaron afirmativamente el proyecto en general, pero el bloque Ahora Salta, integrado por Cristina Fiore, Roque Cornejo y Julieta Perdigón, votó en contra del artículo 25, que otorga facultades al gobernador Gustavo Sáenz para redireccionar partidas. Y la diputada Jorgelina Juárez, del bloque Todos, rechazó el artículo 14, porque impediría la contratación de más recursos humanos para el sistema de salud en el Hospital de San Ramón de la Nueva Orán. 

El proyecto del Ejecutivo provincial fue presentado por la diputada Patricia Hucena (Orán, Gustavo Sáenz Conducción), que también cerró la discusión con una encendida defensa de la gestión del gobernador. “Este gobierno tiene una profunda visión federal y se ha propuesto reducir las asimetrías históricas que tiene la provincia”, con esa premisa se hizo este presupuesto, aseguró al comienzo. 

Destacó que el presupuesto, de más de 618 mil millones de pesos, “representa un incremento del 128 más % respecto” a 2022; reseñó que el 42% está destinado a educación, el 25% a salud y el 18% a seguridad, habló de las previsiones de incorporación de más personal para cubrir vacantes en estas carteras, de la “fuerte inversión en obras de más de 3 mil millones de pesos, un 130% más que 2022" en Salud. De que "por primera vez" el presupuesto fue elaborado con perspectiva de género, "con recursos destinados a reducir esas brechas y desigualdades, con más de 96 programas transversales, por un total de 12 mil millones de pesos". 

Y también hizo un repaso por el internacional y nacional, la pandemia, la guerra de Ucrania, la suba generalizada de los precios, la desaceleración de la economía. “Todo esto sin duda impacta en nuestra provincia”, aseguró. Recordó que "la variable macroeconómica nacional prevé un crecimiento del 2% anual con inflación al 60% y dólar a 270 pesos", y se quejó de la distribución de los recursos de coparticipación, de  116 mil pesos anuales por cada habitante de la provincia, lo que significa que Salta “recibe menos que Jujuy, un 37% menos; un 50% menos que Santiago del Estero; un 125% menos que Formosa”. Reconoció, sin embargo, que el 77% de los recursos provienen del Estado nacional y el 23% son de la provincia. 

Siguiendo los lineamientos del ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, Hucena sostuvo que el presupuesto tiene dos objetivos, uno a corto plazo, de sostener la actividad económica, para lo que se toman medidas de reactivación, entre ellas, créditos a tasas negativas, la obra pública, la promoción del turismo, y otro de planificación de mediano y largo plazo sobre cómo generar empleo de calidad, mejorar la calidad de vida de todos los salteños. 

En este último objetivo destacó que son necesarias tres condiciones: mantener el equilibrio fiscal y la previsibilidad y seguridad jurídica; la infraestructura y la conectividad, y los servicios básicos. 

"Este gobierno tiene las cuentas equilibradas", aseguró sobre la primera condición. Recordó que se disminuyó la deuda pública en 79 millones, que el presupuesto se presenta equilibrado; la inversión en obra pública, que "creció en los últimos años y en 2023 también crecerá, habrá un incremento del 94%, con 50 mil millones, a los que se suman los aportes nacionales". Sobre el segundo destacó el plan de conectividad vial, aérea, ferroviaria y digital. Y sobre los servicios básicos, el gran tema en este momento de escasez de agua en gran parte del territorio provincial, recordó que el gobierno salteño elaboró un plan de agua y saneamiento, con más de 14.700 millones de pesos de inversión y 233 obras. Aseguró que la provincia tiene en ejecución 1582 obras por más de 72 mil millones de pesos, que son para ir solucionando problemáticas de servicio en los distintos departamentos. “No es casual, hay gestión, hay compromiso en este gobierno”, concluyó. 

Socorro Villamayor (Capital, Tiene Futuro), la otra espadachín del oficialismo en la Cámara Baja, dió más detalles a favor de la aprobación del presupuesto. 

Prioridades 

Pero enseguida se entabló el debate porque el presidente, Esteban Amat, le dio la palabra a Cristina Fiore (Capital, Ahora Salta). Empezó cuestionando que se presente "como un gran logro el incremento del presupuesto del 128%”, cuando se debe a la inflación. De paso, recordó una imprecisión del ministro Dib Ashur, que reconoció que si bien la previsión de la inflación de 2023 es del 60% en realidad sería del 88%.

En cuanto a la distribución de las partidas por ministerios, Fiore destacó que en cuanto a montos, en tercer lugar está Economía, no Seguridad, y entró a lo que le interesaba resaltar: Gobernación, que se ocupa de las "actividades necesarias para la asistencia del señor gobernador", según informa el propio proyecto, tiene previsto mayor presupuesto que Desarrollo Social, que debe ocuparse de “todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidado, inclusión y desarrollo social, la seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, el desarrollo de la igualdad de oportunidades para los más vulnerables, en particular niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores, organizaciones comunitarias”, y más. 

