Página/12 en Perú

Desde Lima

En menos de dos semanas de gestión, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se parece cada vez más a un régimen autoritario cívico-militar: más de veinte muertos en la cuenta de la represión, impunidad y aplauso oficial para los represores, militares como protagonistas centrales en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, un discurso de ataques y persecución contra la izquierda y el movimiento popular -estigmatizados como “violentistas” y “terroristas”- y medios de prensa alineados con la represión militar bajo el discurso de persecución como en tempos de dictadura, marcan el tumultuoso inicio del régimen de Boluarte. Se trata de un gobierno de transición, que rápidamente ha tomado el rumbo de la militarización del país.

Las protestas estallaron cuando el siete de diciembre cayó el expresidente Pedro Castillo por su fallido intento de cerrar el Congreso y continúan a pesar del estado de emergencia y la dura represión. La demanda principal es elecciones adelantadas para “que se vayan todos”. También se pide una Asamblea Constituyente y en menor medida, la libertad de Castillo. Este lunes se reportó una nueva muerte: la cifra total subiría a 26. “Esto es una dictadura y la señora Boluarte tiene que renunciar. Hoy tenemos una nueva muerte en Arequipa y se dice que habría más muertos. Los militares tienen que regresar a sus cuarteles”, señaló el congresista del partido de izquierda Perú Libre Jaime Quito. Ante la gravedad de la situación, este martes llega al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado preocupación por lo que ocurre en el Perú.

Boluarte informó que México le ha otorgado asilo a la familia de Castillo, encarcelado con prisión preventiva de 18 meses. El ofrecimiento incluiría a la esposa de Castillo, Lilia Paredes y sus dos hijos. “Tenemos las puertas abiertas en México para el presidente del Perú, su familia y todos los que se sientan acosados, perseguidos, en Perú”, señaló este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Boluarte hizo la revelación sobre el asilo de la familia de Castillo el domingo en la noche durante una serie de entrevistas que dio a la televisión en un recorrido por cuatro programas políticos.

En esas entrevistas, en las que fue tratada con condescendencia, Boluarte volvió a defender la represión militar contra las movilizaciones populares. Dijo que las denuncias contra las fuerzas de seguridad por haber disparado contra la población se verán en el fuero militar. Esto es una puerta abierta a la impunidad y un anuncio que colisiona con las investigaciones iniciadas por la fiscalía.

Antes de cumplir dos semanas en el cargo, Boluarte reconoció que su gobierno necesita un gabinete ministerial con mayor peso político -el actual es definido como “técnico”- y anunció que con ese objetivo, este martes nombrará un nuevo jefe del gabinete. No reveló quién asumirá ese cargo. Pero señaló que habrá muy pocos cambios de ministros. Dejó entrever que además de la jefatura del gabinete, solamente habrá nuevos ministros en Educación y Cultura, cuyos titulares renunciaron hace unos días en rechazo a la represión gubernamental. La ratificación de los cuestionados ministros de Defensa y del Interior, confirmaría el apoyo del gobierno a la represión militar. El titular de Defensa, Alberto Otárola, le ha dado “respaldo incondicional” a las fuerzas armadas ante las acusaciones de disparar contra la población. Esto es un llamado a continuar con la brutal represión, contando con la seguridad de impunidad.

La congresista de izquierda Sigrid Bazán le señaló a Página/12 que “se está buscando criminalizar, bajo la modalidad de "terruqueo" -término usado en Perú para definir acusaciones falsas de terrorismo- y de intimidación, a las organizaciones sociales que están movilizadas”, y que en ese contexto se ha dado el allanamiento policial a los locales del partido de izquierda Nuevo Perú y de la histórica Confederación Campesina del Perú. En los medios de prensa se han exhibido repetidamente machetes y hondas que la policía dice haber encontrado en ese allanamiento a los 22 campesinos alojados en esos locales para participar en las movilizaciones en Lima. A partir de ese anuncio policial se ha armado una narrativa que pretende presentar a la izquierda y a las organizaciones sociales como violentas y terroristas.

“Que se diga en los medios que había armamento y propaganda subversiva, lo que es falso, es un ataque dirigido contra la izquierda. Los campesinos que fueron detenidos dicen que esos instrumentos han sido sembrados. Esos machetes parecían nuevos, yo desconfiaría de su origen. Y hay que decir que machetes como esos forman parte de la indumentaria típica de distintas comunidades campesinas. No existe ningún reporte de heridos por machetes, lo que sí hay son muertos y heridos por proyectiles de armas de fuego”, dice Bazán.

Con un país militarizado y más de veinte muertos por las protestas sociales, hay una tensa espera por lo que pueda ocurrir este martes en el Congreso cuando se debata el adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas, la principal demanda del estallido social que ha conmocionado al país. Su aprobación puede bajar las tensiones. El acuerdo está trabado por diferencias respecto a la fecha de las nuevas elecciones -la izquierda propone abril de 2023, la derecha diciembre de 2023 o abril de 2024- y por la intransigencia de la derecha que se niega a aceptar la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente.

La izquierda propone que junto con las elecciones adelantadas, haya un referéndum para que la población decida si quiere o no una Asamblea Constituyente y cambiar así la Constitución neoliberal heredada de Alberto Fujimori.

La congresista Bazán no descarta que la izquierda deje lo del referéndum constituyente para otro momento, sin renunciar a esa propuesta, para facilitar un acuerdo. “Queremos elecciones lo antes posible”.