La Corte Suprema se escondió detrás de un formalismo para dejar firme una condena contra Milagro Sala a trece años de prisión en lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunció como la “convalidación del lawfare” contra la dirigente social. Minutos después de conocido el fallo, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, celebró en Twitter y anunció que pedirá que la líder de la Túpac Amaru pase a cumplir la pena en cárcel común.
En 2019, un tribunal de Jujuy condenó a Sala a trece años de prisión por encontrarla culpable de liderar una asociación ilícita, defraudar al Estado y extorsionar en una causa que se conoce como “Pibes Villeros” por el nombre de una cooperativa dedicada a la construcción de viviendas sociales. La justicia provincial jujeña, alineada y moldeada por el propio Morales, convalidó todas las decisiones del tribunal.
En marzo de 2020, la defensa de Milagro Sala presentó un recurso ante la Corte Suprema con la esperanza de que enderezara un proceso que estaba plagado de irregularidades y en el que se habían afectado los derechos constitucionales de la dirigente social. Entre otras cuestiones, los abogados de Sala habían planteado que el tribunal la expulsó durante 60 días, por lo que ella no pudo controlar prueba clave que se producía en las audiencias y que no permitió que declararan testigos que podrían explicar cómo funcionaba la Tupac para ahuyentar las teorías de que era una asociación ilícita.
La defensa también dijo que el tribunal no quiso hacer un peritaje para ver qué obras se habían hecho o no –una maniobra similar a la que se dio en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad– y que el juicio prácticamente no fue público: solamente un número muy reducido de personas eran habilitadas a ingresar a la sala de audiencias y los periodistas que asistían no podían publicar lo que sucedía. Los letrados también habían pedido la nulidad de la sentencia porque los fundamentos se dieron a conocer fuera de término y porque la acusación era difusa.
En febrero, el procurador interino Eduardo Casal pidió hacer caso omiso a los planteos de Milagro que apuntaban a una violación flagrante del debido proceso. En esa línea se pronunciaron los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El argumento central de los cortesanos para rechazar la queja de Sala fue que la sentencia ya había sido revisada por el tribunal superior de Jujuy y que la defensa no había podido demostrar que hubiese una lesión a un derecho de raigambre federal o que fuera una sentencia arbitraria, lo que habilitaría la intervención de la Corte Suprema federal.
“Se advierte que la defensa no se hizo cargo de controvertir los argumentos esgrimidos por los tribunales locales para desestimar los agravios de la parte referidos a la presunta vulneración al derecho de defensa en juicio, derivados del rechazo de parte de la prueba ofrecida, la indeterminación de la imputación en su contra y la infracción del principio de congruencia, falencia que obsta de modo decisivo a la procedencia de su impugnación en orden a dichas cuestiones”, escribieron.
Con algún dejo de provocación, la Corte rechazó los argumentos sobre la publicidad del juicio al compararlo con las pautas de difusión que estableció la Cámara Federal para el Juicio a las Juntas.
A los minutos de conocida la sentencia, Morales aprovechó para tuitear una “carta abierta al kirchnerismo” y anunciar que pedirá a la Fiscalía de Estado, que es querellante en la causa, que Sala pase a cumplir la pena en cárcel común. Sala está presa desde enero de 2016. Inicialmente la detuvieron por una protesta contra el gobierno de Morales y luego fueron sumando causas. El reclamo por su prisión llegó a los organismos internacionales. Durante el macrismo, la Corte convalidó la prisión preventiva de la dirigente social pero ordenó que se establecieran las medidas alternativas que había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que fue enviada a prisión domiciliaria.
Reacciones
“No me sorprende nada de lo que pasó en la Corte”, dijo Sala en una entrevista con El Destape Radio tras conocerse el fallo. “Esta sentencia ya la tenían y estaban viendo el momento justo para largarla”, sostuvo la líder de la Tupac.
En efecto, unos meses atrás, voceros del máximo tribunal instalaron que podría salir el fallo antes de fin de año. Rápidos, los cuatro supremos estamparon su firma este martes en el primer acuerdo que llevaron adelante después de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenara a Fernández de Kirchner a seis años de prisión. “La única esperanza que tenemos es Cristina. Yo ya estoy presa, pero, si viene la derecha, va a venir por lo poco que queda”, agregó Sala.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, apuntaron que la Corte usó argumentos formalistas para convalidar la persecución contra Sala. “No sorprende, pero no deja de indignar que la Corte Suprema vuelva a demostrar su falta de compromiso institucional con la Constitución Nacional”, dijo el organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti. “El verdadero objetivo era la proscripción política y la desmovilización social, y no la lucha contra la corrupción”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que se presentó como amicus curiae en este expediente– remarcó que los tuits de Morales muestran el ensañamiento del gobernador, que el organismo denunció el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con respecto a la Corte, la organización sostuvo que el tribunal decidió no analizar la violación de garantías constitucionales. “La Corte rechazó el recurso por problemas técnicos. El rol de una corte federal es precisamente asegurar la vigencia de las garantías constitucionales, entre ellas, el debido proceso. Y, en este caso, bajo el argumento de no afectar la autonomía provincial no lo hizo”, denunció el CELS.
La Tupac Amaru reclamó un indulto urgente para Sala y realizará este viernes a las 16 una conferencia de prensa. Para la organización, el fallo de la Corte es escandaloso en términos políticos y jurídicos, ya que consagra un margen de arbitrariedad a los tribunales provinciales.
