El día después de la protesta por el conflicto laboral de los trabajadores de Terminal Puerto Rosario que llegó a la Municipalidad -con la rotura de la puerta principal- y al Concejo, hubo diferentes repercusiones. Temprano, el secretario de gobierno local, Gustavo Zignago, indicó que se aportó información a la Justicia, que lo ocurrido se trató de un "delito contra los vecinos y vecinas de la ciudad" y cuestionó la inacción policial. El gobernador Omar Perotti apuntó a que la Justicia “marque un límite ante un accionar desmedido y desmesurado". Por su parte, el fiscal Carlos Covani, planteó que "en los próximos días se va a procesar el mosaico de fotografías para identificar a todas las personas que participaron". Más tarde, el secretario general del Supa (gremio de los portuarios que viene con el reclamo laboral desde abril), César Aybar, denunció que “hubo un grupo de personas que no forman parte del sindicato” y agregó que hubo “intencionalidad política del grupo Vicentin”, uno de los socios de la concesión de las terminales I y II del puerto de Rosario.

El conflicto con la concesionaria del muelle estatal por la falta de respuesta de la patronal al reclamo de reincorporar a 25 operarios despedidos y pagar los sueldos adeudados a 600 obreros escaló, este jueves, cuando la protesta llegó a la intendencia y al Concejo. Tras los hechos que derivaron en una denuncia y consecuente investigación judicial, Zignago, dijo que lo ocurrido “no debe quedar impune". También apuntó a que "agencias de control con poder de policía claramente no estuvieron a la altura de las circunstancias”.

El gobernador dijo que "es inaceptable lo que ocurrió. No se consigue una solución a un conflicto de esa manera. Creo que son las cosas que la sociedad necesita claramente ver que no todo es lo mismo y que hay un límite muy marcado”.

Por su parte, el fiscal Covani indicó que a quienes “entraron al edificio municipal a hacer destrozos, se les formará causa penal”. También señaló que “se están recopilando imágenes y en los próximos días vamos a procesar el mosaico de fotografías". Además, apuntó a que “la versión es que la policía en el momento, tomó la decisión de no reprimir para preservar la integridad de la gente que los rodeaba y de los propios policías. Consideraron que era menos riesgoso mantenerse al margen y documentar con imágenes. Es claro que lo que hizo la policía fue insuficiente. Vamos a exigir informes".

Más tarde, el sindicalista Aybar señaló que “lo que pasó es inentendible”. Y reiteró: "Tenemos un conflicto muy fuerte en el puerto de Rosario que conlleva dejar a los trabajadores en la calle sin un peso en el bolsillo en el mes de diciembre”, por lo que tras reclamar de manera pasiva fueron “invitados a pasar al Concejo para dialogar con la comisión de Hidrovía y ahí nos enteramos del desmadre en la Municipalidad”, por lo que desmintió que fueran los portuarios. 

“Tenemos información concreta que hubo un grupo de personas que no forma parte del sindicato y que incitó a la violencia”, se excusó de sus responsabilidades el gremialista en Radio2. Y agregó: “Había mujeres y niños, y alguien que no tiene nada que ver con nosotros prendió la mecha". 

"¿Es casualidad que hayan dejado a los trabajadores portuarios sin trabajo en esta fecha? Acá hay un desafío político por parte del grupo Vicentin al gobierno nacional y provincial”, aseguró. "Quiero ser claro, hubo intencionalidad política del grupo Vicentin para que pase lo que pasó. Nada justifica lo que pasó, eso fue gravísimo pero nada tiene que ver con nuestro gremio. Soy un hombre de la democracia y daré las explicaciones y los datos que tengo cuando me citen a declarar”.

En tanto, el fiscal Covani imputó este viernes, en libertad, al secretario adjunto de Supa de Rosario, Edgardo Belloso, por haber encabezado el corte de tránsito del pasado lunes, en Circunvalación y 27 de Febrero; y por quema de neumáticos en la puerta del edificio de Libertad al 300, donde vive Gustavo Nardelli, ejecutivo de TPR que responde a Vicentin.