El juicio contra el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, y la exsecretaria municipal de Hacienda, Carmen Mendez, por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, se suspendió por orden del juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Guillermo Pereyra. 

La suspensión se dictó por pedido de la defensa del exmandatario, que indicó que falta que se realice una pericia contable y que los peritos que deben producir esta prueba solicitaron una prórroga.

El comienzo del juicio estaba previsto para el 21 de diciembre, y aún no se determinó una nueva fecha. El juez también dispuso que se mantenga la habilitación de la causa para su tramitación durante la feria judicial ordinaria de enero de 2023.

La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), sostiene la acusación contra el exintendente y la exsecretaria de Hacienda. 

El abogado Darío Palmier, defensor de Corneno junto a Gonzalo Quinteros Navarro, explicó a Salta/12 que la suspensión se debe a que durante la investigación en la etapa de instrucción "no se hizo la pericia contable respecto al dinero faltante en la municipalidad". Indicó que este análisis debe hacerse con peritos del Ministerio Público Fiscal, de la Corte de Justicia de Salta y un perito de parte de la defensa, y que estos especialistas "no han tenido tiempo" de hacer aún la pericia y han solicitado una prórroga. 

El letrado sostuvo que la producción de esa prueba puede llevar varios meses. "La pericia es en conjunto. Tienen que hacer un trabajo de campo, la cantidad de documentación es voluminosa, es una tarea difícil, los peritos solicitaron la prórroga", añadió.

La actual gestión municipal es denunciante en esta causa; un informe preliminar elevado por la municipalidad sostiene que hay un faltante de dinero. Pero el abogado del exintendente aseguró que no está determinado el monto del faltante, y por ello el juez ordenó la pericia contable. 

Cornejo está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y cuatro hechos de peculado en concurso real. 

Por su parte, Carmen Méndez, que es defendida por el abogado  Juan Valdez Aguilar, está acusada como autora también de los incumplimiento a sus deberes y peculado.

La fiscalía sostiene que Cornejo y Méndez se apropiaron de caudales públicos mientras tenían a su cargo su administración y custodia. La acusación sostiene que esto se hizo mediante el abuso del poder de Cornejo, con "el consiguiente quebranto para las arcas públicas".

La fiscala Verónica Simesen de Bielke trabajó en la investigación penal preparatoria. En noviembre de 2020 requirió la elevación a juicio contra el exintendente. Consignó entonces que el informe de la Auditoría General de la Provincia reveló la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registro contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y además, controlar la legitimidad del gasto.

El primero de los hechos de peculado por los cuales está acusado Cornejo se remite al 30 de agosto de 2018, cuando según la imputación, adquirió en beneficio personal, una camioneta Chevrolet S10, que fue abonada con fondos municipales. El vehículo se inscribió a nombre de un familiar del entonces intendente.

En el segundo hecho se señala que a los pocos días de finalizar su mandato como intendente, Cornejo sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles municipales que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos.

El tercer hecho surgió de declaraciones testimoniales y de documentación hallada en el municipio, y se relaciona con órdenes de pago de $500 que fueron entregadas en concepto de “ayuda económica” a personas sobre las que no se hizo la verificación de la existencia real de dicha necesidad. Según determinó la investigación, los testigos/beneficiarios coincidieron en mencionar que implícitamente se los persuadía para que colaborasen con el voto, tendiente a asegurar la reelección del ahora imputado. 

El cuarto hecho de peculado tiene que ver con constancias del Banco Macro que dan cuenta de que Cornejo extrajo fondos municipales a través de diversas personas, sin haberse podido determinar el destino asignado. Además, se señaló que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia.

La acusación señala que eso produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los $84.000.000. A esto se sumó que para justificar el retiro de esos fondos, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”.

Entre las pruebas existentes, la fiscalía mencionó en su momento las declaraciones testimoniales, pero también copias de los títulos cartulares que eran emitidos a la orden de Méndez y luego endosados para ser cobrados por los empleados del municipio, quienes concurrían a la sede del Banco Patagonia ubicada en la rotonda de Limache, por orden de la acusada, para traer dinero para el “doctor”, en referencia a Cornejo.

Según se determinó en la investigación fiscal, esos fondos se utilizaban para constituir plazos fijos con el fin de generar intereses y luego disponer de ese dinero que incluso fue retirado en bolsos meses antes de finalizar su mandato.