Un estudio realizado por ONU Mujeres en Argentina en colaboración con el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP) en la provincia de Santa Fe estima el esfuerzo fiscal de invertir en políticas públicas para reducir los déficits en la atención de las demandas de cuidado, y calcula que, en un escenario de máxima, se podrían generar más de 145 mil empleos con estas políticas activas, si se invierte un 12,9 por ciento del Producto Bruto Geográfico. Esta alternativa requeriría que el 50 por ciento de la población de 0 a 2 años tenga cobertura, se universalice la sala de 3 años y haya doble escolaridad para la totalidad de las escuelas primarias y especiales. Por otro lado, el nivel salarial de quienes brinden este servicio debería equivaler al salario promedio de los varones registrados. Para llegar a ese objetivo, también se deberían ofrecer cuidados a personas adultas mayores con dependencia básica y a personas con discapacidad con dependencia severa, ya sea con cuidados remunerados en casas particulares o ambulatorios realizados en instituciones. En este planteo, el 32 por ciento de la inversión estaría destinada a infraestructura y el resto, a proveer los servicios. 

Todas las personas, en algún momento de su vida, necesitaron, necesitan o necesitarán cuidados. En la infancia y la vejez, esa necesidad se profundiza, y lo mismo les pasa a las personas con discapacidad.  Acceder a cuidados es un derecho de todas las personas, que hoy se ejerce de manera muy desigual: quienes tienen la posibilidad económica, tercerizan esos cuidados a través del pago de servicio y quienes no, lo resuelven en el ámbito familiar sustrayendo a algún integrante (generalmente mujeres, niñas y adolescentes) de la posibilidad de continuar sus estudios o desarrollar trabajos remunerados. 

"La inversión en infraestructura necesaria para la ampliación de los servicios (siendo la construcción un sector muy dinamizador de la economía), así como el ingreso generado con los nuevos empleos a crearse, pueden constituirse en importantes motores para la economía provincial, llevando a creación de mayor empleo de manera indirecta, así como contribuyendo a más recaudación impositiva que permitiría financiar parcialmente las inversiones requeridas", dicen las conclusiones de este estudio denominado "Inversiones públicas en la economía del cuidado. El caso de la provincia de Santa Fe". 

El estudio propositivo, que fue presentado ayer en la ciudad de Santa Fe por la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro y la directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany. Las escoltaron las ministras de Gobierno, Celia Arena y de Infraestructura, Silvina Frana. "La forma en que hoy se resuelven las necesidades de cuidado de la población entraña nudos de reproducción de desigualdad económica y de género, a saber: las mujeres en promedio destinan el doble de tiempo que los varones al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados,  las mujeres que viven en hogares de bajos ingresos destinan en promedio casi el doble de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que las mujeres que viven en hogares de ingresos medios", expresa la argumentación del estudio, y agrega que "los hogares de ingresos medios y altos tienen muchas más posibilidades de acceder a servicios de cuidado extra-domésticos que los hogares de bajos ingresos". 

El núcleo de la propuesta es que "invertir en servicios de cuidados genera rendimientos económicos (generación de empleo y dinamización de la economía) que hoy son cruciales para promover una recuperación económica con igualdad".

El estudio se produjo en el marco del programa conjunto de ONU Mujeres y la Organización Social del Trabajo (OIT) “Promover el empleo decente para las mujeres a través de políticas de crecimiento inclusivo e inversiones en la economía del cuidado”, y se estudiaron escenarios sin inversión, con inversión mínima, media y máxima, para evaluar sus posibles impactos en la economía y el empleo.