“Verdaderamente la diferencia entre Desarrollo Social y Gobernación es abrumadora", y si el criterio es que a mayor presupuesto mayor prioridad, entonces es "más prioritaria la Gobernación que Desarrollo Social", razonó.

También afirmó que en realidad no hay un incremento de partidas para sostener la actividad económica, y es más Gobernación tiene casi el doble de Producción y tres veces más que Turismo. Y cuestionó, como lo haría más tarde el diputado Roque Cornejo, que de más de 800 obras públicas presupuestadas para este ejercicio, a septiembre de 2022 “se ha ejecutado solamente el 38,28%”. 

Y criticó, como lo harían los legisladores del norte salteño, a la empresa Aguas del Norte, no conoce empresa “más ineficiente”, dijo, y señaló que el presupuesto prevé darle 1.200 millones de transferencia. “Por qué la provincia tiene que seguir transfiriendo recursos a una empresa que es verdaderamente desastrosa en la prestación de los servicios”, cuestionó. 

Sin embargo, adelantó que su bloque iba a acompañar en la votación, con la excepción de las “facultades sumamente discrecionales que tiene el señor gobernador en lo que respecta al manejo de partidas presupuestarias”. 

Le sucedieron exposiciones de legisladores del oficialismo, como Germán Rallé (San Martín, Gustavo Sáenz Conducción) y Lino Yonar (Rosario de Lerma, mismo bloque) que destacaron distintos aspectos de la gestión de gobierno, como la inversión en el Ministerio de Educación y sus líneas de acción, las obras para municipios y departamentos.

Bernardo Biella (Capital, Salta Independiente), hizo un análisis del presupuesto destinado a Salud. “El presupuesto básicamente se ha mantenido con el correr del tiempo”, teniendo en cuenta las variables de la economía; “No está” la partida presupuestaria para las designaciones en planta que se anuncian, advirtió; el proyecto “cumple con las expectativas pero no es que tenemos dinero de sobra, como dijo el ministro de Economía”. 

Isabel de Vita (Capital, Todos), trató de profundizar el debate proponiendo pensar en políticas para generar valor agregado a la producción. “Solamente así podremos hablar de presupuestos menos endebles”, con menor dependencia, sostuvo.

Como en 1810, esperando el aguatero 

La persistencia de ciertas inequidades en la provincia vienen provocando el enojo de los legisladores del norte salteño, acuciados además por los habitantes de esa región, donde escasea el agua, con altas temperaturas.  Santiago Vargas (San Martín, UCR) empezó los reclamos de mayor presupuesto para el norte. “El debate se ha dado en la ineficiencia del estado para poder solucionar problemas”, aseguró. 

Jorge Restom (San Martín, Todos) fue más directo. “Más allá de toda esta inversión en San Martín seguimos sufriendo el tema del agua hasta el día de hoy. El agua sigue siendo de color verde", no es apta para consumo y la solución que les dan Aguas del Norte (COSAYSA) y el Ente Regulador de Servicios Públicos es que "volvamos a los camiones distribuidores de agua" y "la gente vive hoy como en 1810 esperando que llegue el aguatero", sostuvo. 

Agregó que el agua que sale de la cañería en Tartagal "ni siquiera es apta para el baño o para la higiene personal porque produce dermatitis" y conjuntivitis. Y le respondió a Yonar, que había hablado de una inversión de 925 millones de pesos para el hospital de Tartagal, cuando en realidad "se van a invertir solamente 925.449 dólares, con una población, según el último censo, solo en la localidad de Tartagal de 123.709 habitantes, con una zona de influencia superior a 200 mil habitantes". Comparó ese monto con el que tiene asignado el Hospital San Bernardo, en la capital salteña, “de 28.365.110 millones de dólares, con una población de un 1.214.441 habitantes, lógicamente habla de una desproporción inusual”.

“El departamento San Martín fue el primer productor de gas y petróleo y este gobierno sigue recibiendo de regalías hidrocarburíferas, que son superiores a las mineras", siguió. En el presupuesto se prevé que habrá un ingreso de 30.999.376 millones de dólares por regalías hidrocarburíferas, "o sea que con plata que es fundamentalmente nuestra financiamos otras obras de infraestructura que no se vuelcan en mi departamento”. Como muestra, recordó que en San Martín hay 30 establecimientos escolares que no tienen acceso al agua bajo ninguna forma.

Jorgelina Juárez (Orán, Todos) cuestionó que el presupuesto no prevea mejoras de infraestructura y de recursos humanos que necesitan en Orán. E introdujo una cuestión que fue reclamada por varios legisladores, a pesar de que la ley lo prevé y de que hay un fallo judicial en tal sentido, el presupuesto no destina fondos para salud mental. 

Roque Cornejo (Capital, Ahora Salta) calificó al presupuesto de "una ficción porque prevé obras que sabemos que no se van a hacer”, y, entre otras razones, "prevé una inflación del 60%”, porque se dice federal y, por ejemplo, para Rivadavia no se han previsto obras de agua.

“Nos llega un presupuesto general para aprobar a ciegas”, cuestionó a su turno la diputada Sofía Sierra. Dijo que no saben en detalle cuál es el presupuesto para cada área.