El pedido de indagatoria del fiscal federal Claudio Kishimoto hacia cinco directores y un gerente de Aguas Santafesinas por volcar diariamente al río Paraná un centenar de camiones atmosféricos en Circunvalación y Ayolas, volvió a poner en el centro del debate la falta de plantas de tratamiento de los efluentes. Así, mientras el ministerio publico fiscal federal desplegaba pruebas periciales y análisis químicos que sostienen la sospecha que "se ha contaminado de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento” y que "el emisario sur contribuye enormemente a la contaminación del río Paraná, ya que las muestras que presentaron Escherichia coli se pueden considerar como residuo peligroso", la empresa estatal niega cualquier responsabilidad. "Para llevar tranquilidad a la población que recibe estas noticias, la Empresa manifiesta que el efluente de origen cloacal dispuesto, conforme normativa aplicable y con procedimientos de control, cumple con el marco aplicable a la actividad y no resulta contaminante”.
Kishimoto quiere sentar en el banquillo a Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna, Darío Corsalini y Oscar Barrionuevo en carácter de Directores, y Gustavo Omar Actis en carácter de Gerente de Administración General, cargos ejercidos en representación de la firma Aguas Santafesinas S.A. "Toda vez que los elementos de probanza existentes en autos configuran –a criterio del suscripto- 'motivo bastante' de sospecha en los términos del art. 294 del C.P.P.N. como para presumir la comisión por parte de los nombrados y en nombre de dicha persona jurídica del hecho investigado en los presentes, consistente en haber contaminado de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350 millones de litros diarios que contaminaron el cauce del río Paraná desde la Planta de Recepción Emisario Sur, localizada en el predio de avenida Circunvalación y Ayolas de la ciudad de Rosario, donde se efectuaron descargas de camiones atmosféricos, entre al menos el 18/09/18 (fecha de la presentación de la acción de amparo) y el 15.10.2021".
En el expediente, pericias oficiales presentadas por el fiscal señalan que los efluentes mencionados presentan alto contenido de escherichia coli, considerada un residuo peligroso por ser una sustancia infecciosa “que contienen microorganismos viables o sus toxinas, agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre”. A su vez, afirma que la descarga de los efluentes líquidos realizados por ASSA “en forma deficiente y sin tratamiento alguno”, contaminan el curso del río Paraná, “poniendo en riesgo la salud pública”.
Con el impacto de la noticia, desde Aguas Santafesinas se defendieron mediante un escrito en el que aclaran que la empresa “no es parte de ninguna denuncia penal”, y por ende no conocen "sus fundamentos, la prueba instruida, ni la requisitoria del fiscal”.
“Aguas tiene intervención en una Acción de Amparo Ambiental promovida por la misma asociación denunciante, y al parecer por los mismos hechos, que tramitan ante la Justicia Federal Civil de la ciudad de Rosario”, asegura el texto.
“En la misma interviene no solo esta empresa prestadora, sino que han sido convocados y requeridos el ENRESS, la provincia de Santa Fe -como titular primario del servicio- y el Estado Nacional; asimismo se ha dado intervención para la realización de una serie de medidas al Laboratorio de Química y Microbiología del Agua de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros Organismos”.
En esa línea, Aguas destaca que “todos los requerimientos dispuestos por la justicia han sido informados en tiempo y forma, incorporando en dichas actuaciones una gran cantidad de prueba e informes técnicos, que desacreditan la posibilidad de verificar situaciones de las características como los supuestamente investigados”.
“Por lo demás -agrega el comunicado- y respecto de las acciones dispuestas por la justicia interviniente, se encuentran en cumplimiento y ejecución, desarrollando su actividad dentro de un marco regulatorio especial del servicio con parámetros de control que se cumplimentan y en ámbito del servicio que presta, resultando en consecuencia una actividad que no manipula residuos peligrosos ni contaminantes”
El comunicado continúa: “A partir del año 2019, esta gestión, tiene iniciativas -como ninguna anterior- para encarar el tema del saneamiento de las ciudades bajo jurisdicción de Aguas Santafesinas, entre ellos el proyecto de planta de tratamiento de líquidos cloacales para el norte del Gran Rosario; proyecto para el tratamiento de efluentes del Emisario Sur; proyecto de Plan Director para el saneamiento de todo el conglomerado del Gran Rosario (con aprobación del Consejo Federal de Inversiones -CFI- para su financiación)”.
En rigor, la investigación penal comenzó en 2018 tras una denuncia presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que luego se constituyó como querellante en la causa. “La falta de tratamiento en estos vertidos es inobjetable porque no existe una planta de tratamiento a pesar de que hace décadas se viene proyectando”, dijo el abogado de la querella, Fabián Maggi.
“Lo que se han encontrado son metales pesados como el níquel y también escherichia coli, ambos tipos de residuos contaminantes por encima de los parámetros legales”, detalló. “Estamos hablando de la comisión de un delito que es la infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos”, especificó.
