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A contramano de la lógica y de los antecedentes en el propio caso, la Cámara de Apelaciones confirmó la detención domiciliaria de cuatro de los cinco policías acusados de abandono de persona seguido de muerte, en siete casos, tras el incendio de la comisaría 1ª de Pergamino, ocurrido el 2 de marzo pasado. La semana pasada el juez de Garantías, César Solazzi, ya había incurrido en su propia contradicción al conceder el arresto domiciliario a los mismos cinco policías imputados a los que había ordenado detener en abril por riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso. La Comisión Provincial por la Memoria, que representa a los familiares de dos de las víctimas, cuestionó el fallo de los camaristas.
La semana pasada, Solazzi había dispuesto la detención domiciliaria de los cinco policías detenidos por la muerte de las siete personas que murieron intoxicadas por el humo en la dependencia policial. En abril el mismo juez había decidido detener al sargento César Carrizo, a la ayudante Carolina Guevara, a los agentes Sergio Rodas y Matías Giulietti, y al oficial sub ayudante Alexis Eva. El comisario Sebastián Donza permanece prófugo desde entonces. El riesgo de fuga, en ese momento, era evidente.
Pero a principios de julio, el mismo Solazzi cambió de opinión. Para sostener su decisión se apoyó en informes socioambientales y pericias psiquiátricas, que sostuvieron que los imputados cuentan con una estructura de “contención familiar”. Donza seguía y sigue prófugo.
Apelado el fallo, los jueces Martín Miguel Morales, María Gabriela Jure y Mónica Flora Guridi, de la Cámara de Apelaciones y Garantía de Pergamino, el viernes anterior al inicio de la feria tomó la decisión de confirmar la decisión del juez en cuatro de los cinco casos, mientras Donza sigue prófugo. El beneficio de la teoría de la manzana podrida recayó sobre Carrizo, Guevara, Rodas y Giulietti, mientras que Eva quedó momentáneamente adentro.
“Tanto la decisión de Solazzi como de la Cámara desconocieron el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación. Todo esto sucede mientras el Comisario Alberto Donza continúa prófugo de la justicia”, sostuvo la CPM en un comunicado. La CPM “repudia la decisión de la justicia y advierte una vez más con preocupación la selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad. Asimismo, la CPM exige que se revea la aplicación efectiva de este beneficio porque entiende que pone en serio riesgo el avance de la causa judicial. En ese sentido, el organismo recuerda que, desde el primer momento, la policía –valiéndose del carácter corporativo de las fuerzas de seguridad– intentó entorpecer la investigación. Entre las pruebas que existen en la causa, se determinó que adulteraron los libros de la comisaría; una vez imputados, ellos y sus defensores realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas. Todas estas advertencias y denuncias presentadas por las querellas y por el fiscal Néstor Mastorchio fueron desoídas primero por el juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones. De hecho, resulta significativo el cambio de parecer del juez Solazzi puesto que él mismo, dos meses antes, había dictado la prisión preventiva de los imputados reconociendo el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación.”
