En la vida, las desgracias impactan aunque sean esperables. Una cosa es lo que puede pasar y otra es lo que ya pasó. Lo mismo se aplica al fallo de la Corte Suprema que ordena devolver a la ciudad de Buenos Aires puntos de la coparticipación. Era esperable. Pero pasó. Pasó y afecta a millones de argentinas y argentinos, en primer lugar de la provincia de Buenos Aires por motivos de población, tamaño y distribución regresiva de la coparticipación, y en segundo lugar al resto de las provincias.

¿Por qué pasó? El abanico de respuestas es infinito. Van algunas:

*Porque la Corte viene desafiando al Poder Ejecutivo, que es unipersonal según la Constitución. O sea, viene desafiando al Presidente.

*Porque también viene toreando a la vicepresidenta, hoy consolidada como la principal dirigente del peronismo. 

*Porque a su tiempo el Gobierno no hizo ningún movimiento para cambiar la Corte (ampliándola, por ejemplo) ni dar una señal de fortaleza política a la Justicia federal. No se trata de violar la independencia de poderes. Se trata de saber cuándo es el momento de actuar con éxito. Néstor Kirchner tardó menos de 15 días entre que asumió y el momento en que, por cadena nacional, llamó al Congreso, como expresión del pueblo, a hacerle juicio político a la Corte de la mayoría automática menemista. En cambio el Presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni siquiera lograron ponerse de acuerdo, al principio de la gestión, cuando todavía dialogaban, sobre quién debía reemplazar al procurador interino Eduardo Casal.

*Porque la Corte quiere quitarle poder al Gobierno.

*Porque el Gobierno perdió poder, como lo revela que el seleccionado ni haya pisado la Casa Rosada.

*Y porque, sin el contrapeso popular, la Corte es más sensible que nunca al establishment y al macrismo.

La retórica puede producir tentaciones que no darán resultado. Por ejemplo, describir el fallo como un nuevo capítulo de la lucha entre unitarios y federales, o del interior contra Buenos Aires. Sería una visión anacrónica y además falsa. Esa Buenos Aires que se oponía al interior en el siglo XIX era la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires por capital. Algo que dejó de ser real en 1880. Pero esquivar una consigna antigua no significa desdeñar el valor del federalismo que el fallo de la Corte atropelló sin vueltas.

Es curioso. Dos miembros son de Santa Fe: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Otro, Juan Carlos Maqueda, es cordobés. El único porteño es Carlos Rosenkrantz. Tres a uno. Y los cuatro, por unanimidad, por su alineamiento ya automático automático con los poderes fácticos terminaron poniendo como algo subalterno el principio y la práctica del federalismo. De todos modos quien crea, dentro del peronismo, que el antiporteñismo puro vende, tal vez se equivoque. Las luces del centro todavía no perdieron su atractivo. en el resto del país. La discusión es de fondo: ¿cuántos recursos necesita proporcionalmente cada provincia para vivir lo más decorosamente posible? 

El cuadro revela la postergación presupuestaria de Corrientes (gobierno radical), Mendoza (gobierno radical), Tucumán, Salta y la provincia de Buenos Aires. En este último caso, la más perjudicada. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín con Alejandro Armendáriz de gobernador bonaerense, la Provincia entregó seis puntos de coparticipación que le correspondían como parte de la negociación del radicalismo con el Senado de hegemonía peronista controlado por Vicente Leónidas Saadi. Jamás los recuperó.

Tanto el gobernador Axel Kicillof como su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, insisten en que esa cesión funciona como pecado original. El 5 de diciembre último, López publicó un artículo en este diario que se titulaba “Por una vez, hablemos en serio del dinero que recibe la provincia de Buenos Aires”. Estaba acompañado por un cuadro que se reproduce aquí. Según López, “en ninguna eventualidad podría justificarse que una jurisdicción sub-nacional explique cerca del 40 por ciento de la población y reciba el 22 por ciento en el esquema de coparticipación”, como sucede hoy con la provincia de Buenos Aires. Agregaba que “no hay experiencia nacional ni internacional semejante” y decía que en España e Italia se toma como parámetro principal la población de una región, por lo cual esa variable incide en el 60 por ciento del índice de coparticipación. Y concluía López: “De esta manera, utilizando dichos criterios de distribución, la Provincia de Buenos Aires debería recibir un porcentaje más acorde a la realidad de sus necesidades: rondaría el 39 por ciento si se utilizan las leyes de Estados Unidos y México”.

El contraargumento es ramplón: “Se quejan porque Cristina quiere que Alberto le conserve las transferencias a la provincia de Buenos Aires para ganar las elecciones”.

Puede ser cierto, naturalmente, porque en política nadie quiere perder elecciones. Sin embargo, la frase no explica qué hacer, sin recursos, para solventar la infraestructura social, educativa, logística y sanitaria de una provincia con casi 18 millones de habitantes donde el Estado nacional recauda el 40 por ciento de los impuestos coparticipables de la Argentina pero no recibe ni de lejos esa cifra.

Los 135 intendentes bonaerenses avalaron la semana pasada, mediante los senadores y los diputados de sus distritos, el presupuesto 2023. Entre ellos hay radicales y del PRO. Y sucede lo mismo en legislaturas de provincias menores que Buenos Aires en población y PBI. ¿Qué harán ahora? ¿Festejarán el fallo de la Corte porque favoreció a un distrito gobernado por Juntos por el Cambio? ¿Lo harán aunque ese fallo termine perjudicando a sus representados? ¿Qué harán los gobernadores de Juntos por el Cambio? ¿Qué harán sus diputados y senadores nacionales?

La política argentina parece estar cerca del momento de los penales. A ver dónde aparecen un Montiel y un Dibu.