Desde Lima 

Crece la represión a las protestas sociales y se debilita el recién estrenado gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y en el Congreso las diferencias no permiten el avance de las normas para el adelanto de elecciones generales, demanda central de las movilizaciones que han paralizado y conmovido al país desde hace diez días. A la fecha, los muertos por la represión llegan a veintiuno. El país ha sido militarizado y está bajo estado de emergencia. El gobierno ha endurecido su discurso y ha respaldado a las fuerzas armadas y policiales acusadas de disparar contra la población, represión que han justificado denunciando “vandalismo” en las protestas. Una postura que, sin embargo, no fue compartida por todo el Ejecutivo. La ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes en rechazo a la represión gubernamental contra las movilizaciones sociales. Renuncias que agravan la crisis en un Ejecutivo que está demostrando tanto dureza represiva como debilidad política.

Las demandas de los manifestantes

En medio de la represión y las muertes aumentan las voces que piden la renuncia de Boluarte. Es una demanda que se ha sumado a las exigencias de las movilizaciones de adelanto de elecciones -el gobierno ha propuesto adelantarlas para diciembre de 2023, lo que debe ser aprobado por el Congreso, pero se demanda una fecha más próxima- y Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución que viene de la dictadura de Alberto Fujimori. Algunos sectores también piden la libertad del expresidente Pedro Castillo, con prisión preventiva por 18 meses acusado de rebelión por intentar cerrar el Congreso, pero es una demanda con menos convocatoria que las otras. Congresistas de Perú Libre (PL), el partido que llevó a Boluarte a la vicepresidencia en la fórmula de Castillo, al que ha reemplazado después de su destitución por el Congreso, exigen la renuncia de Boluarte. También lo hacen los otros partidos de izquierda y legisladores de centro. La derecha la respalda.

Después de que Boluarte asegurara hace unos días que los militares no saldrían a las calles a enfrentar las protestas y ordenara públicamente detener la represión, pasó todo lo contrario. Su gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país, impuso el toque de queda en quince provincias, sacó a los militares de sus cuarteles y la represión se agudizó. Boluarte había dicho en declaraciones a los medios que había dado la orden de que no se usaran armas contra la población movilizada, “ni siquiera escopetas con perdigones de goma”, pero eso no se cumplió. No solamente se siguieron usando esas escopetas con perdigones de goma, sino también se han empleado armas con balas de plomo contra la población levantada en protesta.

El día más violento

El jueves, primer día del estado de emergencia en todo el país, ha sido, hasta ahora, el más violento. Ese día, en la andina región de Ayacucho, al sureste de Lima, se dio la represión más dura, con ocho muertos. En medio de un paro exigiendo elecciones generales adelantadas -como los hay en otras regiones-, una multitud pacífica marchó por el centro de la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho. Un grupo se desprendió para dirigirse al aeropuerto, según las autoridades para tomarlo, y ahí estalló la violencia. Policías y militares dispararon contra la multitud, dejando, además de los ocho muertos, más de cincuenta heridos. Los precarios servicios de salud colapsaron. Luego de lo ocurrido en el aeropuerto, indignados manifestantes incendiaron dos locales de la fiscalía en Huamanga. Se ha denunciado también que desde helicópteros se lanzaron bombas lacrimógenas a manifestantes en el centro de la ciudad.

Este viernes continuaron las protestas en Ayacucho. Una comisaría y una oficina judicial fueron atacadas. Fuerzas de seguridad volvieron a reprimir manifestantes cerca al aeropuerto. Según las autoridades de salud de la región, el 90 por ciento de los fallecidos y heridos en Ayacucho son por impactos de bala, el otro 10 por ciento por contusiones. Un dato que revela que las fuerzas de seguridad dispararon con armas de fuego.

Exclusiones y demandas no atendidas

Hartos de históricas exclusiones y demandas no atendidas y de una clase política desacreditada, en otras regiones del país también siguen las movilizaciones sociales que exigen “que se vayan todos”. Las regiones andinas son escenario de las más numerosas, pero no las únicas. En Lima también se vienen dando protestas y el centro de la capital ha sido tomado por las fuerzas de seguridad. La represión y las muertes exacerban la indignación que disparó las protestas.

Luego de las muertes en Ayacucho, el congresista de PL, Alex Flores, presentó una denuncia constitucional contra los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y del Interior, César Cervantes, por la represión.  La Defensoría del Pueblo condenó la represión y las muertes y presentó una denuncia penal para que estos hechos sean investigados. “Ha habido disparos contra estas personas. Un estado de emergencia no desprotege el derecho a la vida”, señaló la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.  El gobernador de Ayacucho, Carlos Rúa, condenó la represión y exigió la renuncia de Boluarte.

Sin embargo, legisladores de la derecha han respaldado a los dos ministros, cuestionados y el fujimorismo se lanzó contra la Defensora del Pueblo por haber presentado denunciado la violencia estatal. Las Fuerzas Armadas, por su parte, emitieron un comunicado en el que dicen haber sido atacadas, pero no mencionan a los pobladores muertos y heridos.

La derecha parlamentaria y mediática dice lamentar las muertes, pero aplaude la represión en nombre del "orden” y no culpa por estas muertes al gobierno o a las fuerzas de seguridad que dispararon contra la población, sino a las organizaciones populares que se han movilizado y a la izquierda en su conjunto por respaldar las protestas. Incluso algunos legisladores han responsabilizado al encarcelado expresidente Castillo. Desde la derecha acusan a los manifestantes de “vándalos” y “terroristas”. Una acusación que extienden a todo lo que ellos ven como progresismo. La derecha, con el apoyo e los principales medios, exige represión contra toda la izquierda culpándola por lo que llaman “una asonada contra el país”.

Justificaciones

Justificando la represión que ya ha dejado más de veinte muertos, el ministro de Defensa Otárola señaló que “estamos en un contexto de estado de emergencia y no se puede afectar el orden público, apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada en defensa del orden interno”.

“Esto tiene que parar”, coincidió la presidenta Boluarte en una ceremonia castrense, refiriéndose a las muertes durante las protestas. Apuntó contra “los actos vandálicos” pero omitió referirse a las denuncias del uso de armas por parte de militares y policías contra la población. “Condeno enérgicamente los actos vandálicos de algunos radicales usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a la movilización”, señaló, ante un auditorio uniformado en una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército, institución a la que calificó como “gloriosa”. Aseguró que “militares y policías tienen las instrucciones para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los manifestantes”. Si esa disposición realmente existe es claro que no se está cumpliendo. 

También anunció que el gobierno llamará “a las iglesias católica, cristiana y evangélica” para formar mesas de diálogo “en cada una de las regiones que se han movilizado” para dialogar “con los líderes que encabezan estas marchas, escuchar sus demandas y canalizarlas”.

En Lima y algunas otras ciudades hubo movilizaciones en apoyo a las fuerzas de seguridad, organizadas por los mismos que antes se movilizaban pidiendo un golpe contra el expresidente Castillo. A diferencia de las protestas populares, no tuvieron problemas con la represión. Participaron legisladores y otros personajes de la ultraderecha. Los principales medios que justifican la represión contra las protestas populares aplaudieron estas movilizaciones y les dieron amplia cobertura.