Los trabajadores de Terminal Puerto Rosario le sumaron intensidad al conflicto que sostienen con la concesionaria del muelle estatal, ante la falta de respuesta por parte de la patronal y su negativa a reincorporar 25 operarios despedidos y a pagar los sueldos de noviembre que todavía les adeuda a 600 obreros. La pelea escaló cuando ayer los portadores de la protesta marcharon hacia el centro hasta el lugar físico del poder político. Hubo excesos: rompieron la puerta de la Municipalidad y el Ejecutivo radicó denuncia penal contra el sindicato portuario. Tras ello, la patronal anunció un cambio de interlocutor para reunión en el Ministerio de Trabajo: salieron del medio los ejecutivos de Vicentin y llegó con actitud menos intransigente un directivo de la otra empresa socia, la chilena Ultramar. Ahora quedó en contestar si se aviene a las dos exigencias gremiales más urgentes antes de empezar a dialogar: retroceder con los despidos y pagar los sueldos.

Los dirigentes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos -Supa- confirmaron ayer su hipótesis de que TPR lleva adelante su estrategia de "cuanto peor, mejor" para presionar al Estado y conseguir una prórroga de concesión en condiciones más blandas que no le exija las inversiones que hasta ahora adeuda. 

César Aybar, secretario general del gremio, lamentó los desmanes cometidos por un grupo de su columna en el Palacio Municipal, a sabiendas de que eso fue hacerle el juego a la empresa en falta. "No fue una decisión sindical, yo estaba conversando con concejales que nos habían atendido y al salir me enteré lo que había pasado. Lo primero que debo hacer es pedir disculpas a todos los rosarinos, y al intendente Javkin. Nada justifica ese acto de violencia. Sería necio de mi parte negarlo", concedió, al aire de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa.

Asimismo, le puso contexto al asunto: "Hago responsable de esta situación al grupo Vicentin, porque generó esta olla a presión, este caldo de cultivo, y le tiró el conflicto a Nación y a Provincia", completó Aybar.

Los portuarios habían avanzado desde los piquetes en el Acceso Sur que mantienen paralizadas hace diez días las terminales I y II, hacia el centro. También desde esta semana extendieron el bloqueo  a los muelles VI y VII de Rosario, a Cargill en Villa Gobernador Gálvez y Alvear, Louis Dreyfus en General Lagos y ADM en Arroyo Seco.

Primero dirigieron su bronca frente a la torre Aqualina, donde reside el ejecutivo de Vicentin y de TPR Gustavo Nardelli. El empresario ya no estaba allí sino de vacaciones en Punta del Este. 

Luego irrumpieron en el Concejo municipal y con estrépito coparon el recinto de sesiones hasta que un grupo de ediles se prestó a escucharlos y tomar nota de la situación. Mientras, un grupo intentó repetir la maniobra en el Palacio Municipal, y ante la puerta cerrada la derribaron con violencia.

Javkin en ese momento estaba por firmar el convenio para implementar la tarjeta SUBE en el transporte urbano. Enterado, encomendó radicar denuncia en Fiscalía. Estaba enojado de verdad. "¿Les parece que esto puede ser un reclamo gremial del puerto? No tiene ninguna lógica que la protesta sea en la Municipalidad de Rosario. Es un hecho policial, y si en la investigación surgen asuntos políticos o portuarios, eso le cabe a los fiscales o jueces. Esto no es un hecho gremial, es un hecho policial", se quejó. 

El titular del Supa puso en contexto el desborde. "Nuestro reclamo viene de abril, la situacion no da para más, los compañeros están al límite: llegamos al 15 de diciembre y están tirados en la calle, sin plata. El grupo Vicentin lo hizo adrede para generar estos desmanes. Un compañero puede ser razonable con plata en el bolsillo y el estómago lleno, pero no así. Esa actitud explotó y derivó en esto. No es justificable pero tiene que ver", dijo. 

Con todo, los portuarios llevaron la batalla hasta Gobernación, donde el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, los esperaba como también al nuevo interlocutor de TPR, 

El reclamo inicial tiene que ver con 25 despidos que la empresa dispuso como respuesta al primer reclamo de recomposición salarial. Allí el gremio empezó a sospechar de la estrategia patronal de provocar deliberadamente para complicar el escenario al Enapro y a la autoridad nacional de puertos. Tras ello, también suman al reclamo descuentos salariales que se les aplicó a los 600 empleados por los días de huelga; y la prolongación de la jornada laboral de 6 a 8 horas, algo fuera de lo convenido en paritaria.

En cuanto al reclamo salarial concreto, el pedido era de 60% de aumento para lograr un acumulado del 100% anual. Todo quedó detenido.

Ayer TPR cambió de emisarios. Ya no los de Vicentin, y en cambio arribó Raúl Moreira, director del grupo chileno Ultramar en Argentina, empresa que detenta el 30% de las acciones de la concesionaria. El conflicto le estalló en la mano con los sucesos de ayer.

Al término de la audiencia, el ministro Pusineri le resumió a Rosario/12: "El gremio pide que la empresa reincorpore a los 25 trabajadores despedidos y que paguen la diferencia salarial antes de sentarse a hablar. Es que están sin cobrar todavía el sueldo de noviembre", expuso.

El negociador de TPR tomó el reclamo y quedó en contestar. "Estamos evaluando si convocamos a otra audiencia para mañana mismo", dijo Pusineri al caer la tarde.

Aybar, al menos, celebró el cambio de interlocutor: "Ahora Ultramar, que no tenía poder de decisión, envió al presidente con facultades plenas para encauzarla. Los ministerios de Trabajo dejaron en claro que no hay solución si no hay reincorporación de los trabajadores y se les paga el sueldo como corresponde", planteó.