En la primera sesión extraordinaria, realizada ayer, la Legislatura jujeña aprobó 16 leyes, seis de ellas son proyectos del Ejecutivo provincial. El periodo ordinario finalizó con 12 sesiones el pasado 30 de noviembre, pero se convocó a extraordinarias con algunos proyectos polémicos, como lo son las expropiaciones de bienes de la organización Tupac Amaru.
Entre otras iniciativas, el gobernador Gerardo Morales envió un proyecto a la Legislatura jujeña por el que se declara "de utilidad pública y sujeto(s) a expropiación" cinco inmuebles individualizados de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru, que lidera Milagro Sala.
El proyecto, presentado el 24 de noviembre, tomó estado parlamentario ayer y fue aprobado en menos de 10 minutos, con un circuito legislativo irregular. La situación se dio al apaecer en el orden del día como por arte de magia, ya que el miércoles por la noche no figuraba en el orden previsto para la sesión de ayer. Es decir, tomó estado parlamentario en la sesión y fue aprobado en ese mismo momento.
Los legisladores aprobaron la ley N° 6335, que autoriza la expropiación de cinco inmuebles propiedad de la organización Tupac Amaru que, en el marco de la persecución a la organización social el Estado jujeño, ya había destinado a distintos fines.
En esos establecimientos trabajaban tupakeros en distintas líneas de acción: atención de salud, escuelas de gestión social, contención a a jubilados y canchas deportivas. La mayoría de estos trabajadores quedaron excluidos desde la asunción de Morales.
Así, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, recibió ayer dos malas noticias. Primero, la novedad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el fallo de la justicia de Jujuy en la causa conocida como "Pibes Villeros", que la condenó a 13 años de prisión. A ese fallo se sumó luego la apropiación de Morales de los inmuebles de la Tupac Amaru.
"Volvió a ganar la injusticia"
"Estoy tranquila, no me sorprende nada, volvió a ganar la injusticia", sostuvo Milagro Sala. "Me esperaba lo de la Corte porque es servil a la derecha, (los jueces han sido) puestos a dedo por el macrismo. La Corte tenía la oportunidad de demostrar que era independiente, y con el fallo confirma que responde a las grandes corporaciones", aseguró.
Por otro lado, entendió que la Corte Suprema tomó esta decisión "para justificar los horrores que está realizando Morales en la provincia. Jujuy es una de las provincias con mayor desocupación y pobreza", a pesar de que "es la provincia que más recursos recibe".
"Y esto de sacar una ley para quedarse con los edificios de la Tupac Amaru, es porque huelen que se están yendo y están tratando de justificar todas las barbaridades que hicieron contra la Tupac. Judicialmente no tienen cómo justificar todo lo que nos quitaron, sedes, escuelas. La única manera que creen es hacer una ley aprovechando que tiene mayoría en Diputados. Pero en algún momento van a tener que rendir cuentas a los compañeros que han construidos esos edificios”, agregó Sala.
“Morales salió a decir que lo de la Corte es un ejemplo de que a las organizaciones se las puede combatir y basta de planes, cuando él tiene 82 mil panes, es el mayor planero de la Argentina”, insistió.
El perfeccionamiento de la persecución
El mandatario jujeño buscó dar prolijidad a los papeles administrativos, a pesar que la cuestión de la personería jurídica de la Tupac Amaru aún no está resuelta y se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. El gobierno de Morales intervino la organización e inició un proceso para retirarle la personería jurídica, con el argumento de que existían "numerosas causas judiciales seguidas en contra" de la Tupac Amaru. Precisamente, son las causas que inició el propio Estado provincial, con lo que primero señaló a la organización y luego la cuestionó por estar señalada.
Con la intervención a la Tupac, el gobierno de Morales se hizo cargo de los inmuebles de su propiedad y los afectó al funcionamiento de distintas instituciones del Estado provincial. En marzo de 2019 inauguró en el edificio de la calle Alvear al 1152 el Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), y en 2021 puso en funcionamiento Radio Provincia en la misma sede de Alvear al 1152. El Colegio Secundario Olga Márquez de Aredez, que funcionaba en Alvear 1171 fue reconvertido a gestión estatal. Y en ese mismo edificio se abrió el Instituto de Educación Superior N° 11.
El diputado oficialista Rodolfo Nieto, que actuó como miembro informante de la expropiación, reconoció ante sus pares que “Son inmuebles muy importantes que han cumplido en su momento una función importante”, pero justificó la expropiación en que, “como decimos en la jerga popular, quedaban al aire, no había contención y si no se hacía cargo el gobierno provincial no había como recuperar esto”.
“El gobierno decidió tomar cada uno de estos inmuebles y ponerlos en funcionamiento, y hoy tenemos que poner en orden lo que es la expropiación porque figuran como inmuebles de propiedad privada. Estamos hablando de los inmuebles de la calle Alvear, donde impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social se puso el CEPAM”, sostuvo y luego detalló cada propiedad que construyó la organización social y que estaban siendo usadas hasta que la persecución del gobierno de Morales les impidió seguir con esta labor.
Solo el presidente del bloque Juntos por Jujuy- Frente de todos, Juan Cardozo Traillou, informó que no acompañarían el proyecto. En tanto que en el bloque del PJ, presidido por Rubén Rivarola, ningún legislador se opuso, ni cuestionó la expropiación, ni el tratamiento velocísimo que se le dió a la iniciativa del oficialismo.
La sesión se inició con la presencia de 38 diputados y estuvo presidida por el vicepresidente primero, Fabián Tejerina.
