El juez Maximiliano Troyano condenó a Mario Dardo Balverdi (49) a prisión perpetua en calidad de autor del femicidio de Graciela Flores y por dos hechos de desobediencia judicial. La víctima era psicopedagoga precarizada en el Hogar Niño Jesús del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Fue atacada con un cuchillo camino a su trabajo cuando se dirigía a cubrir una guardia el 31 de diciembre de 2020.

Balverdi fue detenido en flagrancia, ya que hubo personas que vieron la agresión e intervinieron para frenarlo. Inclusive, mientras huía, se prendió fuego pero lograron apagarle las llamas.

Tras la condena será trasladado a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas. El juez dispuso que deberá someterse a un tratamiento psicoterapéutico por la naturaleza de los hechos por los que fue condenado, y por el consumo problemático de alcohol. 

Durante los alegatos, la fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, y la defensora de víctimas de violencia familiar y de género, que actuó como querellante, Liza Medrano, habían solicitado prisión perpetua para el acusado.

"Esperábamos esta condena porque estaban todas las pruebas y que se haga justicia por mi hermana y por todas las mujeres que pasaron por lo mismo", dijo Ana Toledo a Salta/12. "Era lo que se esperaba. La sentencia es lo que corresponde ", añadió el hermano de la víctima, Jorge Rafael Villalba Alvarado. Él es abogado y reside en Buenos Aires.

Balverdi tenía una orden de prohibición de acercamiento a la víctima, aunque la incumplía de forma permanente. Según explicó la fiscala, uno de los incumplimientos fue en la misma mañana del 31 de diciembre cuando el acusado interceptó a la víctima y la llevó a la fuerza hacia una zona de departamentos, de donde ella pudo escaparse. El otro hecho corresponde al asesinato que cometió finalmente en la noche.

El abogado defensor de Balverdi, Carlos Genovese, solicitó 20 años de prisión y planteó un recurso de inconstitucionalidad de la perpetua, pero le fue rechazado. 

"La perpetua no es inconstitucional. No es toda la vida, así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que pueden estar hasta 35 años. A partir de los 25 años puede tener salidas transitorias, beneficios que la ley otorga", dijo el hermano de la víctima.

Antes de los alegatos, Balverdi hizo uso de la posibilidad de declarar, reconoció la autoría del femicidio y pidió perdón a su familia y a la de la víctima.

Dos denuncias previas sin detención

Poma expuso que la víctima había realizado dos denuncias previas, el 28 de enero y el 27 de marzo de 2020, cuando Balverdi, estando ya separados, ingresó al domicilio con un cuchillo amenazando con matarla y matarse. Fue un femicidio anunciado por el autor. La fiscala indicó que el acusado ejecutó su "plan original" cuando hirió de muerte a la víctima.

Uno de estos episodios fue descripto por sus hijos, ya que uno de ellos tuvo que intervenir para salvar a su madre cuando el imputado ingresó a la casa con un cuchillo, y la encerró en su habitación amenazando con matarla, y matarse. El hijo pudo forzar la puerta y quitarle el cuchillo.

Los hijos y hermanas de la víctima relataron que la pareja se había separado en 2019, luego de 25 años de matrimonio. Los hijos le pidieron al progenitor que se fuera de la casa que alquilaban porque tenía consumo problemático de alcohol y cuando llegaba a la casa quería agredirlos. Además, ejercía violencia económica, ya que era Graciela quien trabajaba y cubría los gastos familiares. Cuando se separaron, el agresor comenzó un constante acoso, persecución, expresiones de celos y amenazas. La fiscala señaló que la víctima estuvo inmersa en un ciclo de violencia de género, que fue escalando. Pese a dos notificaciones de medidas de prohibición de acercamiento, de febrero y mayo, según indicó Poma, Balverdi las incumplió de manera constante. 

Violencia institucional

Villalba Alvarado señaló que ante las desobediencias judiciales previas al 31 de diciembre "es de manual que lo tenían que detener". Consideró que la policía no entiende la gravedad de estos hechos y por ello no detuvo al agresor ni cumplió correctamente con las consignas, como pasó ante las denuncias de su hermana y las violaciones a la perimetral. 

"Creo que hubo como un abandono de persona hacia mi hermana, hacia la víctima. Como nosotros dijimos, a mi hermana le dieron la consigna pero entró en depresión porque no podía seguir con su vida normal. ¿Por qué él sí, afuera, haciendo lo que quisiera? Pienso que el agresor tendría que haber quedado preso y por eso creo que el Estado estuvo ausente y no la asistió", manifestó Ana Toledo. 

El hermano recordó que en Salta rige la emergencia social por violencia de género, sin embargo, el Estado salteño fue ineficiente para proteger la vida de su hermana. "Lo que se hizo no es nada. No se implementaron las casas de acogida, para que tuviera a donde ir (...) No tuvo asistencia económica", enumeró. 

Además Villalba Alvarado sostuvo que se ejerció "violencia institucional". "Los que te tienen que cuidar, no hacen lo que la ley dice que se tiene que hacer. Es más grave, profundo, lo que ha pasado y sigue pasando", advirtió.  

"Lo que hay que hacer es que realmente las leyes sean efectivas, que se cumpla la emergencia sobre violencia de género, que sea más efectiva, que no sea solamente para mostrar que se hace algo y no se hace nada. La violencia de género está inmersa en la sociedad, en la política, todos los días", manifestó.

El Estado salteño no protegió ni contuvo a Graciela como víctima de violencia de género cuando realizó las denuncias, ni como trabajadora incluso esencial durante la pandemia mientras cumplía un rol de asistencia a las infancias en un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Villalba Alvarado explicó que su hermana tenía un "contrato basura" del gobierno provincial,  "nunca le hicieron el trámite de la obra social IPS" y le pagaban atrasados los sueldos que eran muy bajos. Contó que los hijos se vieron obligados a iniciar el juicio sucesorio para percibir los últimos dos meses que la provincia le adeudaba a su madre, que equivalía a unos $26.000 (pesos). 

Víctimas colaterales del femicidio

La víctima tenía tres hijos varones que en la actualidad tienen 26, 24, 23 años, y una hija que ahora tiene 16 años. El hermano del medio tramitó la tutela de la adolescente. 

Solo la hija más chica accedió a la Ley 27.452 "Brisa" de forma reciente. Esta legislación otorga una suma mensual de dinero para hijas e hijos de víctimas de femicidios menores de 21 años, es equivalente a una jubilación mínima y garantiza la cobertura de salud. Su tío indicó que hubo una demora de dos años.

Villalba Alvarado señaló que pese a la vigencia de la emergencia en violencia de género, desde el gobierno salteño "a los chicos les dijeron que como vivían alquilando, les iban a dar prioridad en sorteos del Instituto Provincial de la Vivienda y eso nunca pasó". Explicó que los hijos de Graciela fueron enviados por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia a entrevistarse con el presidente del IPV. "Cuando fueron, no estaba, los atendió otra persona, se los revictimizó", sostuvo.

Además, contó que dos de los hijos de Graciela estudian ingeniería y se sostienen con becas, mientras que el tercero quedó en situación de calle. "Las primeras semanas (el gobierno municipal de) Bettina Romero los llevaba a merendar y nada más", sostuvo.