El destituido expresidente Pedro Castillo continuará en prisión. Ese jueves, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó su prisión preventiva por 18 meses, tal como lo había pedido la fiscalía. Castillo no participó en la audiencia virtual. Tampoco lo hizo su abogado, Ronald Atencio, que un día antes había denunciado que se estaba violando el debido proceso y el derecho a la defensa del expresidente, la cual asumió un abogado de oficio. El fiscal también había pedido prisión preventiva contra el exjefe del gabinete ministerial Aníbal Torres, quien era asesor de Castillo en el momento del frustrado intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso y es sindicado por la fiscalía de haber participado en esa decisión. Pero el juez negó ese pedido y ordenó comparecencia con restricciones: no podrá salir de Lima sin permiso judicial. Hace unos días, Torres había anunciado que pasaba a la clandestinidad. Frente al cuartel policial donde Castillo está detenido, seguidores del expresidente exigían su libertad durante la audiencia. De otro lado, el gobierno anunció el retiro de sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Bolivia, en protesta por el apoyo de esos países a Castillo.

La fiscalía acusa a Castillo de rebelión y conspiración por haber ordenado el cierre del Congreso el pasado miércoles siete, poniéndose al margen de la Constitución. Esa orden de Castillo no se llegó a cumplir. Se quedó solo y cayó. Esa decisión de cerrar ilegalmente el Congreso fue tomada por Castillo horas antes de presentarse ante ese mismo Congreso para responder a un proceso para destituirlo por supuesta incapacidad moral. Era el tercer intento de la derecha parlamentaria de derrocarlo por esta vía. También habían intentado destituirlo con una absurda acusación de traición a la patria que naufragó por falta de sustento.

Por el cargo de rebelión, Castillo podría ser sentenciado hasta a 20 años de prisión. La defensa del exmandatario argumenta que no se cometió delito de rebelión porque la ley indica que este delito implica un alzamiento en armas, lo que no ocurrió. Y señala que el cierre del Congreso no se llegó a consumar, por lo que no hay delito de rebelión. El fiscal Alcides Chinchay argumentó que sí hubo delito de rebelión porque, aunque no se dio un alzamiento en armas, el expresidente ordenó a las Fuerzas Armadas que entren en acción y que si no lo hicieron, fue porque no obedecieron la orden. Hace unos días, al referirse al caso Castillo, la Corte Suprema señaló que puede darse el delito de rebelión como tentativa, lo que refuerza la posición de la acusación fiscal. La fiscalía indicó que la prisión preventiva era necesaria al existir peligro de fuga, porque Castillo había intentado asilarse en la embajada de México, país que le ha ofrecido protección.

Durante la audiencia virtual de prisión preventiva de Castillo, algunas decenas de sus seguidores, concentrados en la puerta del cuartel policial donde está recluido junto al exdictador Alberto Fujimori, seguían las incidencias de proceso por altoparlantes colocados la calle. Un cordón policial custodiaba la fachada del cuartel, ubicado en un barrio popular en las afueras de la capital peruana. Se coreaban consignas por la libertad de Castillo, el adelanto de elecciones y contra la presidenta Dina Boluarte. En una banderola con la foto de la presidenta se había escrito “Dina Iscariote”. Unos pedían nuevas elecciones, pero otros exigían la reposición de Castillo en la presidencia. “Insurgencia popular”, se escuchaba por momentos. No era un grupo grande, pero sí bullicioso.

Alzando una pancarta en la que se leía “Castillo libertad”, Flora Enríquez coreaba por la liberación del expresidente. “Nosotros queremos la libertad de Pedro Castillo. No queremos elecciones, queremos restitución”, nos dice Flor, como una aclaración, cuando desde un grupo cercano llegan gritos de “nuevas elecciones”. Cerca de ella, Julissa Rojas sí pide nuevas elecciones: “Nosotros lo que queremos es que se cierre el Congreso corrupto y que nuevamente haya elecciones, y también se convoque la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución”. El profesor Jack Conde señala que demandan nuevas elecciones para julio de 2023 y no aceptan la fecha de diciembre de ese año como ha propuesto el gobierno.

Mientras un tribunal decidía mantener a Castillo en prisión, continuaban las protestas en buena parte del país. La indignación ciudadana contra la clase política y las históricas desigualdades y exclusiones, se ha desbordado. Este jueves comenzó a regir el estado de emergencia decretado por el gobierno, acusado de reprimir violentamente las protestas, lo que ya ha dejado al menos diez muertos. Este jueves hubo dos muertos en la región andina de Ayacucho. Al final de la tarde del jueves comenzó una movilización de protesta en el centro de Lima. La policía lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Desde la izquierda se rechaza el estado de emergencia y se acusa al gobierno por la violenta represión. Se demanda sanciones. Desde la derecha, por el contrario, se aplaude el estado de emergencia e incluso se exige mayor “mano dura”, se criminaliza la protesta y se acusa de “terroristas” a los manifestantes.

La presidenta Dina Boluarte, que hace unos días había dicho que ordenaría detener la represión, justificó el estado de emergencia. “Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legítimo”, señaló. En las calles se sigue presionando para que las elecciones sean antes de diciembre de 2023, la última fecha señalada por la presidenta Dina Boluarte para las presidenciales y parlamentarias adelantadas, quien puso el tema en la cancha del Congreso que debe aprobar el adelanto. La fecha dependerá de la velocidad con la que hagan esa tarea.

“Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno para adelantar las elecciones. Invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo”, declaró la presidenta.

Este jueves se comenzaron a debatir en el Congreso las normas legales y reformas constitucionales necesarias para adelantar las elecciones. Congresistas de izquierda plantearon que con las elecciones adelantadas, se realice un referéndum sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura fujimorista. Hay dos demandas centrales de las protestas que podrían descomprimir la indignación popular que ha tomado el país: elecciones adelantadas a una fecha más próxima que la señalada y un referéndum para una Asamblea Constituyente. Pero la derecha defiende cerradamente la Constitución fujimorista y se opone al referéndum. En el Congreso tiene los votos para bloquearlo. El inicio del debate sobre el adelanto de elecciones dejaba ver que hacerlas antes de diciembre de 2023 será complicado. Incluso algunos legisladores plantearon volver a la fecha de abril de 2026 para las nuevas elecciones, lo que encendería más la indignación ciudadana.