Luego de una jornada cargada de tensiones dentro y fuera del recinto, la Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2023 en la madrugada del viernes y cerró uno de los capítulos fundamentales entre los que el oficialismo se había propuesto antes del cierre del año.
La hoja de ruta que guiará el cuarto año de gestión de Axel Kicillof se aprobó junto a la Ley Impositiva en una doble sesión que comenzó y terminó en la trasnoche del jueves, tras una serie de frenéticas reuniones que fueron retrasando el inicio del debate que originalmente estaba previsto para el mediodía del jueves.
El último escollo para alcanzar el objetivo de aprobar la norma había surgido cuando los intendentes opositores advirtieron que en el cálculo previsto por el Código Único de Distribución (CUD), la herramienta que termina definiendo los fondos que recibe cada uno de los 135 municipios, según los criterios coparticipables. Horas antes del inicio del debate en el recinto, desde las intendencias comandadas por Juntos por el Cambio advirtieron que la mayoría de los gobiernos locales bajo su órbita iban a percibir montos que, con el espejo inflacionario, disminuían en la comparación con el ejercicio en curso. Ese debate empantanó la discusión.
Tras varias horas de análisis técnicos en la que legisladores, intendentes y representantes del Ejecutivo provincial volvieron a sentarse en la misma mesa para intentar darle un cierre definitivo al proyecto se determinó que junto a los dineros agregados para el Fondo de Infraestructura Municipal, el Fondo de Seguridad y los extras para paliar las pérdidas por la inflación de 2022, se agregarían unos $1.500 millones para suplir el déficit que los intendentes identificaban a partir del CUD. En la negociación también se determinaron los tiempos para los desembolsos, claves en un año electoral. El 30% se enviará durante el primer trimestre, el 10% cuando las obras comiencen y el resto de los pagos se harán efectivos a contraprestación de certificados.
El Presupuesto planteado por la gestión bonaerense tiene gastos totales estipulados en 6,9 billones de pesos y prevé un déficit primario de $81 mil millones y déficit financiero de $249 mil millones. El texto, además autoriza al Ejecutivo a endeudarse por un monto que podría llegar a los $168.000 millones en moneda extranjera.
Prestando especial atención a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que la provincia define como “el principal factor de generación de empleo”, la Ley Impositiva establece, por su parte, que los Ingresos Brutos mantendrán su política de alícuota diferenciada, a través del incremento del 95% del monto máximo de facturación. En ese rubro también se incluye una exención por 12 meses a nuevos y nuevas contribuyentes del Régimen Simplificado.
En grueso de los contribuyentes experimentarán un aumento promedio del 60% en el Impuesto Inmobiliario; mientras que en el Automotor se reducirá la alícuota media a pagar, con un tope de crecimiento del gravamen de 40%.
