Veintiocho años después, la Masacre de Wilde tendrá una nueva sentencia que, se espera, sea definitiva y lo más cercana a la justicia. El emblemático caso de gatillo fácil, en que una decena de policías fusiló a cuatro personas que viajaban en auto acusándolas de delincuentes, tendrá su veredicto este mediodía aunque los fundamentos se darán a conocer días después.
Se prevé que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora integrado por Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, dé a conocer su decisión sobre los siete agentes que llegaron al juicio en libertad, tras una larga serie de fugas, irregularidades en la investigación y fallos apelados.
Los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez son los autores del hecho que ocurrió el 10 de enero de 1994. Pertenecían a la Brigada de Investigaciones de Lanús, por entonces a cargo del entonces comisario Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA.
Entre todos asesinaron con más de 250 balazos a Norberto Corbo, Edgardo Citutín, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza, quienes viajaban en dos automóviles. Dijeron haberlos “confundido” con ladrones, como si eso los hubiera habilitado para disparar esa cantidad de municiones.
El único sobreviviente del hecho fue Claudio Díaz, quien conducía el Dodge 1500 en el que viajaba Cicutín.
Las penas que pidió la Fiscalía
La fiscalía a cargo de Viviana Simón pidió la máxima pena al considerarlos "coautores penalmente responsables del delito de 'homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí".
Para Simón existió entre los imputados un "acuerdo previo para matar", ya que la prueba demuestra que "se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas", a las que emboscaron.
Calificó al hecho como "un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado" y pidió que, de ser condenados, todos ellos queden "inmediatamente detenidos". Las defensas, en tanto, pidieron la absolución de los acusados.
El largo recorrido de la causa
Entre los imputados también estaban César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, que fallecieron. Además, el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Hace veinte años, los diez habían sido detenidos y durante un cuestionado proceso de primera instancia fueron sobreseídos. La Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
La decisión fue apelada y la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó en 2013 anular los sobreseimientos y reabrir el expediente con un criterio que en su momento plantó un mojón en la jurisprudencia de ese tipo de casos. Dijo que si bien el “el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos".
Luego de una larga serie de suspensiones, la audiencia preliminar tuvo lugar hace tres años y debió ser pospuesta por la pandemia de coronavirus. Estaba prevista la declaración de más de 200 testigos, pero los que se presentaron en los Tribunales de Lomas de Zamora fueron muchos menos. Varios fallecieron y con otros se perdieron contactos.
