El Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó al inspector retirado de la Policía Federal Mario Sandoval 15 años de prisión por ser coautor del secuestro y las torturas sufridas por Hernán Abriata, un estudiante de Arquitectura de la UBA y militante de la Juventud Universitaria Peronista que fue secuestrado a fines de octubre de 1976 y que desde entonces permanece desaparecido. Las partes acusadoras y de la Fiscalía habían solicitado penas de entre 20 años de prisión y prisión perpetua. En febrero se conocerán los fundamentos.

El veredicto fue leído por el presidente del TOF, Fernando Canero, a quien sus colegas Adriana Palliotti y Daniel Obligado acompañaron en el debate. Los magistrados definieron los hechos como crímenes de lesa humanidad, pero rechazaron el pedido de las querellas de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de calificarlos como delitos de genocidio. El pedido al que sí hizo lugar el TOF fue el emitido por las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el colectivo KAOS y de la AEED de que el Ministerio de Seguridad exonere a Sandoval de la fuerza policial. Familiares de Abriata y sobrevivientes de la ESMA van a seguir insistiendo en que el secuestro de Abriata fue genocidio.

Antes de oír su condena, el represor condenado se quejó del debate y dijo que él no era el Sandoval que secuestró a Abriata. Cuando oyó finalmente la pena a 15 años de encierro, se levantó de la silla en la que estaba sentado y regresó a su celda.

El camino hasta la condena

Es el sexto juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar en la ESMA. A pesar de los intentos de que Sandoval fuera enjuiciado por un universo más amplio de víctimas, ya que, cuanto menos, fue reconocido por sobrevivientes como participante de los operativos en los que fueron secuestrades, el policía de la Federal retirado que permaneció prófugo durante una década e incluso vivió camuflado en París, fue enjuiciado y condenado por un solo caso de secuestro y torturas.

Durante el debate, que comenzó a mediados de septiembre y se extendió durante tres meses, Sandoval habló bastante y se mostró poco –cada vez que apareció lo hizo cubierto con barbijo, anteojos y hasta guantes negros de látex–, oyó los testimonios en su contra desde el penal vip de Campo de Mayo, amenazó veladamente a testigos, toreó al tribunal, se quejó del juicio. Tras poco más de tres meses de audiencias, los alegatos de las partes acusatorias fueron fuertes. Para la Fiscalía, representada por Leonardo Filippini y Marcela Obetko, quedó probada su participación en el secuestro y las torturas de Abriata, por lo que pidió 20 años de prisión para Sandoval.

El mismo pedido realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La querella unificada del Centro de Estudios Legales y Sociales y el colectivo KAOS pidió 21 años de cárcel, mientras que la que representa a Patricia Walsh, Carlos Lordkipanidse y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, exigió una condena a prisión perpetua para Sandoval por considerarlo responsable del delito de genocidio.

El prontuario de Sandoval

Sandoval era subinspector y trabajaba en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal cuando se presentó como el hombre a cargo del operativo de fuerzas de seguridad que irrumpió la noche del 30 de octubre del 76 en la casa de la familia Dittmar, en el barrio porteño de Belgrano. Buscaban a Hernán Abriata, un estudiante de Arquitectura de la UBA que militaba en la Juventud Universitaria Peronista, que entonces ya no vivía allí, sino en un departamento ubicado a unas cuadras de esa casa, junto a su flamante esposa, Mónica Dittmar. La jauría de represores de la ESMA tomó de rehén a su papá, Carlos Abriata, y lo fue a buscar al departamento, donde lo encontró y lo golpeó, y de dónde se lo llevó.

Según surge del legajo de Sandoval, en noviembre del 76 -cuando Abriata ya estaba encerrado en Capuchita, dentro del centro clandestino que funcionó en la ESMA- recibió una felicitación por su participación en “procedimientos antisubversivos”. Se sabe que Abriata pasó por Capuchita por el testimonio de tres sobrevivientes –Carlos Loza, Oscar Repossi y Rodolfo Picheni; los dos primeros pudieron declarar en el debate, Picheni murió antes– que compartieron cautiverio con él. A ellos, Hernán les encargó que si salían en libertad, avisaran sobre su paso por la ESMA en la farmacia familiar.

A mediados de los 80, Sandoval dejó el país y en fines del 87 se instaló en París, Francia. Logró la ciudadanía en 1997, se especializó en Inteligencia Económica, contribuyó a fundar organismos, representó a ese país en conferencias y coloquios y fue profesor universitario. Lo denunció una década después una estudiante de La Sorbona, que lo tuvo como profesor y cuyos padres era exiliados argentinos en ese país. Nora Veiras lo denunció en PáginaI12, en 2008.

El pedido de justicia

Desde entonces, la familia de Hernán Abriata y los Dittmar, –Mónica, la viuda de Hernán, y su hermana Claudia sobre todo–, así como los sobrevivientes que compartieron cautiverio con Hernán, reclamaron sin cesar que Sandoval fuera trasladado a la Argentina, juzgado y condenado. El juez federal a cargo de la causa ESMA, Sergio Torres, pidió su captura internacional en 2012 por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad de un centenar de personas que pasaron por el chupadero de la Armada. La extradición pudo concretarse, recién, el 16 de diciembre de 2019, pero solo por el caso Abriata. Desde entonces, Sandoval ocupa una celda en la cárcel VIP de Campo de Mayo, desde donde escuchó el veredicto en su contra.

Pero antes de eso, a media mañana, Sandoval tuvo la oportunidad de abrir nuevamente la boca para decir cosas. No cumplió con el pedido que le hizo el sobreviviente de la ESMA y testigo en el debate, Carlos Loza, de que diga dónde está el cuerpo de Hernán. Sandoval se mantuvo en su negación: "No soy el inspector Sandoval que detuvo al señor Abriata".